Nueva Ley de Inteligencia

Por José Manuel Ugarte Para LA NACION
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14 de diciembre de 2001  

ENTRE la labor legislativa del año que concluye se destaca la nueva Ley de Inteligencia Nacional, sancionada en una de las maratónicas sesiones de fin de año por la Cámara de Diputados. Se trató de una iniciativa llevada adelante por asesores del Congreso de la Nación y personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado, todos, obviamente, siguiendo las directivas de sus respectivos jefes. El trabajo realizado fue recogido por el Poder Ejecutivo, que lo remitió al Senado como proyecto de ley, y, tras recibir algunas modificaciones no carentes de significación, fue sancionado por ambas cámaras

La ley representa, en algunos aspectos, una ventaja respecto de la normativa anterior, aunque en su conjunto el balance es mixto. En primer lugar, constituye una ley pública, lo que quiebra el sorprendente anacronismo de nuestro país de tener leyes secretas destinadas a regir fundamentalmente en el propio territorio y que producen efectos respecto de sus habitantes. También se advierte un significativo esfuerzo por jerarquizar la carrera de inteligencia, estableciendo requisitos que hacen al perfeccionamiento técnico, eficiencia y adhesión de su personal al sistema democrático.

También es preciso contabilizar en el haber la prohibición de adquirir información sobre los habitantes del país por el mero hecho de su condición racial o religiosa, de su opinión política o de la realización de actividades lícitas.

Asimismo, se procede a crear una comisión de fiscalización exclusivamente destinada a la actividad de inteligencia. En este aspecto mejora la situación anterior en la que existe una comisión dedicada a fiscalizar tanto dicha actividad como la seguridad interior: excesiva amplitud que perjudica el funcionamiento de la comisión.

Separar competencias

Con las modificaciones introducidas a través del dictamen del Senado, la nueva comisión mantiene las facultades de la anterior, y se agrega un mayor énfasis en el control del gasto de inteligencia, particularmente en lo relativo a los gastos reservados.

También en el dictamen de Senado se incluyó una valiosa precisión: se limita la competencia de los organismos de inteligencia militares estrictamente a aspectos relativos a la defensa nacional, impidiendo su dedicación a la seguridad interior, tal como ya establece la legislación vigente. La Cámara de Diputados sancionó sin modificaciones el texto enviado por el Senado.

La Argentina conserva todavía estructuras propias de su difícil pasado político. La de inteligencia es una de ellas.

En la nueva ley, el principal organismo de inteligencia civil -la Secretaría de Inteligencia de Estado, que pasaría a denominarse Secretaría de Inteligencia- continúa acumulando bajo directa dependencia del presidente de la Nación, las competencias de inteligencia interior, exterior y contrainteligencia, con competencias definidas con mucha amplitud. Incluso, se otorga a su titular rango de ministro, manifiesta equivocación que implica confundir el papel instrumental y de auxiliar fundamental para la elaboración de políticas de la inteligencia, para otorgarle papel de política sustantiva.

Los países desarrollados institucionalmente se caracterizan, en primer lugar, por distinguir entre la actividad de inteligencia que realizan respecto de países extranjeros (que algunos extienden a organizaciones o personas extranjeras) y la que realizan en su propio territorio, o respecto de sus ciudadanos. Con contadísimas excepciones fundadas en peculiaridades históricas, confían la inteligencia exterior y la inteligencia interior a organismos distintos, dependientes de ministerios diferentes.

En materia de inteligencia interior, en los aludidos países, existen competencias cuidadosamente limitadas. En general, se limitan a actividades destinadas a atentar contra el orden constitucional o a cambiarlo por métodos ilegales, a actividades terroristas, o bien, dentro del ámbito de la contrainteligencia, a evitar la actividad de los organismos de inteligencia extranjeros u otras actividades ilegales de potencias extranjeras en el territorio propio. Esas limitaciones no rigen para los organismos destinados a actuar respecto de países extranjeros. Además, principio casi sin excepciones, se establece la dependencia de estos organismos de inteligencia interior respecto de los ministerios del Interior o de Justicia.

En la Argentina, no se hace diferencia alguna entre inteligencia exterior e interior. Las competencias de la nueva secretaría, como sucede con la actual, se ejercen con iguales características hacia el interior del país y respecto de los propios ciudadanos, que hacia el exterior, y con significativa amplitud.

En realidad, en esto subyace la antigua doctrina de inteligencia elaborada durante la Guerra Fría, que, suponiendo al enemigo en el propio país, analizaba los componentes político, económico, social, sindical, etcétera, de la propia sociedad, del mismo modo en que la doctrina clásica preconizaba hacerlo respecto de los países extranjeros de interés. Aunque se proclama el deseo de cambiar tal doctrina -hasta el momento, vigente-, la estructura que la posibilitaba sigue intacta.

Hacia una reforma profunda

No todos los cambios que se preconizan son positivos.

En la ley se establece la supervisión de la Secretaría de Inteligencia respecto de un aspecto de la actividad policial: la inteligencia criminal, que no es sino la aplicación del método de análisis propio de la actividad de inteligencia a la investigación de las organizaciones criminales. Esta supervisión implica, en definitiva, confundir dos actividades de naturaleza diversa -la policial y la de inteligencia-, con resultados perjudiciales para la objetividad y plena sujeción a la Justicia que deben caracterizar la investigación criminal.

Tampoco es positiva la concentración en la nueva secretaría de la función relativa a las escuchas y otras intercepciones de comunicaciones realizadas por orden judicial. Esto implica colocar bajo control de un organismo que, en nuestro medio, ha evidenciado acentuada naturaleza política, la realización de medidas imprescindibles para la investigación de delitos, cuya supervisión exclusiva debiera estar a cargo del Ministerio Público o la Justicia.

La ley sancionada representa un esfuerzo importante. Sin perjuicio de señalar los aspectos preocupantes, podría constituir una primera etapa de una reforma más profunda. Será también valiosa la experiencia que surja de la aplicación.

En nuestro país es necesario otorgar legitimidad y eficacia a la actividad de inteligencia. Trabajar para ello es un objetivo válido para nuestra sociedad.

José Manuel Ugarte es abogado, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de las escuelas superiores de Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional, y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

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