Los linchamientos y la violencia del Estado

Hay que empezar por condenar, de entrada, y sin ninguna ambigüedad, a los linchamientos . Y aceptar, además, como disparador de un debate más amplio, la definición del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni , cuando sostiene que el linchamiento que terminó con la vida de David Moreira, de 18 años, en Rosario, debe ser tipificado como un "homicidio calificado". Hay que volver a repetir que nada justifica el ataque masivo físico a una persona, cualquiera que sea el delito que haya cometido. (Me cuesta entender por qué no funcionan los frenos inhibitorios de las personas que patean la cabeza de un hombre en el piso hasta quitarle la vida.) Pero hay que detenerse en el mismo Zaffaroni, cuando, al defender su postura sobre el proyecto de ley que impulsa cambios en el Código Penal, calificó a Sergio Massa de "vendepatria" y "mentiroso". Los adjetivos que usó no son inocuos. Y, por si hace falta aclararlo, se trata de la agresión verbal de un integrante de la Corte Suprema a un diputado nacional que trabaja para ser presidente.

Poco importa que el destinatario del insulto haya sido a Massa o a cualquier otro. Del oficialismo o de la oposición. Lo que importa es que contiene, por supuesto, un alto contenido de violencia. Violencia retórica, pero violencia al fin. Como también contuvo -y contiene- violencia la estrategia política que eligió Néstor Kirchner a partir de marzo de 2008, cuando decidió confrontar con los productores del campo, el Grupo Clarín y todos los dirigentes y periodistas a los que ubicó en "la trinchera" de enfrente. Es decir: del lado de sus enemigos. Y la palabra "enemigos" no está elegida a la ligera. Así los llamaba en las reuniones privadas. Hay cientos de postales que evidencian que la cultura "guerrera" del kirchnerismo contaminó a una buena parte de la clase política y también a los medios. Una postal actual, por ejemplo, es la del senador Aníbal Fernández, cuando calificó de loca a la diputada Elisa Carrió, quien a la vez lo acusó de facilitar el trabajo de los narcotraficantes. Fernández ya la demandó ante la Justicia y pretende que pague por lo que considera una denuncia falsa. Está en su derecho. Y la querella contra la dirigente de UNEN la presentó en el marco de la ley. También es probable que la diputada tenga algún problema en probar, con certeza, que Fernández protege a los narcos. Pero, al tratar a Carrió de desequilibrada mental por televisión, lo que hace es generar más violencia, en vez de contribuir al esclarecimiento de su situación. Y bien se podría encuadrar el calificativo del ex jefe de Gabinete en la violencia (verbal) de género. La misma violencia política ejerció Fernández cuando descalificó, sin más, a quienes sostenemos, sobre la base de testimonios e informaciones de personas e instituciones calificadas, entre ellas la Iglesia, que el narcotráfico está creciendo de manera exponencial en el país. Y que la espiral de crecimiento es parecida a la que se inició en México. Y que su modus operandi se vincula con el de las organizaciones delictivas de Colombia. El problema, en este caso, es doble. Porque su manera de argumentar no sólo genera violencia e indignación. También anula la posibilidad de todo debate e intercambio de ideas y experiencias. Mientras tanto, los episodios vinculados al accionar de bandas de narcotraficantes siguen sucediendo.

El método de Aníbal no es original. Es el mismo que emplean, con mayor o menor sutileza, desde la Presidenta hasta ciertos panelistas de los programas de propaganda, pasando, por supuesto, por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. No discuten ideas. Descalifican, sin más, a los que no piensan u opinan como ellos. Y como el menosprecio baja desde la Presidencia hasta "la militancia", sus seguidores entienden que agredir, por ejemplo, a los periodistas críticos, es una acción válida y reivindicatoria, y un inteligente modo de hacer política. Es más, los "militantes" que logran incomodar o poner en un aprieto a un "enemigo reconocible" son premiados con gerencias, programas de radio o de tevé de propaganda o un puesto en la agencia Télam o en Canal 7.

La parodia de los tribunales populares contra periodistas y el escrache a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia alentado por Hebe de Bonafini también fueron actos llenos de violencia. Y nadie duda de que han sido convalidados desde la Casa Rosada. El seguimiento callejero que le hicieron a Fernando Bravo desde Tribunales hasta Radio Continental no terminó en un linchamiento porque el conductor es un hombre prudente y evitó reaccionar ante la catarata de insultos de un grupo de cobardes. Ni uno solo de ellos tuvo la cortesía de proponerle un intercambio de ideas, en vez de los insultos y las amenazas de rigor. Fueron cobardes porque se envalentonaron por la superioridad numérica, como lo hicieron los linchadores de estos días.

Parece tan tirado de los pelos justificar la agresión masiva con el argumento de que la mayoría de los golpeadores ya habían sido víctimas de violencia o robos antes, como plantear la idea de que la prensa hace "terrorismo mediático" al mostrar los casos y publicar los carteles de los vecinos que amenazan a los "rateros" con lincharlos si se meten en su barrio. Los periodistas y los medios tenemos que mostrar lo que sucede. Siempre. No estoy tan seguro de que informar sobre estas golpizas o reproducir la imagen de ese cartel de vecinos amenazantes provoque un efecto contagio. Pero tengo la certeza de que si no se ponen sobre la mesa las causas profundas del rompimiento del contrato social, los linchamientos van a seguir. Para eso habría que empezar por el principio y amigarse con el sentido común. Los que cometen delitos deben ser juzgados y condenados. Y los que linchan a los que cometen delitos, también. Lo que ayuda a alimentar toda esta locura es que, además de todo, no sean castigados. Es decir, que la ley no haya imperado ni en uno ni en otro caso. Ni para penar a los ladrones y abusadores ni para sentenciar a los que participaron de las golpizas. El problema no parece ser sólo la cantidad de años de pena que merece cada delito. El problema es que no se cumple la ley casi nunca. Ni la del Código viejo ni la del nuevo que se quiere imponer. Y esto sí explica, de manera casi determinante, por qué los linchamientos son cada vez más repetidos. Y también más crueles.

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