No consolidemos el retroceso educativo
El año pasado se sancionó la ley 27.204 en la que se estableció que "Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior". Según sus impulsores, la ley apunta a asegurar la igualdad de oportunidades.
Las naciones que avanzan económicamente y reducen su pobreza, mejorando al mismo tiempo la equidad en la distribución del ingreso, lo hacen fortaleciendo la acumulación de capital productivo. Pero el capital es algo más importante que la acumulación de bienes materiales. Hay otra forma de capital que hoy es más importante que este capital físico: el capital humano acumulado mediante el sistema educativo. Según un estudio del Banco Mundial del año 2013: "El valor del capital humano equivale a cuatro veces el valor del capital físico". Por eso, los países que hoy lideran el crecimiento económico registran al mismo tiempo grandes avances educativos, particularmente en el nivel universitario. El siglo XXI es el siglo de la universidad: no habrá avance económico ni progreso social sin universidad de calidad.
En los países industrializados más del 40% de los jóvenes logran una graduación en el nivel universitario; en América latina la graduación universitaria es inferior, pero en la última década se registró un claro avance: entre 2003 y 2013 la graduación anual universitaria creció 86% en Brasil, 147% en Chile y 158% en Colombia. En nuestro país la graduación total universitaria creció apenas 46% en la última década según el Ministerio de Educación.
¿Cómo es posible tener menos graduados si es mucho más fácil entrar a la universidad en la Argentina que en Brasil, Chile y Colombia? En estos tres países, lo mismo que en todos los países industrializados y también en China, Cuba y Ecuador, existen rigurosos exámenes generales a los estudiantes secundarios que desean postularse para una vacante universitaria. Nuestra reciente ley 27.204 prohíbe estos exámenes.
La realidad es que nosotros tenemos (en proporción a la población) más estudiantes universitarios que estos países latinoamericanos que aplican criterios exigentes para el ingreso, pero el caso es que tenemos menos graduados que ellos. La explicación se encuentra en la muy baja graduación efectiva de nuestras universidades, que registran elevados índices de deserción estudiantil: no sólo las estatales, sino también las privadas. Según el Anuario de Estadísticas Universitarias 2013, después de estar un año en las universidades estatales la mitad de los estudiantes no aprobó más de una materia; desertan de la carrera nada menos que 70 cada 100 ingresantes. En las universidades privadas, el 29% de los estudiantes no aprobó más de una materia después de un año, lo que también incide negativamente en la baja graduación de nuestras universidades privadas, donde no se gradúan casi 60 de cada 100 alumnos ingresantes.
Ésta es la realidad. Es necesario reconocerla y definir una nueva política universitaria que apunte no sólo a mejorar la graduación, sino también a fortalecer las carreras científicas y tecnológicas, esenciales para nuestro futuro. Asimismo es necesaria una extendida política de becas que permita el normal desarrollo de una carrera universitaria a los alumnos de pocos recursos económicos.
Si nos quedamos así como estamos, consolidaremos nuestro atraso educativo y comprometeremos el futuro de nuestros adolescentes, ya que el Congreso ha decidido quitarles la oportunidad de esforzarse y dedicarse al estudio para ingresar a la universidad con una adecuada preparación. Si hacemos todo al revés, no esperemos buenos resultados. La Argentina creció potenciada en el siglo XIX por una extendida escuela primaria. Hoy el desafío está a la vista: para progresar en este siglo XXI necesitamos una universidad de calidad.
Miembro de la Academia Nacional de Educación