Otro ataque a la Justicia

A unos pocos meses de las elecciones presidenciales, el Gobierno se dispone a dar un nuevo golpe a la independencia de la justicia penal nacional con competencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y a avanzar con las fallidas designaciones de varios fiscales federales suspendidas por una medida cautelar resuelta durante el mes de enero.

Con la promesa de recibir un trámite "exprés", ingresó al Congreso Nacional el proyecto de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que en tres meses debería estar en vigor, de acuerdo con los plazos allí establecidos. Sin haberles dado ningún tipo de participación a las universidades, fundaciones, colegios de abogados, asociaciones de magistrados, funcionarios o empleados, se impulsa un cambio que directamente excluye al personal técnico más calificado que hoy tiene la Justicia para supervisar la actuación policial, recolectar material probatorio y lograr la concreción de los juicios orales en delitos sumamente graves.

La maniobra que se pretende concretar con la incorporación de personal no formado, ¿adicto?, y "no contaminado por la antigua Justicia", deja en evidencia la intención de generar una Justicia paralela que reemplace a los actuales funcionarios y empleados, quienes serán relegados de su carrera judicial y puestos en un limbo para lograr el supuesto efecto de "democratizar la Justicia".

La creación de una comisión de implementación de la reforma que no respeta siquiera una representación similar a la composición del Consejo de la Magistratura, y que incorpora a representantes de instituciones que no lo componen, es manifiestamente contraria a la Constitución Nacional y antidemocrática, pues no admitiría cambios aún después de que se modifique la composición del gobierno luego de las próximas elecciones, y constituye además una clara intromisión de los otros poderes del Estado en la organización del Poder Judicial.

No discutimos aquí si la acción penal debe o no ser ejercida exclusivamente por los fiscales, o si debe existir un juez de instrucción o un juez de garantías. Hablamos de duplicar el personal judicial a costa de los impuestos de la ciudadanía para generar una purificación ideológica, cuando ni siquiera se creó una policía judicial eficiente, tal y como lo prometieron los promotores de la reforma procesal de 1992. Por otro lado, es llamativo que bajo el objetivo de democratizar la Justicia, una fuerza política que no es mayoría en la ciudad autónoma de Buenos Aires imponga de manera experimental este procedimiento a los porteños, sin siquiera pedir la opinión de los ciudadanos o de las autoridades de la Ciudad.

Realmente, nos merecemos a nivel nacional una verdadera reforma procesal penal obtenida sobre la base de consensos, que utilice a las mejores personas con que hoy ya cuenta la Justicia e incorpore al resto en verdaderos concursos en los que no haya prejuicios ideológicos. Esta reforma no puede imponerse de manera abrupta e inconsulta, pues puede generar un grave daño al servicio de justicia y por ende a la ciudadanía en general. Se debe debatir de qué manera la ciudadanía podrá controlar la labor de los fiscales, y cómo se protegerá su independencia. La persecución de la que fue víctima Campagnoli, y la manera en que se terminaron archivando los hechos denunciados por el fallecidoNisman nos obligan a dar este debate.

En contra del permanente reclamo ciudadano de transparencia, la Procuración General de la Nación adquiere poderes ilimitados y una absoluta discrecionalidad para la asignación de fiscales a casos concretos y para decidir el archivo de investigaciones, sin que esté previsto un verdadero control ciudadano o de los demás estamentos judiciales, como hoy tienen los jueces a través del Consejo de la Magistratura.

Todos los que participamos de alguna manera de la actividad judicial conocemos el grave daño hecho por el Gobierno a la Justicia al sumergirla en el centro de la política partidaria. La Justicia debe, de manera independiente y con un alto nivel de profesionalismo, aplicar la Constitución Nacional y las leyes en forma eficiente. Debemos tener en cuenta el fuerte reclamo de la sociedad para con los graves problemas que hoy existen de retardo judicial, narcotráfico, corrupción, trata de personas, violencia y de inseguridad en general. La forma en que se propone implementar la reforma no contribuirá a resolver estos flagelos, no dará mayor credibilidad al sistema y pondrá en tela de juicio a la gran mayoría de funcionarios que sean designados, aunque sean realmente probos e independientes.

Es el momento en que el Congreso de la Nación debe convocar a todos los actores del sistema judicial, tal y como lo viene reclamando la inmensa mayoría de los abogados, empleados, funcionarios y jueces de la justicia nacional, para establecer a través del consenso las pautas, tiempos y la manera en que, con una correcta asignación de recursos humanos y económicos, se permita a la justicia penal brindar a la sociedad un mejor servicio de justicia.

El autor es profesor de derecho penal de la UCA y vicepresidente de la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires

Luis Fernando Velasco