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Los años en los que la defensa sufrió ofensas

En Memorias políticas (Planeta), que el ex ministro Oscar Camilión lanza en los próximos días, se revisa un amplio tramo de su carrera pública desde Frondizi hasta Menem (1956-1996). El presente adelanto incluye sus relatos sobre tres temas clave de la última administración: la actuación del teniente general Balza, el caso Carrasco y Alfredo Yabrán.
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26 de marzo de 2000  

EL discurso del teniente general Balza fue precedido por dos reuniones en las que participaron el ministro del Interior, que ya era Carlos Corach, los otros jefes de Estado Mayor y el ministro de Defensa. En ellas se empezaba a analizar la necesidad de que las Fuerzas Armadas tomaran una iniciativa en lo que se podría llamar, aunque todavía no bien determinado, "autocrítica" del pasado. (...)

El ensayo autocrítico de las Fuerzas Armadas no era tampoco una novedad total. (...) La inaceptabilidad de órdenes ilegales había sido ya formulada por Balza en su contenido y aspecto político, no jurídico porque en este último sentido jamás el Código de Justicia Militar había aceptado en el pasado la obediencia debida a órdenes ilegales.

(...) La reunión a la que me refiero tuvo lugar en la Casa de Gobierno. Allí se esbozaron las líneas generales de una estrategia a seguir en manifestaciones públicas por parte de la conducción de las Fuerzas Armadas (...) por un lado se reconoció que las Fuerzas Armadas no habían obrado caprichosamente cuando enfrentaron la subversión, y por otra parte se aceptó que en nombre de la supresión de la subversión se habían practicado conductas totalmente inaceptables.

Aproximadamente quince días después de esa reunión el general Balza me entrevistó y me dijo que pensaba oportuno hacer una manifestación pública cuyas líneas generales me hizo conocer; y que pensaba hacerlo en un pronunciamiento en un programa de radio o televisión. Posteriormente me informó de que iba a hablar esa noche en el programa de Neustadt.

No me envió el texto de lo que iba a decir (...) jamás requerí de los jefes de Estado Mayor el texto que iban a pronunciar (...) pero por supuesto sí debía saber las líneas generales de lo que iban a decir. Menem no sabía nada de este discurso.

Cuando Balza pronunció su famoso discurso autocrítico se produjo inmediata conmoción, de tal forma que Menem me ubicó esa misma noche en el Teatro Colón -una de las pocas veces que lo hizo por un tema específico- y me preguntó si había oído el discurso de Balza. Le contesté que no lo había hecho, pero que sí lo conocía. Le pregunté si le había parecido mal, y me contestó que por el contrario le había parecido bien. Ahí terminó la conversación. Realmente Menem no conocía el discurso de Balza, pero (...) que el gobierno deseaba que las Fuerzas Armadas se orientaran en algo aproximadamente de ese tipo, es un dato. La forma como Balza implementó ese esquema y el grado de autonomía que tomó en adelante en sus pronunciamientos nunca fue materia de objeción por parte del gobierno, porque realmente el costo de esa autocrítica lo pagaba en todo caso Balza y el beneficio de la misma se proyectaba más allá del Ejército.

(...) Todo esto se producía dentro de un contexto de relación Fuerzas Armadas-gobierno que comenzaba a ensombrecerse con las discusiones presupuestarias.

(...) El caso Carrasco fue conocido en nivel político a partir de la información que el jefe de Estado Mayor del Ejército proporcionó al Ministerio de Defensa. Desde luego se sabía por los diarios que había habido un episodio extraño en una unidad de Zapala, pero el tema se planteó de manera brusca, irrumpiendo de un día a otro cuando el jefe de Estado Mayor me informó que había resuelto la separación de la totalidad de la planta de oficiales del grupo de Artillería de Zapala como una medida preventiva. Esta fue la reacción inmediata que tuvo el Estado Mayor antes de que se tomara otro tipo de decisiones.

El caso Carrasco se politizó de manera inmediata. Orgánicamente se intentó presentarlo como un caso de responsabilidad política: el Poder Ejecutivo era el responsable del fallecimiento de Carrasco y específicamente el Ministerio de Defensa. (...)

Cuando la cuestión adquirió relieve mayor hubo reuniones de la Comisión de Defensa, planteos periodísticos muy intensos (...) y se proyectó el tema en el ámbito parlamentario; el gobierno analizó la hipótesis de dar de baja a la totalidad de los soldados que integraban el grupo de Artillería de la guarnición Zapala. Esta hipótesis que luego fue rechazada habría producido consecuencias extremadamente graves en la medida en que el Ejército se habría sentido totalmente desautorizado.

(...) Lo que el caso Carrasco demostró fue la reserva de resentimiento contra las Fuerzas Armadas que todavía existía en un sector de la sociedad argentina. Así como la capacidad de respuesta que esa reserva de resentimiento poseía aún en sectores importantes del país, particularmente sectores de la prensa. Hubo una intensa campaña antimilitar durante los varios meses que se sucedieron al deplorable episodio, que a su manera tenía vinculación también con el replanteo de los temas de la represión ilegal (...).

La forma como eso juega dentro de la dialéctica gobierno-oposición ha planteado siempre una situación curiosa y paradójica. La curiosidad principal radica en que el Movimiento Peronista aparece de alguna manera como cómplice del gobierno militar, mientras que a su vez prácticamente la totalidad de los políticos que tienen hoy relevancia y que fueron oportunamente hostigados o detenidos durante el proceso militar son peronistas. (...) Esto crea situaciones de ambigüedad que han sido fuente de preocupación del gobierno y han contribuido a dificultar las relaciones con las Fuerzas Armadas.

Cuando me incorporé al gobierno de Menem empecé a tener referencias sobre Alfredo Yabrán, cuyo nombre hasta ese momento jamás había escuchado. (...)

Cuando me hice cargo del ministerio se me dijo que las empresas asociadas con el Ministerio de Defensa, específicamente Villalonga Furlong en las tres operadoras de los servicios de depósitos, free shop y de rampa de aviones le pertenecían a este señor. De él había básicamente una imagen vaga, no era un tema significativo de la política argentina aún, pero en el Ministerio de Defensa se formulaban las advertencias del caso porque se decía que el señor Yabrán tenía contactos íntimos con la Fuerza Aérea que se habían concretado en el montado de estas empresas.

El tema empezó a cobrar relevancia en la medida en que el gobierno ya estaba lanzado a un programa de privatización de aeropuertos. Este programa fue uno de los primeros que dio lugar a una insistente presión por parte del presidente en las reuniones de gabinete para que se lo impulsara y llevara adelante; presión en la que tenía también presencia activa el doctor Cavallo, ministro de Economía. Tanto Menem como Cavallo estaban convencidos de que la Fuerza Aérea tenía que apartarse de la conducción de los aeropuertos y que la privatización era indispensable, tanto para realizar las inversiones necesarias que requería la modernización del sistema aeroportuario argentino como para garantizar una mejor eficacia en la operación de aviones.

(...) La privatización de los aeropuertos, entre otros problemas, suscitaba qué hacer con las concesiones que se habían otorgado para el servicio de rampas, para el servicio de depósitos y para el free shop. También si convenía o no y cuál era el procedimiento adecuado para desinteresar a las compañías asociadas con la fuerza o con el Ministerio de Defensa.

En esa oportunidad conocí a Yabrán. Tuve una reunión con él -la única vez que lo vi en el curso de toda la gestión- en un encuentro que tuvo lugar creo que en junio de 1993. Fue una reunión que tuvo como objetivo el interés de Yabrán de saber si la nueva administración que yo representaba iba a continuar con la política de privatización de los aeropuertos, y en ese caso qué era lo que se pensaba hacer con las empresas. Como esto era muy al comienzo de la gestión, lo único que pude decir en esa oportunidad fue que el asunto estaba recién en estudio, que no tenía personalmente una idea clara sobre qué era lo más conveniente, y que en principio era un poco reacio a la idea de reestatizar lo que ya había sido privatizado, pero que todo iba a depender en última instancia de la política que se siguiera en materia de aeropuertos en general.

La figura de Yabrán al año siguiente comenzó a ser polémica dentro del gabinete a partir del momento de la sanción en la Cámara de Senadores del proyecto de Ley de Correos que introdujo violentamente el tema en el alto nivel gubernamental. Digo violentamente porque en la reunión de gabinete que se realizó en el curso del año 1994 el ministro Cavallo planteó en términos sumamente enérgicos su desacuerdo con el proyecto de ley que había sido sancionado en el Senado con el acuerdo entiendo que unánime del bloque justicialista y el bloque radical y alguna disidencia de algún senador del Frepaso, si es que lo había en ese momento.

Cavallo calificó al proyecto en términos sumamente duros, fue una de las sesiones realmente tensas que tuvieron lugar en el gabinete en el curso de los tres años largos en que fui ministro. El ministro de Economía embistió de manera ostensible contra el senador Eduardo Menem en la medida en que era un representante del Senado en la reunión, aunque no resultaba preciso ser un observador perspicaz para entender que buena parte del ataque estaba dirigido hacia el presidente. Las objeciones de Cavallo eran muy terminantes y yo diría que es partir de ese momento cuando el tema Yabrán se introduce como una divisoria de aguas en la política argentina. (...)

La conversación a la que me referí inicialmente en la medida en que estaba vinculada con las empresas Edcadassa, Intercargo e Interbaires, no me dejó dudas respecto de la titularidad de las mismas. No podría recordar si Yabrán manifestó los motivos por los que estaba interesado en conversar sobre la cuestión de los aeropuertos, pero parecía totalmente evidente que lo hacía como propietario de las empresas, o por lo menos como una persona vinculada de una manera absolutamente íntima con ellas. La verdad es que nadie dudaba en el Ministerio de Defensa que el verdadero titular del paquete empresario era Yabrán, sin perjuicio de que jamás se hizo presente para alguna gestión directa ni indirectamente como titular formal de las empresas mencionadas.

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