Legalidad o "vale todo"

Por Roberto R. Costa Para LA NACION

18 de junio de 2004

Trataré de explicar, brevemente, las razones que me llevaron a presentar en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley mediante el cual propongo que se reglamente el derecho de reunión consagrado en nuestra Constitución nacional.

Estas razones son de orden social, político y jurídico. Respecto de las motivaciones sociales, basta con efectuar una pequeña reseña del fenómeno piquetero en nuestro país para observar que de la simpatía social inicial se pasó al fastidio, al mal humor y a los conatos de violencia.

Recuérdense, en este sentido, los altercados ocurridos en la avenida 9 de Julio, la virtual privación de la libertad sufrida por el ministro de Trabajo de la Nación, las quejas de los comerciantes de las ciudades de La Plata y Buenos Aires y los disturbios frente a la sede de Repsol YPF, por sólo enumerar algunos ejemplos.

Una sencilla proyección de la situación pone en evidencia que los episodios violentos pueden incrementarse no sólo por la falta de respuesta del Estado a la protesta social, sino también por las disputas internas que sufren las organizaciones piqueteras.

Frente a esta situación, nos encontramos con un vacío jurídico. Este es ocasionado por la inaplicabilidad de la ley 20.120, totalmente superada por el tiempo transcurrido desde su sanción, hace ya más de treinta años.

Dejando de lado, por otra parte, la interminable discusión sobre si el derecho de reunión puede regularse desde el ámbito del Congreso de la Nación (todo derecho establecido por la Constitución es susceptible de ser reglamentado, según la opinión del reconocido constitucionalista Germán Bidart Campos), me aboqué al estudio de la legislación comparada.

Al respecto, me encontré con numerosos ejemplos, sobre todo en países con rasgos culturales compatibles con los nuestros. Mereció mi mayor atención la legislación española, sobre todo a raíz de la reforma constitucional llevada a cabo durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español.

El cuadro de situación descripto nos lleva a la imperiosa necesidad política de abordar el conflicto planteado mediante propuestas y soluciones que deben ser propiciadas por las instituciones del Estado, dado que ésa es su razón de ser. El momento exige que el Poder Ejecutivo planifique y ejecute cursos de acción que permitan paliar los justos reclamos sociales, con un horizonte futuro de eliminación de las causas que los provocan, sin hacerse el distraído cuando el desborde de unos pocos y la intolerancia de muchos contribuyen a enrarecer el clima social de la Argentina.

El Poder Ejecutivo está contribuyendo a ese enrarecimiento cuando aplica el vacío slogan de que no se debe "judicializar la protesta", sin darse cuenta de que está logrando, justamente, ese cometido, ya que los jueces y fiscales han comenzado a actuar de oficio frente al cercenamiento de derechos constitucionales.

En efecto: los grupos de manifestantes observan conductas que se encuentran tipificadas en el ordenamiento penal vigente.

Al Congreso, por su parte, le toca discutir los distintos proyectos, terminar con el vacío jurídico existente y crear un marco de protección, no sólo para los manifestantes, sino también para el resto de la sociedad. Es hora de elegir entre la legalidad y el "vale todo", entre la prevención y la pérdida de vidas y bienes, entre la protección de los derechos constitucionales (comunes a todos los habitantes de la nación argentina) y el desinterés por mantener el orden jurídico.

A ese efecto, mi propuesta pretende la más amplia posibilidad de ejercer el derecho de reunión, con las condiciones de que no se cause daño a quienes no se están manifestando, de que no se bloqueen los accesos a las ciudades y de que la ocupación del espacio público se efectúe con autorización previa. No se pueden admitir la intimidación, el ocultamiento de la identidad o la portación de armas y elementos contundentes por parte de los manifestantes.

El Gobierno ha consumido ya una cuarta parte de su período sin ensayar siquiera paliativos frente al fenómeno piquetero. En tanto, la sociedad espera que su clase política se convierta en auténtica clase dirigente.

El autor es diputado nacional por la Unión Cívica Radical

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