Martín Hevia: "El poder político debe entender que la democracia tiene reglas y hay que cumplirlas"

En una semana de alta conflictividad entre el Ejecutivo y la Justicia, el decano de Derecho de la UTDT vincula falta de institucionalidad con populismo y resta el protagonismo del Poder Judicial
Diana Fernández Irusta
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30 de noviembre de 2014  

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

La sucesión es de vértigo: el juez Claudio Bonadio dispone allanamientos en el marco de la causa que investiga la sociedad Hotesur, de la que la Presidenta es accionista. El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, lo acusa de "golpismo institucional", solicita el juicio político. Bonadio responde pidiendo las declaraciones juradas de la Presidenta, sus hijos y Lázaro Báez. Antes, Cristina Kirchner se había referido, en público, a los "caranchos judiciales", acusando al juez de poseer una firma que debía balances. Todo en apenas una semana. Una batalla entre el poder político y la Justicia que promete ponerse al rojo y que hasta hace parecer lejanos esos otros focos de tensión: las causas que afectan al vicepresidente, los conflictos en la Procuración, la Magistratura, la Corte Suprema.

"Todos los actores están colaborando con una concepción del Estado y la democracia que no es institucionalista", comenta Martín Hevia, hombre cívico hasta en la calma con la que se refiere al momento actual. Doctor por la Universidad de Toronto, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y asesor de la bicameral que trabajó con la reforma del Código Civil y Comercial, afirma: "El poder político debe entender que tenemos reglas, que implican restricciones, forman parte de la democracia liberal, y hay que cumplirlas".

Convencido de que no hay que escandalizarse ante las frecuentes denuncias de una "Justicia politizada" porque la Justicia es, al fin y al cabo, uno de los tres poderes del Estado y, como tal, tiene un papel político en nuestra organización institucional, explica: "No hay que pensar en despolitizar al Poder Judicial, sino preguntarnos qué tipo de políticas queremos. O qué tipo de política debe haber en la selección de los jueces de la Corte".

El panorama se completa con la promoción de leyes que no reciben el necesario debate o reflexión (un vértigo que ni siquiera -comenta Hevia- le permite organizar con la debida calma mesas de discusión con sus alumnos). Al respecto, y como para enmarcar el fenómeno, el académico apunta: "Hay un gobierno en retirada que busca mantener la iniciativa política con la mayoría legítima que tiene en el Congreso, con la sanción de normas que dejen una marca, con aspectos valiosos y otros controvertidos".

-¿Cómo entender la conflictividad del Ejecutivo con jueces y otros integrantes del Poder Judicial, tan endurecida estos días?

-En la Argentina, es habitual escuchar, con desánimo, que el nombramiento de los jueces de la Corte está "muy politizado". Eso es cierto. Pero lo que no se dice es que obviamente va a estar politizado, porque es la propia Constitución la que politiza la selección de los jueces de la Corte. Pone en cabeza del Poder Ejecutivo, con acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado de la Nación, el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Nosotros tenemos tres poderes, y la Corte en particular es la cabeza de uno de esos tres poderes del Estado. Es, obviamente, un tribunal que tiene un papel político en la organización institucional argentina. Entonces, no hay que pensar en despolitizar al Poder Judicial, sino preguntarnos qué tipo de políticas queremos. O qué tipo de política debe haber en la selección de los jueces de la Corte. Y ahí hay una gran responsabilidad del Poder Ejecutivo, por el tipo de candidatos que presenta.

-El reemplazante potencial de Zaffaroni, por caso.

-Zaffaroni va a tener un reemplazante. Hay una doble responsabilidad: el Poder Ejecutivo tiene que presentar un candidato idóneo. Y la oposición tiene que tomarse en serio a los candidatos idóneos presentados por el Ejecutivo. Yendo a la coyuntura: la decisión de la oposición de blindar la discusión de candidatos a la Corte Suprema por parte del Ejecutivo debe interpretarse en su mejor luz. Al menos, yo en general trato de interpretar estas cuestiones de ese modo. Y en su mejor luz, lo que la oposición está diciendo es: "No presenten un candidato como Reposo". Lo repito: la Corte Suprema es la cabeza de uno de los poderes del Estado, no hay que olvidarse de eso. ¿Se tiene que politizar? Si politizar es discutir cuál es la concepción de la propiedad privada de los jueces candidatos, me parece interesante. Y eso es política; los modos de interpretación de la Constitución implican posiciones políticas. Ahora, la otra manera de verlo es que la oposición esté queriendo decir: "No vamos a elegir a ningún candidato". Si esto fuera así, nos estaríamos perdiendo una oportunidad para mejorar las instituciones. Creo que el oficialismo y la oposición deben dar pasos en pos de mejorar la calidad institucional, y eso depende del candidato que presente el Ejecutivo y de cuán abierta esté la oposición para aceptar un candidato idóneo.

-¿Y de qué modo se lee la acusación de sedición que se hizo al grupo de senadores que se comprometió a rechazar cualquier intento del Gobierno de elegir reemplazante para Zaffaroni?

-Los senadores pueden rechazar una candidatura a la Corte, tienen derecho a hacerlo en representación de los ciudadanos. No se están armando contra la Constitución; la sedición es otra cosa. Tampoco sé si es bueno que en la Constitución esté mencionado el delito de sedición, pero eso es otra discusión. Yendo al caso que mencionás: claramente no es un caso de sedición. Y no está bien que sea visto de esa forma.

-Esta sensación, tan argentina, de que se puede decir cualquier cosa sobre cualquier investidura, ¿implica el riesgo de que se degrade el juego institucional?

-Me parece que esa falta de respeto, esto de no tomar en serio desde la investidura presidencial hasta la de los senadores, jueces o fiscales, está asociada a la tradición populista. Lo que distingue a la tradición populista es que no hay una preocupación institucional. No importan las instituciones en la medida en que se obtengan resultados que parecen justos. Y la tradición republicana se distingue por poner énfasis en que los procedimientos y las investiduras importan. Ahora, la libertad de expresión es una garantía constitucional, también. Hay que aceptar que la gente opine a favor o en contra del gobierno. Lo que no está bien es que se hagan acusaciones falsas, que un miembro del Ejecutivo diga que hay golpismo en el Poder Judicial o que un juez diga públicamente algo en contra del Ejecutivo. Porque no es sólo el Poder Ejecutivo el que se maneja así: todos los actores están colaborando a una concepción del Estado y la democracia que no es institucionalista. Pero esto es algo muy argentino?

-Justamente: lo tuvimos a Julián Álvarez acusando de golpista a Bonadio, al senador Marcelo Fuentes iniciando una causa contra el juez. Y a la Presidenta diciendo vía Twitter que tiene participación accionaria en una empresa que adeuda balances. Cuando buena parte de la ciudadanía percibe tanto a la clase política como a la judicial como muy alejadas del común de la población, ¿estas actitudes no construyen la sensación de que, en realidad, hay dos corporaciones peleando entre sí, más que velando por el bien común?

-De hecho, hay un libro que se llama La lógica de la acción colectiva, de Mancur Olson, que explica cómo a los grupos más pequeños y con intereses más concentrados les resulta más fácil proteger esos intereses. Y, a su vez, tienen motivaciones más fuertes para influenciar en ciertas decisiones. Ahora, si Bonadio hace esto por la razón que sea? yo eso no lo sé, no puedo opinar porque al expediente no lo conozco. Sí creo que todos debieran dar uno o dos pasos atrás y evitar hacer declaraciones públicas acusando al otro poder. El poder político tiene una vía para controlar al Poder Judicial, que es el juicio político. Está en la Constitución, no es un invento. Hay mecanismos para que los tres poderes se controlen entre sí. Y el ciudadano está muy lejos de eso. Yo soy republicano en el sentido de que creo que tenemos que fomentar la participación cívica en la política mucho más activamente. Es un problema pensar la política como una votación cada cuatro años.

-¿Cómo afectan la vida institucional las causas que afectan al vicepresidente y a la Presidenta?

-Antes que nada, desde el punto de vista del Derecho, hay que mencionar algo: hay un principio constitucional muy importante, que es la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que así se lo declare. Algunos grupos de la oposición no han ayudado a recordar esto. Judicialmente, es algo que hay que tener en cuenta en todas estas discusiones. ¿Boudou es culpable o no? Lo determinarán los tribunales ahora, más tarde o cuando corresponda. Si vos valorás la independencia del Poder Judicial, tenés que entender cuál es su papel. Después está la discusión política, o sea, si está bien o mal que el vicepresidente y presidente del Senado esté acusado de un caso de corrupción. Institucionalmente, es muy grave que haya sospechas acerca del vicepresidente. Lo que pasa es que el Derecho está metido en una jungla de discusiones? A principios de año, cuando se discutieron el Código Procesal Penal y el Código Penal, se puso la discusión en términos de garantistas y defensores de las víctimas. Y la verdad es que lo que los garantistas decimos es que hay que cumplir la Constitución, que incluye garantías. La inclusión de la idea de conmoción social en el proyecto de Código Procesal Penal era una violencia hacia la garantía constitucional. Lo que veo es que el derecho no está incorporado, que las instituciones constitucionales en general no son parte del discurso político. Pero tenemos que tomar conciencia de que en una concepción republicana hay restricciones acerca de lo que los ciudadanos, el Estado y los tres poderes pueden y no pueden hacer. Hay que aceptarlo para vivir en democracia.

-¿Cómo se explica el derrotero de las gestiones K, primero reivindicando una Corte Suprema independiente, luego en recurrentes conflictos con esa misma Corte?

-Se puede hacer una lectura política y una jurídica. La jurídica es que cuando en 2003 empiezan los cambios en la Corte Suprema, la sociedad los ve como positivos. Fue un paso adelante. También hay que recordar que en el medio hubo juicios políticos masivos a los integrantes de aquella Corte, algunos justificados y otros no. Porque Petracchi fue objeto de un juicio político que no tenía sentido. La Argentina tiene una tradición, que viene desde los años 30, de modificar constantemente la conformación de la Corte. Ahora hay una oportunidad de no remover masivamente a sus integrantes cuando venga el nuevo gobierno. La otra lectura es que en la cultura no institucionalista que tenemos en la Argentina el gobierno critica a la Corte cuando los fallos no le son favorables.

-¿De qué modo se podría reducir el margen de fricción entre los tres poderes?

-Primero, entender que el Derecho es una herramienta fundamental, que hay que tomarlo en serio y que implica decisiones que pueden molestar. A los poderes hay que controlarlos. Y el poder político debe entender que tenemos reglas, que implican restricciones, forman parte de la democracia liberal, y hay que cumplirlas. Pensando en la experiencia de otros países, en Canadá, en el Reino Unido y en Nueva Zelanda existe la concepción -y los mecanismos institucionales- de que hay que promover el diálogo entre los poderes para reducir las inevitables tensiones entre ellos.

-¿Qué decir del proverbial vínculo laxo entre los argentinos y la normativa?

-Hay un libro famoso de Carlos Nino, Un país al margen de la ley, que dice que es difícil que en este país alguien, aunque sea mínimamente, no quiebre la ley. Cuando hablo con mis estudiantes, les digo que el derecho está en todos lados. Si tomás un café, estás celebrando un contrato; hay derecho en las relaciones de familia, en la libertad de expresión, en las normas ambientales. Pero en la Argentina no se toma en serio el papel que tiene para promover el bienestar social, para mejorar la realidad. Y vivir pacíficamente.

Un futuro posible, según Martín Hevia. ¿Cómo modificar la percepción de que la Justicia es "lenta" y está "alejada de la gente"?

La respuesta es: descentralizar. Pienso que esta idea de que todo tiene que estar concentrado no es demasiado acertada. Cuando digo "descentralizar" me refiero a iniciativas que pueden ir desde tomar más en serio el federalismo hasta generar mecanismos descentralizadores a nivel municipal: aproximar el decision maker al ciudadano de a pie, como se suele decir actualmente. En otros términos: acercar el Estado al ciudadano. Uno podría preguntarse si la organización de los tribunales que tenemos hoy en día propende o no a facilitar que los problemas de los ciudadanos puedan ser resueltos más rápidamente. Habría que acercar las decisiones políticas a la ciudadanía y generar los mecanismos para que los ciudadanos se puedan involucrar más en la toma de decisiones. Precisamente, cuando el año pasado el Gobierno planteó los proyectos de democratización de la Justicia, muchos decíamos que eso pasaba por crear mecanismos que acercaran la Justicia a la ciudadanía. Por ejemplo, pensar otra estructura de tribunales, que permita que, para ciertos conflictos, las resoluciones sean más rápidas.

Mano a mano. Un convencido defensor de la sociedad civil

Difícil que la entrevista salga de corrido. En la oficina de Martín Hevia suena a cada rato el teléfono, pasa algún colega a saludar, se acercan alumnos a hacer consultas o, simplemente, a presentar a un amigo aún indeciso en lo vocacional, que quiere saber de qué se trata eso de estudiar leyes. Hevia, decano de la Escuela de Derecho de la UTDT, especialista en el cruce entre teoría jurídica y filosofía política, y doctor por la Universidad de Toronto (donde su tesis de posgrado obtuvo el premio Alan Marks Medal), a todos recibe, a todos saluda y reitera la frase: "Quedo a tu disposición". Se intuye que los tres años que vivió en Canadá dejaron huella en su modo de entender la vida cívica. "Los canadienses tienen una concepción muy rica de la vida comunitaria -comenta-. Todos están implicados en actividades que de un modo u otro tienen que ver con lo social: agrupaciones de defensa de la igualdad, grupos de promoción cultural... El compromiso con la vida cívica no pasa necesariamente por la discusión política." Teórico al fin, agrega: "Es la vieja idea de Alexis de Tocqueville de que en una democracia liberal la sociedad civil debe tener un papel muy importante".

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