No alcanza con dolarizar

La Argentina atraviesa una crisis de gobernabilidad de dimensiones semejantes a la experimentada en julio de 1989. En aquella oportunidad, la superación de la crisis fue el resultado de un giro estratégico implementado a través de una reforma monetaria, concretado con la Ley de Convertibilidad, y de una reinserción internacional del país, que tuvo dos ejes fundamentales: la construcción del Mercosur y la articulación de una alianza estratégica con los Estados Unidos.

Sobre esas bases, el país pudo iniciar las reformas estructurales que convirtieron a la década del 90 en la de mayor crecimiento económico de los últimos setenta años. Sin embargo, esa transformación quedó a mitad de camino. Hace falta todavía otra década de reformas estructurales para transformar definitivamente al país, y sólo puede surgir de un esfuerzo nacional, más allá de banderías y sectores.

Para avanzar en esa dirección, las circunstancias imponen realizar otra vez un doble movimiento estratégico: la profundización de la convertibilidad, mediante la dolarización de la economía, y el avance desde el Mercosur hacia el Alca, que implica un acuerdo político con la nueva administración republicana de Washington.

En estos términos, la dolarización no puede concebirse como la aplicación de una teoría económica determinada. Constituye la expresión contundente de la firme voluntad nacional de preservar a cualquier precio la estabilidad monetaria, que es la principal conquista de la década del 90.

Como sucedió cuando la Argentina implantó el sistema de convertibilidad, tampoco se trata ahora de copiar fórmulas extranjeras. Hoy, en América Latina, hay ya cinco países con economías dolarizadas. Cada uno empleó un procedimiento distinto, que en algunos casos incluye la subsistencia de la vieja moneda nacional. En el caso específico de la Argentina, es una cuestión relativamente sencilla. Se trata de un país en vías de dolarización, con una economía virtualmente dolarizada en forma espontánea. El inconveniente es que la dolarización de facto no resuelve el riesgo de devaluación. Por lo tanto, no sirve para bajar en forma drástica el costo del capital, que es el requisito estratégico para un crecimiento sostenido, de largo plazo.

La redefinición del Mercosur y la búsqueda de una nueva vinculación estratégica con los Estados Unidos en los aspectos económicos, comerciales, monetarios, financieros y de seguridad, constituyen, con la dolarización, las dos condiciones necesarias para reubicar al país en el actual sistema económico mundial. Ese es el camino para reabrir el crédito internacional , requisito indispensable para salir de la recesión y recuperar la senda del crecimiento económico.

Obviamente, la dolarización implica una muy fuerte exigencia en materia de aumento de productividad. Para incrementar su competitividad internacional, la economía argentina necesita tener un ritmo de incremento de productividad por lo menos igual al de la economía estadounidense, como ocurrió a principios de la última década.

Las nuevas exigencias que plantea la globalización del sistema productivo mundial indican que la competitividad es sinónimo de mayor productividad. Sólo hay espacio para el desarrollo de aquellas actividades económicas que sean inmediatamente competitivas a nivel internacional. Y únicamente es posible edificar ventajas competitivas sobre la base de aquellos sectores o rubros de la economía en los que existan fuertes ventajas comparativas capaces de sustentarlas.

Por eso, la estrategia de diversificación industrial de la Argentina pasa por el aprovechamiento intensivo de sus ventajas comparativas en materia de recursos naturales, en particular alimentos, energía, recursos forestales, minería y turismo. En este contexto, es relevante la expansión de una cadena agroalimentaria que permita convertir a la Argentina en un protagonista principal del negocio mundial de los alimentos, un rubro de creciente demanda internacional.

Refundación del Estado

Pero en el mundo de hoy la competitividad es de carácter sistémico. La competencia no se da únicamente entre empresas. Compiten también países, esto es sistemas integrales de organización y decisión. De allí que la competitividad de la Argentina demande una infraestructura y una logística adecuadas. Requiere también la reformulación integral del sistema de instituciones públicas. Es necesaria una refundación del Estado.

Esta tarea supone impulsar un vasto proceso de descentralización política, que implica la transferencia de poder, es decir de responsabilidades y de recursos, desde el Estado nacional hacia las regiones, provincias, municipios y, fundamentalmente, hacia los propios actores sociales. Se trata de una reforma institucional fundada en la profundización de la democracia.

Dicha reforma incluye asimismo una modificación integral del sistema impositivo, orientada hacia el aliento a la inversión y el incremento de la autonomía tributaria de las provincias y municipios, de tal modo que se asocien la ejecución del gasto público con el criterio de responsabilidad fiscal en todas las jurisdicciones estatales. Esa es la base de un Nuevo Pacto Tributario, entre el Estado y la sociedad, que permita enfrentar y resolver el gravísimo problema de la evasión impositiva y previsional.

La dolorosa transición entre la situación actual y la plena recuperación de la economía argentina demanda una atención prioritaria a la emergencia social. Hay que concentrar los recursos actualmente dispersos en múltiples programas sociales para financiar el otorgamiento de un subsidio por desempleo, destinado a los jefes de hogar desocupados, que garantice un ingreso mínimo de subsistencia para todas las familias argentinas.

Igualmente, es indispensable promover la creación de una amplia red nacional de solidaridad social que integre a la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, a los sindicatos y a las decenas de miles de organizaciones comunitarias, en un esfuerzo conjunto para afrontar las dramáticas consecuencias de la crisis social.

La dolarización como herramienta para defender a ultranza la estabilidad monetaria, la reinserción internacional del país, la competitividad basada en un aumento incesante de la productividad, la recreación del Estado a partir de la descentralización política y una respuesta apropiada para enfrentar la emergencia social constituyen los ejes fundamentales de un plan de gobierno para salir de la crisis.