Más justicia militante

Los ojos del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que pretende llevar adelante una nueva megacausa por delitos de lesa humanidad no están ciertamente vendados como deberían. Lo integran tres jueces subrogantes de reconocida militancia política: los doctores Alicia Noli (Tucumán), Jose María Pérez Villalobo (Córdoba) y Juan María Ramos Padilla (Capital Federal).

Indiscutidos y confesos militantes, no sólo simpatizan con las causas de los querellantes, sino que es evidente su animadversión contra los imputados. ¿De qué imparcialidad podemos estar hablando? Estos funcionarios se aprestan a impartir lo que ellos entienden peligrosamente como justicia en una megacausa que involucra hechos y personas, la mayoría ya juzgadas y condenadas en juicios previos. La novedad es que ahora dicho proceso incluye a dos ex jueces.

Son ellos Arturo Liendo y Santiago Olmedo, magistrados que actuaron en causas instruidas durante la democracia por delitos cometidos entre 1974 y 1975 por la guerrilla que operaba en Tucumán. Se determinó que el entonces juez Liendo no podía ejercer su rol por haber sido el fiscal que instruyó las causas. Por esta razón, el fiscal Olmedo, que acababa de ser ascendido, lo subrogó. Cabe recordar que Olmedo, designado por concurso, integró y presidió el tribunal que juzgó el crimen de María Soledad Morales, en Catamarca.

Estos ex jueces, ahora imputados, han sido sobreseídos ya en tres oportunidades por la Cámara Federal de Tucumán, con diversas conformaciones, siempre sobre los mismos hechos que hoy se les endilgan.

El inicio del juicio se fijó para el 22 del corriente mes. Descontando los días de la feria judicial, es palpable el atropello por la dificultad de que se resuelvan, en tan breve plazo, los recursos pendientes por sucesivas recusaciones por prejuzgamiento, así como por el temor de parcialidad planteado y no tramitado o no resuelto.

El Estado nacional debería prestar debida atención a tan importante asunto y exigir el respeto de los procedimientos y las normas que deben regir a quienes ejercen la delicada tarea de impartir justicia. No se puede admitir que tengamos tribunales blindados contra impugnaciones y actores que incurran en groserías jurídicas tales como reunirse a solas con las partes querellantes sin el conocimiento de la contraparte.

Como afirma el historiador Luis Alberto Romero en su artículo "Los juicios de «lesa humanidad»: un desafío para la justicia", "no se puede construir el Estado de Derecho sobre la injusticia y la duda".

El juicio al que hacemos alusión es el escenario propicio para el escándalo, visto y aprovechado como una ocasión de daño y ruina moral, jurídica y espiritual para la persona juzgada. Constituye una verdadera trampa cuyo único propósito es perjudicar al otro, en medio del desenfreno, del alboroto y el engaño. Sin garantías de imparcialidad y sin transparencia. El legítimo derecho a la defensa queda pisoteado. Sólo reinan la venganza, la intolerancia, el partidismo y la militancia, acompañados de actitudes propias del prejuzgamiento, teñidas de una deliberada animadversión.

En medio de este escarnio intolerable e indigno se hace necesaria la intervención de las autoridades nacionales para poner coto a estos tendenciosos procedimientos. Hay más de una situación como ésta que se repite en otras provincias. El clamor de justicia, por demás válido y atendible, mucho más cuando se invocan razones de lesa humanidad, no puede sostenerse con ardides, falsos testimonios ni jueces militantes. Los argentinos hemos de aprender a distinguir justicia de venganza. El peligro de asimilarlas ha probado sólo servir para fomentar el enfrentamiento estéril que nuestra nación necesita dejar atrás para construir su futuro.