Los políticos y el ADN

Viviana Bernath Para LA NACION
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7 de diciembre de 2009  

El Senado, finalmente, aprobó la ley que autoriza a la Justicia a ordenar la obligatoriedad de la toma de muestras biológicas a todas aquellas personas involucradas en la investigación de delitos de lesa humanidad. El debate sobre esta ley había cobrado especial relieve público porque, entre otras cuestiones, estaba en juego la identidad de los hijos de una conocida empresaria argentina.

Las pruebas de ADN son hoy una herramienta utilizada en todo el mundo. Se las emplea tanto en la resolución de casos delictivos como en la identificación de vínculos biológicos entre personas. Sin embargo, en nuestro país, la discusión no pareció haberse centrado en los beneficios que implica para la Justicia la incorporación de estas nuevas tecnologías. Lo que se observó fue una escena en la que nuestros representantes sólo aspiraban a sumar puntos para su bancada.

No lograron dejar de lado el oportunismo político. No se concentraron en trabajar, exclusivamente, para proponer, reglamentar y para ejecutar una ley que tuviera como prioridad, ante todo, las necesidades de la ciudadanía.

¿Qué debía privilegiarse? ¿El derecho a la identidad, que incluye la libertad de todos los individuos para conocer su verdadera identidad biológica, o el derecho a la intimidad que garantiza que cada uno decida si hace pública o no su privacidad?

En esta ocasión, la controversia surgió a raíz de una opción: si se reglamentaría o no la extracción de muestras de ADN a todos los sujetos sobre los que recayera la presunción de que podían ser hijos de personas desaparecidas durante la dictadura militar. Para despejar las dudas sobre su identidad biológica, el Estado los obligaría a someterse a esos estudios.

Es un hecho que desde hace más de treinta años minuciosas investigaciones supervisadas por organizaciones de derechos humanos tratan de identificar y localizar a niños, jóvenes o adultos que podrían ser hijos de desaparecidos. En todos los casos, el supuesto familiar de desaparecidos y su supuesta familia biológica necesitan corroborar o descartar el vínculo entre ellos. El único modo que tienen de hacerlo es realizando las pruebas de ADN correspondientes. Es aquí cuando, sistemáticamente, se le planteaba el dilema al supuesto hijo de desaparecidos.

La mayoría de esos hijos han vivido durante quince, veinte o más de treinta años con sus padres de crianza. Tienen con ellos un fuerte lazo afectivo. En muchos casos, saben que si se confirmara su vínculo con esa otra familia, la biológica, sus padres de crianza podrían pasar a ser considerados apropiadores. Como tales, serían castigados; incluso, podrían ir presos. En consecuencia les resulta difícil, casi imposible, tomar voluntariamente la decisión de someterse a tales análisis. Por esto, a veces, retrasaban años la decisión de presentarse a las pruebas. A partir de entonces, comenzaban a vivir una enorme incertidumbre, incertidumbre, que se les transformaba en una angustia intolerable. Diferentes medios, en repetidas oportunidades, han documentado sus declaraciones. Una las resume a todas: "No me pidan a mí que sea el responsable de que mis padres terminen en la cárcel. Que sea la Justicia la que me obligue a presentarme para las pruebas de ADN".

Esta no es la primera oportunidad en que los legisladores discutieron la preponderancia de uno u otro derecho en relación con las pruebas de ADN. Sucede lo mismo cada vez que se abordan proyectos de ley relacionados con los bancos de ADN para delincuentes.

Estos bancos resultan especialmente eficientes en la detección de sujetos reincidentes, como suelen ser los violadores. En todos estos casos, se plantea la misma disyuntiva que hoy sale a la luz con el tema de la ley de ADN para hijos de desaparecidos: ¿identidad o intimidad?

Sin dudas, es responsabilidad de todos recuperar la memoria histórica y reparar las injusticias cometidas por los gobiernos anteriores, en este caso, delitos de lesa humanidad. Delitos que, por definición, no prescriben. Pero también es responsabilidad de todos pensar cómo cuidar la seguridad de cada uno de los habitantes de nuestro territorio.

Bancos de ADN para criminales, estudios de ADN obligatorios para sujetos sospechados de ser hijos de desaparecidos: dos leyes imprescindibles. Una para cerrar el pasado; la otra, para pensar un futuro mejor.

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