Los caminos de la reforma política

Por Rafael A. Bielsa Para La Nación
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26 de octubre de 2000  

Una encuesta del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría asevera que para el 70 por ciento de los argentinos la imagen del Senado es negativa. Otra, realizada por la consultora Equis, revela que el 38,2 por ciento considera responsables del escándalo por el supuesto pago de sobornos a los senadores del Partido Justicialista; el 27,8, a sus pares de la Alianza, y el 22,4 por ciento, al gobierno nacional.

El politicólogo Ralf Dahrendorf ha sostenido que lo que "la gente" dice en los sondeos de opinión se basa a menudo en pareceres superficiales que pueden cambiar al momento. Si las encuestas de Nueva Mayoría y de Equis ponen de manifiesto el disgusto que sienten los ciudadanos frente a los políticos, la reflexión de Dahrendorf subraya algo todavía peor: los humores circunstanciales indican un hastío y una distancia crecientes, porque la política se ha desentendido de las angustias de la población.

Por eso, es imperioso restaurar el anillo de comunicación entre gobernantes y gobernados, y una de las recetas para hacerlo consiste en no trasladar el juego político fuera de los canales institucionales, sino rediseñar las instituciones cuestionadas.

No sólo en la Argentina sino en el mundo, los poderes legislativos vienen siendo cuestionados, aunque -hay que decirlo- no exactamente por las mismas razones. Los principales temas que han sido identificados como objeto de estudio crítico van desde el origen y la formación de los cuerpos deliberativos hasta el propio funcionamiento habitual, pasando por su estructura y sus relaciones con los otros poderes del Estado.

Lo atinente al origen y la formación de los cuerpos deliberativos concierne a la cuestión de las leyes electorales, o a lo que en nuestro país se ha dado en llamar "la reforma política". Si el reproche al Congreso es que se ha desinteresado de la suerte colectiva para centrarse en sus propias canonjías y gangas, entonces hay que renovar la forma en que son elegidos sus integrantes. Con la actual legislación, ha dicho el politicólogo Guillermo O´Donnell, son sólo representantes débiles de caudillos locales. Yendo un paso más en la misma dirección, las elecciones internas abiertas no sólo deberían ser para presidente y vicepresidente, sino también para todas las demás candidaturas.

En los Estados Unidos, preocupados por el hecho de que la desigualdad de oportunidades sesgue la representatividad deseada, se han hecho perseverantes propuestas para que se limite el término durante el cual un individuo puede ser senador (es necesario tener presente que en ese país la tasa de reelección para senadores es de aproximadamente el 80 por ciento). Buscando que los candidatos sean responsables frente a los votantes, y no frente a una oficina gubernamental, se ha propuesto terminar con el financiamiento público de las campañas. Como actualización tecnológica de lo que entre nosotros se llama veda electoral, se ha prohibido que a partir de los sesenta días anteriores a las elecciones los senadores envíen a los particulares mailings de campaña por su reelección.

En cuanto a la estructura y el modo de organización, cuando en los Estados Unidos comenzó a materializarse la reforma lanzada durante la 104» Legislatura (1995), la Cámara de Diputados votó reducir un tercio del personal contratado en las distintas comisiones, eliminó tres de éstas, y veinticinco subcomisiones. Dado que el staff se había incrementado en un 1200 por ciento en relación con la cantidad de empleados con los que se contaba al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo actuado obtuvo más que eliminar una que otra comisión inoperante: concretamente, ahorró dinero. El Comité de Supervisión del Congreso pudo recortar su presupuesto en un 30 por ciento, con lo que les ahorró a los contribuyentes 67 millones de dólares anuales.

En ese mismo enero, el Congreso sancionó y el presidente promulgó una ley que aplicaba a aquél once leyes federales de cuyo cumplimiento había estado privilegiadamente exento, como el Acta de Seguridad y Salud Ocupacional y el Acta de Americanos con Discapacidad. Por primera vez en la historia, los empleados agraviados podrían llevar sus casos a la justicia federal.

En marzo del mismo año, el Comité de Supervisión aprobó la reducción en un tercio de los permisos de franqueo autorizados en 1994. Esto implica un ahorro de más de 20 millones de dólares en gastos postales anuales, al bajar el techo promedio de gasto por oficina de 163.000 a 108.000 dólares.

Por lo que respecta al funcionamiento habitual, debería reforzarse el acatamiento a la ley federal que impone a los legisladores una quita en la remuneración percibida cuando se ausentaren de su lugar de trabajo por razones ajenas a enfermedad personal o familiar. Este problema se presenta especialmente entre aquellos legisladores que se trasladan a otras agencias federales o pierden sus posibilidades de reelección. Ejemplos: en la 103» Legislatura, Craig Washington, que había sido vencido al postularse para la reelección, faltó a su trabajo durante los siguientes dos meses; Jim Slattery se ausentó cuarenta días durante su campaña para gobernador. Pagarle el salario a un senador que no asiste a su trabajo constituye un subsidio a su campaña electoral en pos de otro cargo o para mantener el que ya tiene.

Gobernantes y gobernados

Michael Maibach, que fue candidato a legislador, experimentó cómo las leyes electorales disminuyen las posibilidades de los individuos que pertenecen al sector privado. "Mientras la ley me exigía que no utilizara el tiempo de mi empleador -dijo-, los demás candidatos (14 en total y todos pertenecientes al sector público) no padecían ese contratiempo. Los contribuyentes... ¡les pagaban para que accedieran a su siguiente cargo!" Maibach llega a la conclusión de que el sistema actual deja de lado a muchos individuos valiosos que, al no ser trabajadores independientes, ricos o empleados del sector público, no pueden acceder a un cargo electivo.

El otro aspecto que debe ser pensado es la relación con la rama ejecutiva. El constitucionalista Alberto García Lema propuso la pronta creación de la Comisión Bicameral Permanente prevista en el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución. Los propósitos que inspiraron a los constituyentes fueron diseñarla como una especie de "miniparlamento" y como un ámbito de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los líderes del Congreso, para que aquél pudiese exponer el grado de prioridad que acordaba a la aprobación de ciertos proyectos de ley. La recuperación para ciertos órganos, como las comisiones, de "su noble funcionalidad" ha sido también propuesta en España como un modo de mejorar la relación democrática entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Si bien es difícil ver esta crisis como una oportunidad, es pavoroso imaginar nuestro destino como nación si se profundiza el abismo entre "la gente", los políticos y las instituciones. Tal vez el espanto sea, como en el verso de Borges, capaz de unirnos más que el amor, para que este país pueda ser tal. © La Nación

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