Los límites de un magistrado

Adrián Ventura
Adrián Ventura LA NACION
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30 de agosto de 2000  

La decisión del senador Antonio Cafiero de revelarle al juez Carlos Liporaci los nombres de tres legisladores que habrían cobrado sobornos dio a la causa una perspectiva inesperada.

En lo inmediato, Liporaci dedicará esta semana y la próxima a escuchar el testimonio de numerosos legisladores y políticos (como Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín y Alberto Flamarique), para intentar cruzar información y buscar nuevas pistas. Pero para que un juez federal pueda tener sólidas expectativas de esclarecer un caso como éste, debe contar con algo más: un firme apoyo político. Ya se vio lo que la falta de ese acompañamiento significó en los casos de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA: nunca se esclarecieron. Esta crisis, menos sangrienta pero más política, también lo necesita.

Por eso el magistrado y los políticos empiezan a vislumbrar cuáles son sus verdaderos límites.

Liporaci sabe que en sus manos tiene una brasa incandescente. Su intención de guardar bajo llave los nombres que le mencionó Cafiero persigue el objetivo de potenciar la investigación. Y no hay que descartar que, en el futuro, el fiscal Eduardo Freiler pida indagatorias. Pero Liporaci también es consciente de que los senadores que cobraron sobornos -si es que ocurrió- no son sólo "del montón", sino también de un rango intermedio (como uno de una provincia del Noroeste) e, incluso, varios de quienes ocuparon u ocupan el firmamento político durante la gestión presidencial de Carlos Menem y la actual administración.

La pregunta que, por estos días, se hace el juez, en su intimidad es: ¿hasta dónde tiene respaldo político para investigar? Y en su entorno responden que el poder central no le "da aire fresco" para abrigar alguna esperanza sólida.

Quienes conocen la intimidad de la justicia federal saben que, sin un firme apoyo político, es muy difícil llevar adelante una investigación, especialmente cuando ésta puede poner en crisis la distribución misma del poder y el sistema de financiamiento de la política. Un juez es una persona encerrada en su despacho, que sólo puede avanzar en la medida en que los organismos de inteligencia, la policía y el sistema bancario respondan rápida y fielmente a sus necesidades.

Un ejemplo basta: el juez podría estar muy bien orientado al requerir la información sobre una cuenta bancaria, pero fracasará si el BCRA olos bancos privados le retacean la información. Y cerca del magistrado dicen: "Nadie le acercó un dato útil que le permita desenredar la madeja".

* * *

Por su parte, los políticos de todos los partidos buscarán minimizar el daño que sufra su entorno. Es natural. Nadie tolera una renovación que lo pueda excluir.

Si quien pagó -si esto realmente ocurrió- está dispuesto a asumir el costo de haberlo hecho, puede arrastrar a quien cobró, incluso cuando éste prefiera callar. Pero si esto no ocurre y las dos partes callan, ninguno corre riesgo. Y la Justicia se convertirá en la convidada de piedra. El juez le comentó esta preocupación al vicepresidente carlos Alvarez y también a Augusto Alasino. Pero nadie parece querer darse por enterado.

Hoy quizás el juez sueñe con la aparición de un "arrepentido", alguien a quien prometerle la impunidad a cambio de una información completa que permita descubrir a los autores del hecho. Pero el Congreso fue prudente:cuando en marzo aprobó la ley del arrepentido, estableció que sólo es aplicable para esclarecer hechos de terrorismo. Nunca para casos de corrupción.

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