Multas por verificación fotográfica

Según anunciaron las autoridades locales, ayer volvió a ser puesto en vigencia el controvertido sistema de verificación de las infracciones de tránsito mediante la utilización de fotografías. Recurso que, es previsible, volverá a provocar situaciones conflictivas.Su renovada práctica, en efecto, aún sigue dando pie a las críticas adversas de los bloques opositores de la Legislatura porteña y, también, a fundamentadas objeciones provenientes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Está fuera de discusión, es obvio, la necesidad de endurecer los correctivos aplicables a quienes infringen las reglamentaciones viales. El cúmulo de indisciplinas y negligencias que todos los días, sin excepción, son perpetradas en las avenidas y las calles de la metrópoli determina que el tránsito se encuentre en estado calamitoso y es causa de numerosos accidentes que, con frecuencia creciente, acarrean un lamentable saldo de muertos, heridos, discapacidades físicas temporales o permanentes, cuantiosos daños y pérdidas materiales, etcétera.

Queda en claro, pues, que no está en tela de juicio el fondo de esa alarmante cuestión, sino la modalidad por la cual se ha optado para que el control de las infracciones llegue a ser riguroso y eficiente.

Va de suyo que ninguna infracción –ni tan siquiera las más graves– podría ser sancionada sobre la base de meras sospechas y sin que la comisión de la falta hubiese sido verificada en forma fehaciente. Los recursos aportados por la moderna tecnología inspiraron, entonces, el establecimiento del sistema de verificación fotográfica de las infracciones, otorgado en concesión a una empresa privada, a la cual se le encomendó registrar, mediante cámaras ocultas, los excesos de velocidad en las autopistas y las principales avenidas, al igual que la violación de las normas que prohiben el estacionamiento en determinados sitios. Las alternativas de primera etapa del nuevo sistema depararon entredichos de diversa índole. Boletas en mano – provistas, por supuesto, de la correspondiente fotografía– numerosos presuntos infractores demostraron que la supuesta falta no era tal o que incluía datos erróneos y que les impedía ejecer su legítimo derecho de defensa. Los jueces, a su turno, decidieron rechazarlas y suspender el pago de las multas. Por fin, en medio de encendidas discusiones, las autoridades dispusieron postergar por 60 días los efectos de tan opinables comprobaciones.

Ahora se ha anunciado que todos esos inconvenientes quedaron salvados y que, incluso, cada vehículo portador de las cámaras será acompañado por un agente de policía para que éste verifique la existencia de la infracción.

No parecen estar de acuerdo con ese criterio los legisladores. Para algunos, el sistema no ha sido instrumentado en forma correcta; para otros, no tiene carácter preventivo, sino meramente recaudador, opinión con la cual coincide la Defensoría del Pueblo, cuya titular, Alicia Oliveira, ha vuelto a instar al jefe del Gobierno a que suspenda "la reimplementación del control fotográfico inteligente".

En realidad, mientras la aplicación de este sistema carezca de la realización en paralelo de una sostenida campaña de educación vial, destinada a formar conciencia de que las reglamentaciones deben ser respetadas por el bien de toda la comunidad, las capturas fotográficas, por confiables que fueren, seguirán dando señales de que su finalidad primordial es eminentemente práctica. Y si sólo son utilizadas como medio de captar cuantiosos importes por el pago de multas, el tránsito porteño seguirá siendo un caos, la mayor parte de los conductores continuará ignorando las reglamentaciones y, para colmo de males, otros miles de inocentes perderán sus vidas en accidentes viales.