Nueva política migratoria

El decreto que regula el ingreso y la expulsión de extranjeros con antecedentes penales no es discriminatorio y forma parte de la lucha contra la delincuencia
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3 de febrero de 2017  

Como parte de su política de lucha contra el crimen organizado, el Gobierno comenzó a modificar el sistema migratorio endureciendo las exigencias para el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, al tiempo que simplifica los trámites para la expulsión de aquellos que delincan. También se creará una policía abocada a controlar nuestras fronteras.

Un flamante decreto dispone la creación de la Comisión Nacional de Fronteras cuyo fin será evitar, como dijo el Presidente, que "el crimen internacional elija nuestro país para delinquir". Esa comisión deberá elaborar una nueva ley de fronteras. Son medidas imprescindibles que debieron haberse adoptado hace mucho tiempo para no llegar al actual estado de cosas, pues un país que abandona el cuidado de sus fronteras invita a instalarse en su territorio a las principales modalidades del crimen organizado, como el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas. Eso fue lo que ocurrió en las últimas décadas.

Recordemos las llamativas demoras en las que incurrió el menemismo para informatizar los puestos de frontera y el control del ingreso y egreso de personas -además del otorgamiento ilegal de la ciudadanía argentina al terrorista y traficante de armas y drogas Monzer Al Kassar-, y la política del kirchnerismo ya no de puertas abiertas, sino de una absoluta y cómplice falta de control de nuestras fronteras que redundó, entre otros muchos males, en el notorio incremento del narcotráfico.

El decreto contempla también trámites sumarios para agilizar la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos graves que conlleven penas superiores a los 3 años y de cumplimiento efectivo.

Entre las causas de expulsión se encuentra el haber sido condenado o estar cumpliendo condena, poseer antecedentes penales o una condena no firme en la Argentina o en el exterior por delitos que, según las leyes argentinas, acarreen penas privativas de la libertad.

Sobre ese punto, el presidente Macri afirmó que, en la actualidad, existen casos en los que el trámite de expulsión demanda más de ocho años. Es el del narcotraficante peruano Marco Antonio Estrada González, a quien, transcurridos ocho años, aún no se lo puede extraditar.

También se pondrá en marcha con otros países un sistema de alerta como el que ya existe con los Estados Unidos, por el cual Washington avisa con media hora de anticipación a la partida de un vuelo si alguien condenado por delitos sexuales o narcotráfico quiere ingresar en nuestro territorio.

En ese sentido, el Gobierno activó el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API, según la sigla en inglés), que obliga a las líneas áreas a brindar datos a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los viajeros antes de que arriben o egresen del país para mejorar los controles migratorios en los aeropuertos. Se trata, entre otros, de datos como nombre, apellido, documento de viaje, número de vuelo, compañía transportadora y ticket de equipaje. Esto permitirá saber si una persona es requerida judicialmente y rechazar su ingreso en el país, poniéndola a disposición de la Justicia.

En la ampliación del sistema de alertas deberían jugar un papel preponderante los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) destacados en el exterior. Se trata de que el personal de la Dirección Nacional de Migraciones cuente con la información necesaria para que las autoridades nacionales resuelvan si se acepta o no el ingreso de quien ha cumplido una condena en su país de origen, facultad privativa de cada nación.

El conjunto de medidas no responde a un enfoque xenófobo ni discriminatorio, sino a una necesidad impostergable de combatir la delincuencia debido a la política de pasividad que siguió el gobierno anterior, llegándose al extremo de que avionetas que transportaban drogas trasponían nuestras fronteras en el Noreste o Noroeste, y se adentraban sin inconvenientes hasta provincias como La Pampa. Otro tanto puede afirmarse de la extrema facilidad con la que importantes narcotraficantes de países latinoamericanos se han instalado en el nuestro para llevar adelante su comercio mortal.

Todos los países, incluidos nuestros vecinos, tienen políticas para la inmigración. La iniciativa del Gobierno se limita a algo tan básico como impedir el ingreso -y facilitar la expulsión- de los extranjeros que han delinquido. No se refiere, en cambio, a limitar los ingresos por otras razones.

Comenzar de una vez por todas a controlar nuestras fronteras será la forma de evitar que la Argentina siga siendo un santuario para los delincuentes de otras latitudes.

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