Temas de la Justicia. Luces y sombras del Consejo

14 de noviembre de 2001

LA NACION

El Consejo de la Magistratura encara el final de su tercer año de gestión con un saldo de luces y sombras: se mostró cada vez más ágil para seleccionar a los jueces, pero muy remiso para promover su remoción.

El organismo comenzó a funcionar a fines de 1998 y, en sus comienzos, fue moroso para cubrir las vacantes en la Justicia. Sin embargo, durante el actual período subsanó la falla: ya remitió 38 ternas de candidatos al presidente Fernando de la Rúa y antes de fines de año enviará tres, suministrando así postulantes para cubrir un tercio de las plazas vacías.

Es notorio, no obstante, el alto número de concursantes -entre ellos, abogados y jueces de probada capacidad- que durante la sustanciación de los concursos deslizan fuertes críticas a diversas prácticas del Consejo, como la de reconsiderar las notas que asignan los tribunales examinadores a los postulantes, un mecanismo que muchas veces lleva a candidatos postergados a lugares más expectantes de la grilla.

Pero el déficit más notorio se da en el proceso de enjuiciamiento de jueces: de las 431 denuncias que recibió el Consejo desde su creación -no cabe duda de que muchas carecían de fundamentos serios-, el Consejo sólo logró que se alejaran de la función ocho jueces. Y durante todo este año, el Consejo sólo acusó a un juez, Carlos Liporaci, que también renunció. Como consecuencia directa, el jurado, un organismo que consume un presupuesto anual de más de tres millones de pesos, el año último sólo tramitó dos juicios y este año ninguno. Quizás haya llegado el momento de replantearse el funcionamiento del sistema.

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En estas últimas semanas se está decidiendo la suerte de varios casos controvertidos:

Ayer, la Comisión de Acusación, con la firma de cinco miembros -los diputados justicialistas Miguel Pichetto y Lelia Chaya; los abogados Fermín Garrote y Mario Gersenobitz y el diputado Carlos Maestro-, desestimó la denuncia que se había presentado contra la jueza de la Cámara del Trabajo María Isabel Zapatero de Ruckauf, esposa del gobernador bonaerense, por haber firmado una carta de corte propagandístico cuando, a comienzos del año, su marido regaló guardapolvos escolares. Aquéllos concluyeron que si la Corte, cuando le concedió licencia a la jueza para que ocupase la dirección del Consejo de la Familia provincial, consideró que no había incompatibilidad, no debe hacerlo la Magistratura.

En el plenario extraordinario del 21, uno de los últimos del año -en diciembre ocho legisladores cesan en sus cargos- se analizarán las denuncias pendientes contra tres jueces: el de San Isidro Roberto Marquevich; el mendocino Luis Leiva, acusado por irregularidades en la instrucción del sumario contra el banquero Raúl Moneta y de contrabando, y los integrantes de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, denunciados por irregularidades en diversos expedientes.

Todo indica que esas denuncias engrosarán las estadísticas de las que terminaron desestimadas.

Adrián Ventura

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