Las víctimas de trata necesitan del Estado

Diego Sebastián Luciani
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23 de septiembre de 2016  

El 23 de septiembre de 1913 se promulgó en nuestro país la ley 9143, llamada ley Palacios en honor al diputado que la promovió. Fue la primera ley en el mundo que procuró proteger a las víctimas de explotación sexual y penalizar a sus responsables. En ese entonces se habían instalado en el país verdaderas organizaciones mafiosas (entre ellas, los Maquereaux, la Varsovia, la Zwi Migdal) que reclutaban a las mujeres jóvenes provenientes de Europa, mediante engaños sobre puestos de trabajo. Luego las trasladaban hacia diferentes centros de explotación sexual situados en las grandes ciudades (Buenos Aires, Rosario), donde bajo amenazas y violencia eran mantenidas en situación de esclavitud.

A pesar de que han transcurrido más de 100 años de la sanción de esta norma, aún no se ha podido desterrar esta aberrante práctica que somete a la persona y aniquila derechos esenciales, como la libertad, la dignidad, la salud, entre otros.

El verdadero propósito de las redes de trata no es la explotación del ser humano, sino el fin de lucro: es un negocio que reporta significativas ganancias. Tanto es así que se ubica en el segundo lugar dentro de las actividades más redituables del crimen organizado, detrás del narcotráfico.

Una característica común de los delitos cometidos por la criminalidad organizada es que atentan contra las configuraciones sociales débiles. Los grupos criminales se sirven y abusan de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En el circuito que atañe a las drogas, el negocio se presenta en muchos casos como la única oportunidad de obtener ingresos para satisfacer las necesidades básicas. Un ejemplo es lo que sucede en Rosario, donde las organizaciones vinculadas al narcotráfico se han instalado en barrios marginales, donde reclutan niños soldados y personas en situación de fragilidad social, por sumas mínimas de dinero.

También en el caso de la trata de personas se aprovecha la vulnerabilidad. Las estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas, del Ministerio de Justicia, indican que entre abril de 2008 y agosto de 2016 se ha rescatado y/o asistido a un total de 10.286 víctimas, provenientes en su mayoría de contextos de extrema desigualdad y pobreza. Si bien su liberación es auspiciosa, nos conduce a considerar que aún existen muchas personas en la Argentina y en la región explotadas y vejadas por las organizaciones criminales.

Sin duda, la vinculación de éstas con otros grupos organizados y, principalmente, la capacidad para afectar las instituciones del Estado a través de la corrupción han permitido la continuidad y el crecimiento de la delincuencia organizada en sus distintas manifestaciones. De allí que para modificar este cuadro es necesario no sólo profundizar las investigaciones sobre grupos criminales, sino también reprimir y sancionar a los funcionarios que por acción u omisión lo permiten.

Es que la corrupción no es ajena a la criminalidad organizada. La atraviesa de manera transversal, es parte del problema. Por eso estamos obligados a mantener una lucha sincera y sin pausa contra la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción. Es necesario poner en evidencia la gravedad de los actos de corrupción, que desapoderan y despojan de recursos a los más débiles.

En nuestro país, la Asamblea del Año XIII dio sus primeros pasos para abolir definitivamente la esclavitud. Cien años después se sancionaba la primera ley contra la trata de personas, que colocó a la Argentina en la vanguardia legislativa internacional. Llegamos a nuestros días y aún hay mucho por hacer para erradicar definitivamente las diversas formas de esclavitud.

Frente al proceder del crimen organizado es necesario un Estado tanto o más organizado, que aplique de manera eficaz e inteligente las herramientas normativas a su alcance, pero que también centre su atención en los más débiles, evitando la exclusión y la desigualdad.

La celebración de los 200 de años de la independencia de nuestro país nos compromete especialmente como sociedad a contribuir al gran desafío de liberar a la humanidad de las nuevas esclavitudes.

Fiscal general, autor del libro Trata de personas y otros delitos relacionados

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