Nicolás Maduro desangra a Venezuela

Desde el 6 de abril, hace más de dos meses, los enfrentamientos callejeros venezolanos entre quienes protestan contra el gobierno y las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro se han sucedido ininterrumpidamente y generado nada menos que 75 muertos. La enorme mayoría de esas muertes han sido atribuidas a efectivos de la llamada Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de las distintas policías regionales o de los “colectivos” (esto es, de los “grupos de choque” -armados e irregulares- de Nicolás Maduro). Todos ellos actúan en un marco de gran impunidad. Hay, además, unas 15.000 personas heridas, en lo que luce como una larga batalla campal.

Ocurre que las fuerzas de seguridad que responden a Nicolás Maduro han desatado una ola de dura represión con la que Maduro procura sobrevivir a las constantes repulsas de su sufrido pueblo. Como consecuencia de ella, a los aludidos muertos cabe asimismo sumar más de 1300 heridos.

A lo que también se agrega que 3106 venezolanos han sido detenidos por disentir o protestar públicamente y que centenares de personas están siendo ahora juzgados en los tribunales militares. Y todos recordamos aquello de que la justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música. Más del 80% de los detenidos son jóvenes; el 60% son estudiantes; el 23% mujeres; y el 14,5% menores de edad.

Todo ello conforma un cuadro realmente patético, que refleja la desoladora realidad venezolana. Que aparentemente no tiene visos de cambiar en el corto plazo, sino más bien de profundizarse.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sintetiza –dolorosamente- lo que ocurre en Venezuela como “una guerra civil de fuerzas represivas del Estado, ejecutada contra personas desarmadas”.

¿Cuál es la respuesta política de Nicolás Maduro a las permanentes protestas populares? La de convocar a una Asamblea Constituyente, que será dominada por sus correligionarios, para estructurar así una nueva Constitución para Venezuela. A su medida. Con una estructura no democrática, edificada sobre las llamadas “comunas”, como forma de evitar que las urnas decidan el camino a seguir.

Con lo que pretende legalizar, a su entero gusto y paladar, su reconocido autoritarismo. Para siempre, cree. Así como poder eternizarse en el poder. Como sucede en Cuba. La mañosa elección de los “constituyentes” será, a estar a los anuncios, el próximo 30 de julio.

El texto de la nueva Carta Magna ya se está elaborando, con asesoramiento cubano. De esa manera, según Maduro, se “restablecerá la paz” en Venezuela.

Lo cierto es que ese texto es, en todo caso, el perverso diseño de la prisión en la que Nicolás Maduro pretende encerrar a sus conciudadanos, despojándolos de la libertad. De allí la continuidad e intensificación de las protestas populares, como respuesta.

Por esto aparentemente la oposición podría llamar a sus integrantes a no participar en la referida elección de constituyentes, lo que sería un error que permitiría a Nicolás Maduro salirse con la suya, formalmente al menos. Parecido al cometido en el 2005, cuando una abstención similar en las elecciones parlamentarias venezolanas, de pronto permitió a Hugo Chávez hacerse del control absoluto del Poder Legislativo.

Si el presidente venezolano logra hacer aprobar una nueva Constitución, podrá desligarse de algunos de sus propios funcionarios que, como sucede con la Fiscal de Estado, Luisa Ortega Díaz, ya han tomado distancia de su gobierno y están impugnando judicialmente (de nulidad) a la reforma constitucional que se procura consumar. Lo que obviamente es una suerte de loca utopía, desde que la justicia venezolana, y muy particularmente sus más altos tribunales, no son independientes, sino meros agentes lamentablemente adictos a Maduro.

Ex jueces y ex fiscales, acompañados por líderes políticos de la oposición, intentaron sumarse a la mencionada acción de nulidad. Pero no pudieron hacerlo, porque el Tribunal Supremo de Justicia cerró físicamente sus puertas y solicitó un cinturón militar de protección para de ese modo impedir el acceso de quienes tenían esa pretensión. Para luego, rápidamente, denegarla.

Una encuesta reciente muestra que un 85% de los venezolanos se oponen abiertamente a la reforma constitucional que busca Nicolás Maduro. Cabe además recordar que, en la última elección libre (en el 2015) el oficialismo sufrió una apabullante derrota, razón por la cual la oposición hoy domina ampliamente la Asamblea Nacional, lo que de alguna manera restringe el autoritarismo con el que Nicolás Maduro procura contar. En la reforma constitucional anunciada por Nicolás Maduro uno de los objetivos es –precisamente- el de vaciar de poder a la Asamblea Nacional o eliminarla.

Las próximas elecciones presidenciales venezolanas tendrán lugar el año que viene y la intención de voto a favor del oficialismo hoy no llega al 20%. Poco y nada, entonces. Por ello el gobierno de Maduro apuesta a poder cambiar drásticamente las reglas de juego. Porque sabe que con las normas actuales, se arriesga a perder el poder y tendría que alejarse del gobierno. Para Venezuela ello sería una bendición que le permitiría comenzar a salir de la postración a la que lo ha llevado la receta bolivariana, la del colectivismo.

Mientras tanto, para las protestas de su pueblo Nicolás Maduro tiene una sola respuesta, la de los palos. Esta es la dura y afligente realidad. Por eso monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, nos conmueve al decir que el chavismo tiene un proyecto: “Se llama el Plan de la Patria, que está en marcha con la constituyente y el peligro es que Venezuela sea comunista y perder lo poco de democracia que nos queda”.

Para los venezolanos, la realidad material cotidiana es cada vez más dura. En lo que va del año el dólar subió un 130% en el mercado negro. En la última semana trepó un 14%.

Colombia informa que cada día unos 5000 visitantes venezolanos se quedan en el país. Y Brasil ya ha conferido el carácter de refugiados a unos 6000 venezolanos.