Con el impuesto inflacionario solamente gana el Gobierno

Martín Lousteau
Martín Lousteau PARA LA NACION
Con ella todos los argentinos son forzados a pagar una obligación que puede pasar desapercibida para la política tributaria pero no para el poder adquisitivo
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16 de mayo de 2012  • 10:42

Son varios los gobernadores e intendentes de peso que corcovean descontentos. No sólo les molesta la falta de interlocutores autorizados a nivel de la administración nacional o el repetido destrato que padecen. También l es preocupan sus respectivas situaciones fiscales, que se deterioran con el correr de los meses. Pareciera que, a la hora de administrar, de muy poco sirvieron las experiencias de fiscos quebrados en otros tiempos.

Sin embargo, en esta oportunidad existen elementos adicionales para que esa situación se repita. Está claro que con los recursos -ya sea propios o transferidos- abundantes de estos años muchos, gobiernos locales se embarcaron en gastos de baja productividad. Pero esa dilapidación acumulada se ha visto sustancialmente agravada por la continua y creciente concentración de ingresos en manos del Gobierno Nacional.

La recaudación general ha aumentado sostenidamente en términos reales desde 2003. Pero en los primeros años, el incremento de precios internacionales y las sucesivas subas de alícuotas hicieron que dentro de las rentas totales cobraran cada vez más peso los impuestos a las exportaciones, que prácticamente no se comparten con las provincias .

Está claro que con los recursos abundantes de estos años, muchos gobiernos locales se embarcaron en gastos de baja productividad
Más llamativo es el caso de los fondos de Anses. Con la creación de las AFJP en 1994, el sistema previsional sufrió un fuerte y súbito desfinanciamiento. El mismo fue compensado mediante ingresos que correspondían a las provincias y que éstas cedieron (15% de la masa coparticipable, 10,3% de IVA, 20% de Ganancias, entre otros). Lo curioso es que cuando el sistema pasó primero a tener superávit y luego incorporó más recursos con la estatización de las AFJP , aquellas contribuciones provinciales para con ANSES continuaron. El gobierno nacional se quedó así con una entidad cuyo resultado acumulado entre 2009 y 2011 alcanzó US$ 13.500 millones, y ha aprovechado esa masa de dinero para financiar las necesidades del Tesoro a tasas artificialmente bajas. Se da así una extraña situación en la que las provincias ceden dinero que les corresponde para luego peregrinar individualmente a la Casa Rosada y solicitar alguna asistencia u obra pública. Y si a estos ingresos tan livianamente entregados se les suma la pérdida de participación relativa del total de las provincias en el reparto debido a la existencia de las retenciones y el impuesto al cheque, el monto extraordinario del que goza anualmente la administración central alcanza los $40.000 millones, lo que duplica el déficit provincial.

Pero ni siquiera el fenomenal aumento de la recaudación y la concentración de fondos, que han hecho que este sea el gobierno con mayores recursos de la historia de nuestro país, ha servido para evitar problemas fiscales a nivel nacional. Los claros desmanejos en materia de gasto -por ejemplo los subsidios que el Poder Ejecutivo no sabe a estas alturas cómo resolver a pesar de los anuncios realizados- han llevado a la administración de CFK a recurrir una y otras vez a la apropiación de nuevas fuentes de financiamiento "extraordinarias". La utilización de las reservas del BCRA es un caso, replicado y ampliado hace unos meses por la reforma de la Carta Orgánica de dicha institución, que duplica el margen por el cual el Banco puede conceder -vía emisión monetaria- adelantos transitorios al Tesoro. Para el año en curso esto representa un potencial de financiamiento adicional por $ 54.000 millones, lo que llevará los recursos que el Banco Central puede facilitar al PEN a la friolera de... ¡115.000 millones de pesos!

Ni el fenomenal aumento de la recaudación y la concentración de fondos ha servido para evitar problemas fiscales a nivel nacional
Obviamente, esto alimentará más aún la inflación. Con ella, todos los argentinos son forzados a pagar una obligación que puede pasar desapercibida para la política tributaria pero no para el poder adquisitivo: el impuesto inflacionario . El mismo consiste en la pérdida de valor de los pesos que todos tenemos en nuestros bolsillos como consecuencia de la suba de precios: así como cuando uno paga otros impuestos se le reducen sus ingresos disponibles para el consumo, lo mismo pasa con la inflación. El único que gana con ella es el gobierno nacional, que cada año recauda más por la escalada en precios y emite también por ese motivo más billetes que termina colocándonos. Por esta vía, el PEN se hizo en 2011 de recursos equivalentes al 2% del PBI, y todo indica que su aporte será este año un 40% mayor. De más está decir que estos fondos también son apropiados por el gobierno nacional. Total y disimuladamente.

Esta tendencia encierra una gran paradoja. La debilidad de la economía y de las finanzas públicas nacionales deberían propender a mayor apertura política y un renovado equilibrio entre los distintos actores. Pero en la medida en que para hacer frente a su voracidad de fondos, el PEN hurga en lugares menos convencionales y se queda con la totalidad de lo producido, se torna más fuerte frente a las provincias y los municipios. Es cierto que se trata de una comparación de fragilidades relativas. Pero aún así basta para que gobernadores e intendentes se encuentren crecientemente sometidos y les cueste cada vez más decir lo que realmente piensan.

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