Los desastres pueden controlarse
El año pasado, inundaciones, terremotos y otros desastres dejaron más de 33.000 muertos y 400 millones de damnificados en todo el mundo. No son datos excepcionales. En las últimas décadas, el impacto de los desastres ha venido aumentando, y, según los expertos, estos eventos serán cada vez más intensos e imprevisibles debido al cambio climático.
A lo largo de la historia, los desastres eran considerados eventos caprichosos de la naturaleza, frente a los cuales no teníamos influencia. Sin embargo, en la actualidad toma fuerza la noción que los concibe como una consecuencia directa o indirecta de la acción humana.
Si bien los fenómenos naturales no pueden evitarse, sus efectos sí pueden ser "gestionados" a través de mejoras en la preparación y capacidad de respuesta de la comunidad. Podemos evacuar la población ante la llegada de un huracán o un tsunami, realizar obras de infraestructura que eviten inundaciones o construir viviendas antisísmicas en zonas de riesgo. Para cada tipo de evento existe una amplia gama de medidas que deben tomarse en tiempo y forma para mitigar sus efectos.
Al examinar los desastres en detalle, resulta evidente que las muertes y pérdidas sufridas tienen su origen en gestiones negligentes y no en peligros naturales. El economista Amartya Sen sostuvo que las hambrunas no suceden en gobiernos democráticos, desechando así los intentos de responsabilizar a la naturaleza -y no a la falta de planificación- por las crisis alimentarias. Varios estudios demuestran que los países desarrollados, expuestos a fenómenos similares, sufren significativamente menos muertes y daños que los países más vulnerables o menos preparados.
Este nuevo paradigma es clave porque replantea las obligaciones de los funcionarios públicos. Si los desastres son evitables, o al menos "gestionables", las autoridades deben tomar las medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En los últimos años, aumentaron los procesos judiciales contra funcionarios por negligencia en estos casos. Los científicos italianos que no anticiparon el terremoto de L'Aquila de 2015 o las autoridades chilenas que fracasaron en notificar el tsunami del año 2010 son algunos ejemplos. En el ámbito internacional, se llegó a acusar al gobierno de Myanmar de cometer un crimen de lesa humanidad por rechazar la ayuda internacional durante el ciclón Nargis, en 2008. En nuestro país, las inundaciones de 2013 en La Plata generaron un intenso debate sobre esta cuestión.
¿Estamos a salvo? Reconocer que los desastres son consecuencia de gestiones deficientes constituye el primer paso. En este sentido, varios países mejoraron sus sistemas de preparación y respuesta. En el Marco de Sendai, 187 países se comprometieron a tomar medidas concretas para reducir el riesgo de desastres. Muchos de ellos también son parte del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en el que se intenta regular el aumento de la temperatura global. Por su parte, la ONU viene trabajando en una propuesta de tratado para proteger a las víctimas de desastres, que será debatida en 2018.
El compromiso asumido por los países y la presión de la sociedad civil para que se respete su derecho a estar protegida permiten vislumbrar un escenario optimista. Pero no hay que perder de vista que el cambio climático, la migración masiva hacia zonas urbanas, las desigualdades económicas y la mala gestión pueden también inclinar la balanza en la dirección opuesta.
Doctor en Derecho Internacional y funcionario de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Nueva York
Adrián Ciancio