Los periodistas no son empleados públicos

¿Por qué el primer acto de las tiranías es imponer la censura? Precisamente para cancelar la crítica, el control y las limitaciones al poder que entrañan esas críticas y ese control. La historia de la Argentina está atravesada por ese gesto torpe y brutal que es cancelar la libertad de expresión, consagrada ampliamente por la normativa universal de los tratados internacionales de derechos humanos y por nuestra Constitución. Nuestra herencia autoritaria distorsiona ese derecho: se sabe ejercer el poder, pero no sabe gobernar con el poder de la ciudadanía.

¿Por qué la actividad periodística está tan protegida constitucionalmente? Desde 1948, cuando en su artículo 19 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre consagró como derecho que ninguna persona puede ser molestada o perseguida por la libertad del decir, toda la normativa internacional que los países democráticos han ido incorporando a sus Constituciones han profundizado esa protección. Un periodista no está obligado en los tribunales a revelar cómo consiguió la información; se derogaron los llamados delitos de prensa como el desacato y la calumnia y la injuria; la cláusula de conciencia con la que cuentan en la mayoría de los países democráticos los protege de los cambios editoriales de las empresas.

¿Por qué semejante protección? No porque los periodistas sean privilegiados, sino porque sirven a un bien superior: el derecho de las sociedades a ser informadas. De modo que la información es un derecho que los gobernantes democráticos están obligados a garantizar. La información no debe ser una mercancía, pero tampoco propaganda de los gobiernos.

Pero si el periodista no puede ser censurado previamente porque se admite la responsabilidad ulterior, debe saberse también que la única limitación a la libertad de expresión es la responsabilidad. No son las leyes las que reglamentan la ética de los periodistas, sino los códigos deontológicos que se dan a sí mismo los periodistas en el mundo democrático desarrollado. Un debate incipiente entre nosotros pero que impulsa Fopea, el principal foro de periodistas de nuestro país, y debiera ser materia de estudio en las escuelas donde se forman los periodistas.

Las organizaciones de periodistas -de las que tuve el honor de formar parte-, al igual que las de derechos humanos, fueron contrariando el miedo que había en la sociedad y ganando para todos espacios de justicia y libertad. Así, hubo organizaciones en nuestro país que consiguieron para la prensa la eliminación de la figura del desacato y los delitos de calumnias e injurias cuando las expresiones se refieren a asuntos de interés público.

En ese sentido, vale preguntarse quién se ocupa de las cuestiones de interés público, si no es la prensa. Y es ahí donde debiéramos debatir: ¿qué es de interés público, las mentiras de alcoba de un funcionario o las mentiras en lo que nos es común a todos, la política? Cuando hablamos de la prensa, debemos pensar en el valor del término y no en periodistas concretos que a veces nos molestan por lo que leemos en un diario, escuchamos en la radio o vemos por televisión. La prensa es la que actúa de mediadora entre el Estado y la ciudadanía; por eso se habla de "medios". El "cuarto poder" no se le debe adjudicar a la prensa, sino a lo que debe servir, la ciudadanía.

En nuestro país, la herencia autoritaria no erradicó la confusión entre prensa y propaganda, empresa con prensa y, lo que es más grave, equipara a un periodista con un funcionario público. Los periodistas no son empleados públicos, sino servidores del público, la ciudadanía. No son empleados del poder, sino empleados de la ciudadanía.

Hoy se nos enrostra que existe libertad de decir; sin embargo, no se reconoce como censura el hecho de que desde el poder se distribuya la publicidad oficial de manera discrecional, se niegue la información pública -inherente a una democracia transparente- y, sobre todo, perviva la concepción antidemocrática de creer que es el gobernante el que concede la palabra y no que la libertad de expresión es inherente a la condición humana. A no ser, claro, que se viva bajo una tiranía.

Si los argentinos no sabemos defender la libertad que nos corresponde por derechos constitucionales, nos terminaremos arrodillando como esclavos ante los que exhiben la fuerza porque carecen de razón. Es un momento crucial para que demostremos nuestro compromiso con la democracia, no con las personas concretas. Hoy es Clarín y LA NACION, mañana puede ser cualquier periódico que moleste al poder. Los diarios no son mercancías. Portan valores simbólicos, culturales. Portan libertad, la que deben tener los ciudadanos para decidir si leen o no esos diarios.

Vivimos un momento bisagra entre consolidar la democracia o retroceder a los casilleros del autoritarismo que recorren nuestra historia reciente, y por eso nadie puede eludir la condena a los ataques a la prensa sin correr el riesgo de tornarse cómplices de esa concepción antidemocrática que confunde prensa con propaganda, escribas del Gobierno con periodista. Quien no aprecia la libertad termina actuando como un esclavo.

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