Mayor litigiosidad por accidentes laborales

Con la sanción, en 2012, de la reforma de la ley de riesgos del trabajo, se pensó que, además de mejorar las coberturas por accidentes laborales y prevenir este tipo de siniestros, se terminaría con la llamada doble vía, que hacía que un trabajador pudiese recibir una indemnización tarifada y, posteriormente, iniciar acciones judiciales en busca de una reparación mayor. Sin embargo, de acuerdo con datos de las entidades aseguradoras, la litigiosidad no ha dejado de crecer en los últimos dos años.

Según datos de la Unión Argentina de Riesgos del Trabajo (UART), que agrupa a las empresas aseguradoras de riesgos laborales (ART), 2015 está concluyendo con unos 264.000 juicios acumulados, de los cuales unos 108.000 se iniciaron este año.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el sistema ha alcanzado su máximo histórico de expansión, en tanto cubre actualmente a 9,6 millones de trabajadores que se desempeñan para más de 1.300.000 empleadores. En los últimos ocho años, la tasa de siniestralidad registró una caída importante, merced a la consolidación de una cultura preventiva basada en el asesoramiento de las aseguradoras. Las muertes por accidentes laborales se redujeron en ese período un 40%, mientras que los accidentes comunes disminuyeron un 30%, según datos del organismo oficial.

Pero, paradójicamente, esta reducción de la siniestralidad no ha sido suficiente para disminuir la litigiosidad. Así, según la Superintendencia, si bien se producen anualmente unas 60.000 incapacidades permanentes o muertes en siniestros laborales, se estima que hay alrededor del doble de nuevas demandas por esos conceptos contra las ART.

La razón puede buscarse en la subsistencia de una industria del juicio, que siempre ha existido. Concretamente, en el gran incentivo que para no pocos abogados supone estimular a los trabajadores para generar demandas por mayores reparaciones económicas que las fijadas por la ley. Sin embargo, es más factible hallar la causa de fondo del problema en la gran diversidad de criterios que han exhibido los jueces a la hora de la aplicación de la norma legal.

Tanto representantes de la cámara que reúne a las aseguradoras de riesgos del trabajo como el hasta hace poco superintendente del área, Juan González Gaviola, han coincidido en que un trabajador, a igualdad de lesión e igualdad de circunstancia, puede recibir una indemnización diez veces mayor que otro según el juzgado en el que caiga su caso.

La judicialización, en muchas ocasiones, deriva en indemnizaciones impagables que pueden terminar en situaciones de insolvencia, con graves consecuencias para las empresas y sus fuentes de trabajo.

Sería conveniente un ordenamiento de criterios en el Poder Judicial frente a este problema, de manera que las sentencias se ajusten a los parámetros establecidos en el baremo de medición de incapacidades y en el sistema de actualización de las sumas fijas indemnizatorias determinados en la ley.