No conviene malvinizar la deuda

Miguel Angel Broda
Miguel Angel Broda LA NACION
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29 de febrero de 2004  

Transcurridos veintiséis meses desde la declaración del default y cinco desde la presentación de la audaz propuesta de reestructuración de deuda pública en Dubai, las relaciones entre la Argentina y la comunidad internacional sufrieron una escalada de tensiones. El G-7 nos exhortó a negociar la deuda y colocó el caso argentino junto con el de Irak y Afganistán. El FMI, al postergar seis semanas la aprobación de la primera revisión del acuerdo, mostró su disconformidad frente a la estrategia argentina de reestructuración (que consistió básicamente en reducir los pagos al exterior y dilatar los términos de la negociación). A su vez, el G-7 mostró una fractura en el directorio del Fondo por primera vez en muchos años, ya que Gran Bretaña, Italia y Japón se abstuvieron de apoyarnos en la primera revisión del acuerdo con el FMI. Paralelamente, el Banco Mundial suspendió la aprobación de una línea de créditos por US$ 5000 millones (de los cuales US$ 1000 millones corresponden a este año), mientras que la Justicia de EE.UU. inhibió bienes del Estado argentino en ese país, como paso previo a eventuales embargos.

Estas presiones condujeron al gobierno a flexibilizar posiciones: nombró el sindicato de bancos que coordinará el canje de deuda, dispuso aumentos de tarifas e informó que a fin de abril se estaría en condiciones de presentar un menú de opciones a acreedores privados.

Sin embargo, las señales de la comunidad internacional en los últimos cinco días fueron contundentes: los pasos dados por el gobierno argentino son insuficientes y es necesario mejorar la oferta de reestructuración de deuda. Así lo reflejaron las palabras de Aznar: "España siempre ayudó a la Argentina; ahora falta que Argentina se ayude a sí misma. No hay futuro económico al margen de los sistemas financieros internacionales. No habrá salvamento ni horizonte alguno si rompe relaciones con el FMI". Y las declaraciones de funcionarios del Tesoro de EE.UU.: "Los negociadores argentinos deben dar pasos más importantes con los bonistas privados. Quedan una o dos semanas". Y las del ministro de Finanzas alemán: "La Argentina ha presentado una oferta, pero la reducción de capital exigida supera la disposición de los acreedores. Debe encarar lo antes posible una negociación con acreedores extranjeros y presentar una propuesta menos dura".

El gran problema es que el Gobierno parece no haber tomado conciencia de estos mensajes, y el Presidente decidió participar de una serie de actos en los que probablemente su retórica dirigida a la opinión pública interna choque con los pedidos de la comunidad internacional, tensando las ya complejas relaciones con el resto del mundo.

En cambio, si el Gobierno optara por mejorar la oferta de reestructuración, podría hacerlo sin necesidad de arriar sus principales banderas. Es decir, sin modificar el techo de superávit fiscal primario de 3% de PBI, ni tampoco la quita de 75% ni la oferta de bonos presentada en Dubai. Con pagos por adelantado, garantías y/o reconocimiento del atraso de intereses, el Gobierno podría realizar una oferta más atractiva para los acreedores, reduciendo la quita en valor presente. Alternativamente, podrían extenderse los plazos y reducirse las tasas de los bonos.

Considerando que el 30% del total de la deuda se canjeará por bonos par (lo restante por bonos con descuento) y tomando en cuenta la oferta de títulos presentada por el Gobierno, la quita en términos de valor presente asciende a 91 por ciento.

Adelanto y garantías

Si el Gobierno decidiera ofrecer un pago por adelantado de US$ 2000 millones (13% del stock de reservas), la quita en valor presente se reduciría a 88 por ciento. Otorgando garantías, disminuiría la tasa de descuento, reduciendo la quita a 77%. Utilizando estos dos mecanismos en forma conjunta, la quita descendería hasta el 72%. Al mismo tiempo, esta última opción representaría una mejora de 12% respecto al precio de mercado de los títulos en default. En síntesis, con una quita en valor presente entre el 72% y 77%, podría reestructurarse exitosamente la deuda, logrando un nivel de aceptación mayor al 75 por ciento. La llave son las garantías y la extensión de plazos que logre ofrecer el Gobierno, mientras que el endulzante sería el pago por adelantado o el reconocimiento de intereses, no ambos.

Otro punto relevante es que un superávit primario del 3% del PBI sería suficiente para atender los vencimientos futuros de la deuda pública siempre que se logre refinanciar un alto porcentaje de Boden -de ahorristas y empleados públicos- y préstamos garantizados, tal como lo supone el Gobierno. Mejorar la oferta de reestructuración posibilitará lograr dichos niveles de roll over; en caso contrario, el Gobierno corre el riesgo de caer en default nuevamente al no poder cumplir con los compromisos de la deuda nueva.

El Presidente ahora debe tomar conciencia de que el resto del mundo se ha impacientado con Argentina. Es más negocio mejorar la propuesta de reestructuración, evitar el default con el FMI y salir cuanto antes de la cesación de pagos, que tratar de seguir capitalizando políticamente el enfrentamiento con los acreedores y países centrales.

Mejorar la propuesta no requiere aumentar sustancialmente el esfuerzo fiscal. Y pagar un poco más no atentaría contra el crecimiento. De hecho, mejorar la oferta no es algo que deba hacerse por pedido del FMI o reclamo de la comunidad internacional, sino porque le conviene a la Argentina. Reestructurar más amigablemente, no sólo evitaría un eventual default de la deuda nueva, sino que se transferirían menos recursos al exterior en términos netos, ya que sería menor la fuga de capitales, mayor el crédito externo al sector privado, y mayor la inversión extranjera directa. Con todo esto, mayor sería la tasa de crecimiento de mediano plazo, la creación de empleo y el salario real de los argentinos.

El autor es presidente de la Fundación Gobierno y Sociedad.

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