No más demoras para recuperar lo robado

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de que el Estado recupere los bienes y dineros de la corrupción , pero muy poco se ha logrado hasta el momento. Más allá de algunos fallos judiciales que permitieron hacer regresar a las arcas del Estado una ínfima parte de las pertenencias de las que se apropiaron indebidamente funcionarios inescrupulosos, sigue sin ser sancionada la ley de extinción de dominio, destinada a dar cauce a esa cuestión.

Como suele suceder con una parte no menor de la dirigencia política en nuestro país, se actúa sin previsión y "en caliente", buscando repercusiones públicas más que soluciones de fondo. Fue lo que, en su momento, sucedió con el Frente Renovador en la Cámara de Diputados, al presentar su proyecto de extinción de dominio, que resultó ser un texto viciado de graves deficiencias, oportunamente denunciadas por juristas y académicos de los más variados sectores.

Esa iniciativa nació como respuesta parlamentaria al escándalo provocado por el exfuncionario de Planificación kirchnerista José López , mano derecha de Julio De Vido , en un seudoconvento de General Rodríguez. "Arrojé los bolsos por sobre el muro, salté para avisar que me abrieran el portón y poder así meter el auto con las valijas", declaró López hace poco ante la Justicia para confirmar aquellas bochornosas imágenes en las que se lo veía junto a un grupo de religiosas, apurado por entrar nueve millones de dólares, euros, joyas y armas en la cocina de un convento que no era tal. Y afirmó que ese dinero provenía "de la política".

Diputados aprobó aquel proyecto que otorga al fuero civil la potestad de disponer la extinción de dominio en medio de una causa penal, sin necesidad de esperar a que haya una condena. Establece, además, que esa figura se aplique a expedientes que ya están en trámite o ante hechos ocurridos previamente a la entrada en vigor de la ley.

Las alarmas no tardaron en llegar al Senado, donde el proyecto estuvo frenado largamente. Se lo tildó de mamarracho, pero no se mostró mucho apuro en avanzar en un texto superador. Hasta que estalló otro escándalo: el de los cuadernos de las coimas . Entonces, nuevamente por la presión que ejerció el hartazgo social frente a semejante impunidad y tras no pocas cavilaciones senatoriales, se aprobó un texto que modifica sensiblemente el de Diputados, por lo cual la iniciativa volvió en revisión a la Cámara baja.

La sanción del Senado, impulsada por el peronismo, sostiene que el proceso de extinción de dominio es una instancia civil dentro del fuero penal que solo podrá ser ejecutado cuando hubiese una sentencia en primera instancia. Para el mientras tanto, se aceptó la posibilidad de disponer de "decomisos anticipados" de modo que los imputados no hagan uso de los bienes mientras continúa el proceso judicial.

Con el regreso del texto a Diputados, volvieron las trabas. Dentro del propio oficialismo están quienes quieren insistir en la versión original aprobada por ese cuerpo y quienes no aceptan ni esa ni la del Senado. A cambio, proponen crear una comisión de diputados y senadores que elabore un texto de consenso. Un acuerdo que, inexplicablemente, brilló por su ausencia durante los meses y meses transcurridos desde el escandaloso episodio de los bolsos.

Han pasado ya más de dos años de idas y venidas parlamentarias sin que se sancione la ley. Más de dos años en los que el Estado -o sea, todos los ciudadanos- no ha podido rescatar lo que le ha sido robado por la corrupción y destinar esos montos a educación, seguridad, salud y desarrollo social, entre otras áreas históricamente necesitadas, pero más en estos momentos en que el país atraviesa profundas dificultades económicas.

Ante este panorama desolador, se alzaron voces desde la Justicia reclamando la rápida sanción de la norma, pero también reclamando la realización de juicios cortos, como propuso en su momento el fiscal Federico Delgado. Arribar a una sentencia no puede durar, como suele acontecer entre nosotros, más de una década. En los últimos 20 años, solo el 8% de las causas por corrupción instruidas en los tribunales de nuestro país llegaron a juicio oral, y un porcentaje aún menor es el que arriba a una sentencia firme. La Justicia se diluye cuando pasa tanto tiempo o cuando existen magistrados dispuestos a dejarlo pasar para que las causas prescriban.

Como ya hemos dicho desde estas columnas, la etapa de instrucción debe ser breve para arribar cuanto antes al juicio oral. A su término, la sentencia reconstruye la verdad de lo ocurrido y sanciona a los culpables o sobresee a los inocentes. El dinero producto del delito también corre riesgo de desaparecer si rápidamente no se toman las medidas necesarias para resguardar al Estado de nuevas y escandalosas exacciones. En este caso, con el agravante de que terminan siendo amparadas por la omisión de las propias autoridades, sean estas ejecutivas, legislativas o judiciales.

Sendos trabajos de dos investigadores del Conicet calcularon para el caso de las coimas cobradas en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas que podría tratarse de un robo al Estado de 36.000 millones de dólares, tomando en cuenta que aquellas ascendieron al 20% del valor presupuestado a lo largo de toda una década.

A estas alturas, más que inconcebible, resulta temerario que la Argentina no cuente con una ley de extinción de dominio. Sigue constituyendo un cheque en blanco para que quienes delinquieron o piensan delinquir robando dineros estatales lo sigan haciendo sin preocuparse por el destino del producido de esos saqueos, pues no hay ley que obligue a devolverlos al Estado para que este les dé el uso del que aquellos nunca debieron desviarse.

Sin ley no podrá concretarse esa recuperación. Sin medidas relacionadas con el rescate de activos de procedencia ilegal se perjudica a toda la población. Sin funcionarios, legisladores ni magistrados comprometidos no habrá justicia.