Leandro Despouy: "La Argentina necesita con urgencia un 'nunca más' de la corrupción"

-¿Cuáles son las medidas que podrían desarticular el nudo de la corrupción?

-La Argentina necesita con urgencia un "nunca más" de la corrupción. Hay que poner fin a esta epidemia institucional con un compromiso social y político que abarque a todos los sectores; resulta imprescindible que los órganos de control funcionen (por ejemplo, la Sigen, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo) y que se fortalezcan los que actualmente funcionan, como la AGN. Debemos también exigir a la Justicia que finalmente juegue en esta materia el rol que establecen la Constitución y las leyes.

-¿Qué condiciones han venido fomentando la dinámica corrupta?

-El tema de la corrupción tiene muchas dimensiones. La económica nos muestra que el desarrollo de un país se resiente en la medida en que aumentan los márgenes de corrupción. La dimensión política se aprecia con claridad cuando se confunden las fronteras entre Estado y gobierno, y este último ejecuta los fondos públicos como si fueran propios.

También hay una dimensión cultural representada en el "roban pero hacen". Existe un terreno fértil para el clientelismo, el amiguismo, los favores políticos a pequeña escala y el capitalismo de amigos. Todos estos elementos configuran una dimensión cultural de la corrupción que hizo eclosión en la década del 90 y que se ha acentuado en los últimos años. Pero está también el impacto sobre la vida de las personas. Las tragedias de Once, de Castelar, de la calle Salta en Rosario o de la localidad de Zanjitas en San Luis nos muestran que "la corrupción mata".

-¿Cómo interpreta la aprobación de la ley que regula la responsabilidad del Estado?

-Esta ley, que diluye los cimientos básicos de la responsabilidad estatal, es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. La Auditoría General de la Nación (AGN) ha verificado reiteradamente el deficiente rol de control de los entes reguladores que realiza el Estado, y esta ley deposita exclusivamente en el concesionario la responsabilidad por los perjuicios ocasionados. El principal instrumento para desincentivar la práctica de corrupción es reemplazar al Estado permisivo por otro con verdadera capacidad sancionatoria. Fíjese que en nuestro país el Estado jamás articuló una acción de recupero o resarcitoria a los concesionarios, aunque muchas veces, digamos la verdad, se comportaban como experimentados depredadores. Con esta ley se propicia una mayor desprotección ciudadana y se otorga impunidad para funcionarios de este gobierno en su etapa final.