Obstáculos en la Justicia y los gremios

Acción. El peronismo reconoce que Vidal, aun ante el desafío de las corporaciones e intendentes opositores, intentará lo que no hicieron sus gobiernos
Daniel Bilotta
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11 de marzo de 2018  

Por default, la mejor valoración del liderazgo de María Eugenia Vidal la hace el peronismo. Es la primera vez en 30 años que un gobernador gestiona la larga lista de necesidades insatisfechas de los ciudadanos en la provincia de Buenos Aires, casi el 40% de la población total de la Argentina, con dos tercios ubicados en la diminuta proporción territorial del Conurbano: unas 12 millones de personas en 7500 kilómetros cuadrados.

Las anteriores administraciones no pueden alegar falta de recursos para justificar su pasividad: lo que Vidal recibirá en 2019 para compensar el congelamiento del Fondo del Conurbano desde 1995 es la actualización del monto asignado a Eduardo Duhalde en su primer gobierno: 65.000 millones de pesos anuales. Lo que hubo, en verdad, es un exceso de lo que el peronismo llama pragmatismo. Allí reside la raíz de los acuerdos de mediados de los 90 para preservar un orden político en torno del cual se gestó otro, social y económico, en medio de un proceso de crisis. El estallido de 2001 profundizó el déficit del Estado y esas alianzas se volvieron imprescindibles para disimular las carencias en prestación de servicios esenciales: salud, justicia, educación y seguridad.

El duhaldismo señaló con colores los poderes con los que trabó una relación de convivencia para garantizarse gobernabilidad. Azul para la policía bonaerense y blanco para Suteba, aludidos por el tono de sus uniformes. Combinados, remiten a la policromía predilecta de la ortodoxia sindical peronista. Una alusión involuntaria a la organización corporativa.

La influencia del sindicato de los maestros se extendió al IOMA, y la de la policía, en apariencia, al Poder Judicial. Tres de los miembros de la Suprema Corte bonaerense fueron antes responsables del área de Seguridad (su presidente, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani y Eduardo Néstor De Lázzari). Antes, Genoud fue oficial de la policía bonaerense. De Lázzari fue además procurador general de la Corte; es decir, fue el jefe de todos los fiscales en la provincia.

Esta trama de intereses resiste las reformas de fondo. Por ejemplo, el proyecto para crear una escuela judicial que promueva la selección y ascenso de funcionarios a través de la capacitación y el mérito, y "no por relaciones políticas o judiciales", como sostuvo Vidal hace poco en el mensaje a la Asamblea Legislativa.

¿Fue aquella una mención tácita a Guillermo Atencio? El juez de garantías n° 2 de La Plata intentó quebrar la política procesal de Cambiemos que restringe al máximo las prisiones preventivas. El magistrado alentó a los fiscales para aplicársela al intendente de Ensenada, Mario Secco, antes de que declarase en la causa donde se investiga su participación en los incidentes del 14 de diciembre en la Legislatura. Sospechado por supuestas coimas y por dilatar causas como la de enriquecimiento ilícito contra Blas Altieri, destituido en 2012 del cargo de intendente en Pinamar, Atencio lograría eludir un juicio político gracias a la fluida relación que se le atribuye con Genoud.

Se suma el inédito pedido de prórroga efectuado por la Corte bonaerense para la entrada en vigencia de la acordada, votada en diciembre, que obliga a la presentación anual de la declaración jurada de bienes a todos los miembros del Poder Judicial. ¿Los argumentos? La adecuación del software de ese tribunal (que ya puso en funcionamiento Julio Conte Grand en la Procuración General) y el temor a que su seguridad pueda ser violada.

Lo cierto es que hay jueces que se verían en apuros para justificar sus bienes. Un juez del Tribunal de Casación, la máxima instancia penal en la provincia y donde terminan las apelaciones de los casos ligados a la corrupción, insiste en que ganó tres veces la lotería para justificar el crecimiento de su patrimonio. Otros funcionarios están convencidos de que el efecto de la acordada será devastador entre los fiscales. Especialmente para algunos que manejan expedientes de extrema sensibilidad política.

Pero el dato es que las reformas que Cambiemos pretende impulsar precisan del consenso del PJ en la Legislatura. Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense, dialoga con sus delegados para modificar el sistema de coparticipación impositiva, basado hasta ahora en una cápita que toma en cuenta el número de camas en hospitales públicos y geriátricos (lo que quizá explique la sensibilidad exhibida por algunos intendentes con la Tercera Edad y la afición de inaugurar centros asistenciales).

El ministro trabaja en sustituirlo por otro más equitativo que premie a quienes gasten mejor y privilegien el aumento de la recaudación. "Detrás de cada decisión están nuestros jefes" (por los ciudadanos) y "Esta vez es de verdad", repite la gobernadora. No son consignas destinadas a conmover al público sino, más bien, a la oposición. Vidal necesita de quienes consintieron las distorsiones en el Estado para poder corregirlas.

Tal vez debería persuadirlos de volver al origen de su pensamiento doctrinario. Siempre inclinado a observar síntomas similares a los de 2001 en cualquier tensión, Eduardo Duhalde está convencido de que la gobernadora es peronista. No es una autocrítica. Pero es un principio.

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