Lecciones que vale la pena aprender

Sergio Berensztein
Sergio Berensztein PARA LA NACION
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25 de octubre de 2019  

El deterioro institucional es una de las principales causas de la decadencia secular que experimenta la Argentina. Su reversión es un desafío fundamental que tenemos como nación, y no debe admitir nuevas postergaciones. El balance de los avances logrados por este gobierno es magro; los gobiernos anteriores tienen muchísimo menos para mostrar. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos que se observan en distintos países de la región, es indudable que hemos construido, tal vez sin demasiada planificación ni consensos específicos, algunas capacidades apalancadas en mecanismos jurídicos, políticos y simbólicos que contribuyen no solo a garantizar un piso mínimo de legitimidad democrática, sino a contener o disuadir el conflicto social, de forma que se acotan las posibilidades de estallidos de violencia. Tendemos a enfatizar el vaso casi vacío. Es necesario, a la luz de las circunstancias, señalar el pequeño fragmento que está lleno.

La transparencia del proceso electoral constituye el umbral mínimo de calidad institucional para que un sistema político pueda considerarse una democracia moderna, aunque de ninguna manera la definición puede restringirse a esa dimensión. Es necesario que se garanticen otros mecanismos de participación y negociación sobre temas diversos, incluso (sobre todo) aquellos que involucran un alto impacto en términos distributivos (de poder, riqueza, etc.). En especial, es imprescindible fomentar una dinámica de debate permanente relacionada con los principales temas de interés de la ciudadanía, para que las opiniones y los matices de los actores políticos y sociales más relevantes, incluyendo las minorías, enriquezcan las propuestas de política pública y ensanchen los horizontes de transformación. Dicho esto, es imprescindible enfatizar que ninguna democracia es posible sin elecciones libres y justas.

Analizando lo que ocurre ahora en Bolivia (o lo que pasa desde hace demasiado tiempo en Venezuela ), es importante reconocer que, a pesar de todos los problemas de nuestro sistema electoral (la lista sábana, la fiscalización, la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados de provincias pequeñas en detrimento de las más pobladas, el financiamiento), desde 1983 hasta la fecha jamás enfrentamos una crisis como la que vive hoy el país vecino. Puede haber dudas, sospechas o especulaciones -como ocurrió en los días previos a las PASO de agosto, momento en que la oposición puso en duda la adjudicación del proceso de recuento de votos en las manos de la empresa Smartmatic, situación que quedó descartada por la propia naturaleza del resultado de las primarias-, pero, en términos comparativos, son notables la certidumbre y la confianza que brinda nuestro sistema electoral.

Todas las sociedades son conflictivas, en particular aquellas que experimentan procesos de cambio. Samuel Huntington nos enseñó, hace medio siglo, que puede resultar por demás ambiciosa la pretensión de mantener un cierto orden político en contextos de rápidas transformaciones económicas y sociales.

Pretender lo contrario implica negar la experiencia histórica y hasta ignorar que los conflictos permiten, además, identificar problemas que, si se resuelven con madurez e inteligencia, son útiles para mejorar y fortalecer el funcionamiento del sistema democrático. En este sentido, resulta fundamental que todos los actores sociales, en especial los más vulnerables, cuenten con la capacidad y la libertad para organizarse de forma de ser capaces de hacer públicas sus demandas y defender sus intereses. Esta lógica de la negociación requiere un proceso de aprendizaje y profesionalización que implica tiempo y recursos. No se improvisa de la noche a la mañana. En este sentido, cobran relieve la importancia del sindicalismo, los movimientos sociales, cooperativas de trabajo informal y otras instancias de mediación con inserción en los sectores más vulnerables de la Argentina. Constituyen factores fundamentales para evitar que los conflictos sociales escalen e impiden estallidos de violencia como los que observamos en estos días en Chile .

Detrás de la cordillera se acumularon en silencio muchos problemas. Por un lado, la falta de liderazgo alternativo. Lo que se veía como una sana alternancia entre los espacios de centroizquierda y de centroderecha hoy se vislumbra como un traspaso indefinido de poder entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet , sobre quien se especula que podría volver al poder. Las mismas personas, casi las mismas ideas: es el problema de los consensos si ellos implican fundamentalmente mantener el statu quo .

Es razonable entonces que el descontento social se profundice entre aquellos que no se sienten representados por estas alternativas. Un análisis más meticuloso, además, revela que la alternancia entre izquierda y derecha (en ambos casos moderadas) que Chile ha dado de manera casi regular durante los últimos años tampoco sirvió para resolver los problemas de fondo: no existen los mecanismos de movilidad social ascendente, y una vez culminado el superciclo de las commodities iniciado en los albores de este milenio -lo que llevó a que los precios de muchos de los principales insumos que exporta Chile, como el cobre, se bajaran de las nubes y llegaran a precios más razonables-, el crecimiento acelerado se detuvo y los sectores medios sintieron el cimbronazo. El resultado está a la vista: expresiones de violencia y antisistema en una sociedad que parecía destinada a protagonizar la gran gesta de convertirse en el primer país desarrollado de América Latina .

Chile implementó una serie loable de medidas propias de un país competitivo y moderno: desde la estabilidad política y económica hasta un sistema financiero sumamente robusto. Pero al no adoptar el paquete completo de una modernidad inclusiva quedó a mitad de camino: sus esfuerzos fueron necesarios para generar riqueza e integrarse en el sistema global, pero no suficientes para motorizar mecanismos de movilidad social ascendente. Las cosas no resultaron muy diferentes en Ecuador , donde unos subsidios eliminados repentinamente culminaron en una ola de reacciones similares a las del Caracazo venezolano de los 90.

En este punto, de nuevo, vale la pena rescatar la capacidad de canalizar demandas de la Argentina: no importa quién gobierne, siempre aparecen alternativas en la oposición. Ocurrió durante el kirchnerismo , cuando hubo un giro de buena parte de los ciudadanos que permitió el ascenso de Mauricio Macri . Y está sucediendo ahora, con un peronismo reunificándose para ofrecer una salida dentro del mismo sistema. ¿Es esta sumatoria -demasiado fragmentada, es cierto- de oposición, movimientos sociales y sindicatos la herramienta para dejar fluir parcialmente la energía participativa y evitar así la emergencia de movimientos violentos? ¿Vale la pena, entonces, apelar al gasto público elevadísimo que exhibe nuestro país para comprar esa paz social, y que implica una carga tributaria enorme, generación de deuda o emisión de moneda, con la consecuente inflación? Siempre se puede ser más austero, pero no solo debemos centrarnos en el costo: también es crucial analizar los potenciales beneficios, tangibles a intangibles.

El prisma chileno nos aporta una nueva mirada para entender la importancia de disponer de este conjunto de políticas que amortigüen conflictos sociales. Muchas veces se discute que el crecimiento con los niveles de gasto que maneja la Argentina es inviable. Pero los hechos recientes, tanto en Chile como en el resto de la región, nos permiten ponderar, sin bajar el tono crítico, estas herramientas imperfectas, al punto que nos invitan a definir mecanismos para mejorarlas y preservarlas, pensando en el interés general.

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