Nueva economía para nuevas sociedades
Es fundamental que las empresas evolucionen hacia nuevos esquemas que también contemplen el impacto social y ambiental que producen
Si definimos conceptualmente la riqueza como un conjunto de bienes, servicios, valores, ambientes, relaciones y transacciones que permiten vivir decorosamente cuidando el ecosistema, una economía que promueva su generación ha de contemplar asociadamente un proyecto ético. Sólo así podrá garantizarse la capacidad colectiva de una sociedad para que todos sus miembros accedan a una vida digna.
Para ello es fundamental que las empresas evolucionen hacia nuevos esquemas. Jurídicamente no sólo han ya de proteger a los inversores o a la fuerza de trabajo, sino también contemplar, en su diseño legal y en sus planes de negocio, el impacto social y ambiental que la actividad comercial, industrial o financiera produce.
Igual de importante es garantizar que el paradigma por el que se toma la decisión de invertir pase de la producción de bienes o la prestación de servicios que sean exclusivamente rentables a la producción de aquellos que, además de rentables, sean útiles para la humanidad y que no conlleven un costo social o ambiental.
Estos desafiantes paradigmas de desarrollo que proponen novedosos esquemas legales tienen como marco lo que se denomina "nueva economía". Bajo este flamante paraguas han nacido nuevos formatos de organizaciones empresariales, como las empresas B y las sociales. Aparecen también nuevos conceptos, como negocios de impacto, finanzas éticas o economía circular.
Por definición, las empresas B: 1) incluyen en su objeto societario, además de la propia actividad por desarrollar, la generación de un impacto social y ambiental; 2) atienden el interés de empleados, clientes, proveedores, comunidad y el ambiente, además del de los socios y accionistas; 3) son transparentes en la gestión, con publicación de reportes anuales auditados por terceros independientes.
Las empresas sociales son novedosas estructuras comerciales con fines de lucro que promueven el triple impacto social, económico y ambiental, pero que, a diferencia de las empresas B, destinan sus utilidades completamente al fin social que fija su estatuto. Además de no repartir utilidades, por lo general son organizaciones sociales sin fines de lucro como una alternativa para alcanzar el propio financiamiento más allá de la filantropía.
Estos formatos de empresas de beneficio e interés comunitario (BIC) requieren urgente una norma que las regule para promover su creación y esperan el tratamiento de un proyecto de ley en el Congreso a partir del cual, dado su rol social, podrían gozar de un régimen simplificado para conformarse y acceder a financiamiento y beneficios impositivos.
Estos nuevos modelos no destinan un porcentaje de su presupuesto a la inversión social ni crean una dirección o gerencia de RSE o sustentabilidad. Se asumen de manera integral e integrada como actores sociales cuya capacidad y recursos se destinan, en su totalidad, a generar acciones de impacto positivo en el cuidado de los bienes ecosistémicos y en la promoción de la dignidad humana.
Los negocios de impacto están vinculados al triple efecto ya descripto y se caracterizan por aportar a la sustentabilidad y ser permeables a la inclusión económica de sectores desfavorecidos. Las finanzas éticas son aquellas enmarcadas en los criterios de banca sustentable, orientada a financiar la creación y crecimiento de estos nuevos formatos empresariales, implementando mecanismos de microcréditos para quienes se inician, como líneas de "mesofinanzas" por montos mayores para consolidar o expandir emprendimientos ya en marcha. Cuando alcanzan escala, como el Banco Social en Colombia, permiten a miles de personas que los estándares habituales de la banca comercial dejan al margen el acceso al crédito y a recursos. La economía circular es un sistema que reutiliza y revaloriza los materiales para convertir los residuos en recursos y materia prima para otro proceso productivo.
Otra manera de promover la nueva economía es a través de espacios colectivos que den escala a los esfuerzos individuales. Tal el caso de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que formalizó un acuerdo con Sistema B un espacio que promueve empresas B, que tiene por objetivo tanto la difusión entre las pymes de este modelo de negocio como la facilitación de herramientas de gestión y medición que les permitan mejorar sustentablemente sus prácticas. Se ejecutará a través de capacitaciones a las entidades asociadas, concursos que detecten y apoyen nuevos potenciales y programas de membresías y empoderamiento de agentes de cambio que fomenten transformaciones culturales.
Cooperativas de recicladores de base de la Argentina trabajan según el esquema de la llamada economía circular. Para apoyar la formalización de este trabajo y maximizar su aporte a la gestión integral de residuos lanzaron la plataforma Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), impulsada por organizaciones de fomento como el BID, Fomin y Fundación Avina, junto a empresas como Coca Cola y PepsiCo, además de la Red Latinoamericana de Recicladores. Desde este espacio colectivo se articulan recursos financieros y técnicos para optimizar la inversión e impactar a nivel de las políticas públicas y el mercado. Un ejemplo es lo que sucedió en Colombia: un amparo judicial de recicladores organizados junto con organizaciones sociales y ambientalistas obligó al Estado a dictar normas y a crear las condiciones para que sus cooperativas fueran incorporadas como prestadoras del sistema de recolección de residuos domiciliarios. La Iniciativa Regional brindó a recicladores, gobierno y empresas asistencia técnica, recursos financieros, conocimiento y articulaciones para la formulación e implementación de lo exigido por la Corte Constitucional, mediante un programa por el cual 12.000 recicladores en Bogotá reciben una paga. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda otro ejemplo a partir de la normativa que reconoce como prestadoras del servicio de gestión de residuos secos a las cooperativas. Actualmente, 12 organizaciones de reciclaje son prestadores contratados por el gobierno de la ciudad para este servicio.
Estos ejemplos confirman una tendencia de crecimiento sostenido en el mundo empresarial a tal punto que no hemos ya de hablar de la economía que viene, sino de la que afortunadamente ya está entre nosotros.