Navegando mal el energo-crunch

La restricción externa que muerde en la Argentina desde Noviembre de 2011 ha provocado un cambio drástico en el manejo de la economía llevando a control manual a las importaciones, cerrando el mercado de cambios y prohibiendo -de facto- el giro de utilidades y dividendos. Y ha traído, de regalo, consecuencias nada buenas sobre las relaciones económicas internacionales. Esta nueva macro ha hecho "incompleto" el contrato (diseñado por Néstor Kirchner) de ingreso del grupo Petersen a YPF, ya que imposibilita el giro de utilidades que era parte central de ese acuerdo. Ahora hay que adaptar ese acuerdo al estado de la macroeconomía, que es la que dicta en gran parte lo que estamos viendo. Pero ni la nueva macro ni la revaloración de la soberanía, a pesar de ser razones de peso, aparecen en la superficie del discurso que llevan al Gobierno a plantear un take-over de YPF.

La explicación "oficial" del energo-crunch siempre ha sido muy consistente con el discurso político. Tanto, como también resulta ser falsa o incompleta frente a un análisis riguroso de los datos y la historia

La justificación viene más bien de la mano del energo-crunch que la Argentina ha venido sufriendo desde 2004. Este se define como una caída de la oferta doméstica de energía que no puede acompañar una demanda muy dinámica, exacerbada por subsidios descomunales y años de populismo energético. El energo-crunch tiene un doble peso sobre la macroeconomía: A comienzos de 2012 y, respecto del año de origen, debilita en casi 3% del PIB, respectivamente, a la posición fiscal y a la posición externa de la economía argentina. Y lo peor es que la dinámica es creciente si, para el problema fiscal, no se reducen los subsidios y, para el problema externo, no se recupera la producción doméstica de energía, pero especialmente la de gas natural.

La explicación "oficial" del energo-crunch siempre ha sido muy consistente con el discurso político. Tanto, como también resulta ser falsa o incompleta frente a un análisis riguroso de los datos y la historia. Se basa en la tautología de que la caída de la producción se debe a que las empresas no realizaron las inversiones para que la producción doméstica acompañe la demanda. El problema es que las inversiones que deberían hacerse en el caso argentino son en tecnologías nuevas que demandan mucho capital, a precios más altos, y en condiciones de mercado en donde no exista una intervención directa que redirecciona la energía a segmentos subsidiados a precios incompatibles con los anteriores. Y la política oficial argentina ha hecho todo lo posible para que estas condiciones no se cumplan. Es decir es la única responsable de que el energo-crunch se haya transformado en una trampa perfecta, con consecuencias macroeconómicas.

Es decir que el energo-crunch está doblemente ligado a la macroeconomía política argentina

En suma, la asociación tautológica entre caída de la producción e inversiones insuficientes (con YPF a la cabeza) es ahora el argumento natural de la Argentina para exculpar a su política energética, esconder las motivaciones macroeconómicas de controlar la remesa de utilidades y de paso lucrar políticamente evocando al nacionalismo económico. No importa que existan trabajos técnicos publicados que pongan en duda que lo que estamos viendo se explique por la desidia inversora de una o unas pocas empresas. Ni que tampoco se haya señalado, de modo claro, que el problema (tanto fiscal como externo) de la Argentina está esencialmente en la producción de gas natural. Las provincias productoras de hidrocarburos, a las cuales vemos ahora sucumbir peligrosamente para su futuro al diagnóstico erróneo de una política del Estado Nacional en donde ellas fueron víctimas, reclaman lógicamente algo "objetivo" que es la estabilización de la producción de áreas que en su mayoría son fundamentalmente petroleras, no gasíferas.

Es decir que el energo-crunch está doblemente ligado a la macroeconomía política argentina. Ha sido un elemento de erosión de los cómodos márgenes fiscales y externos de la Argentina con posterioridad a 2003. Y ahora es la excusa para la validación del avance en el control estatal de YPF. Existen pocos casos en la historia económica moderna de la Argentina (la reforma a la carta orgánica del BCRA es otro caso muy reciente) en donde una política tan equivocada pueda usarse de excusa y genere beneficios políticos de corto plazo. Lo cual es un problema demasiado grave para un país que, mientras tanto, disfruta sin darse cuenta del daño que se está haciendo. Porque resulta obvio que existen dos grandes frentes abiertos por la estrategia oficial en curso. El primero se vincula con el síndrome del default comercial-contractual con que la Argentina es ahora señalada con el índice por el resto del mundo. El segundo es interno y se vincula con la posibilidad concreta que la reorganización de YPF y las quitas de áreas concesionadas que han hecho las provincias lleve a una reversión de la caída de la producción de energía, fundamentalmente de gas natural. Ambos frentes auguran una película muy complicada para el desempeño económico y de la política exterior del país.

Fernando Navajas