Otro "Estado fallido" bajo la lupa

Juan Gabriel Tokatlian Para LA NACION
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5 de abril de 2010  

Los fenomenales niveles de violencia en México, derivados del auge del narcotráfico, han llevado a que Estados Unidos ubique a su vecino en el radar de atención. Hace unos días, y en un hecho poco usual, viajaron a Ciudad de México los secretarios de Estado, Defensa y Seguridad Interior estadounidenses, más el jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas, el director nacional de Inteligencia y el titular de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés). Antes de la visita se multiplicaron en Washington las voces de políticos, militares y especialistas acerca de que México estaba a las puertas de constituirse en un "Estado fallido". Los funcionarios civiles y castrenses repitieron que EE.UU. entendía que el fenómeno de las drogas era un asunto "ligado a la corresponsabilidad".

Pero en realidad nada de lo expresado en Washington o en Ciudad de México es nuevo, adecuado o prometedor. La preocupación por los "Estados fallidos" en la estrategia internacional de los Estados Unidos es de larga data. Según la mirada oficial, existirían tres brechas entre un Estado aparente y otro empírico: una brecha de legitimidad, otra de capacidad y una última de soberanía. Los "Estados fallidos" carecen de legitimidad, no disponen de los atributos y estrategias necesarios para enfrentar las dificultades que afrontan y tienen menos control territorial del que poseen los Estados plenamente constituidos.

Esta convergencia fue generando un relativo consenso: lo que provoca un "Estado fallido" es una combinación de incapacidad de gobernar (por falta de recursos y de aptitud) y ausencia de voluntad política. Eso propicia el derrumbe estatal definitivo. La confluencia de ambos factores es letal.

La presunta carencia de capacidad y de voluntad motivó que se argumentara que la solución al desfallecimiento estatal debía provenir de afuera. El correlato político de esta conclusión era que un "Estado fallido" en ciernes o consumado requería una alternativa exógena para su superación.

En esencia, desde el ángulo de los tomadores de decisión en Estados Unidos, un "Estado fallido" no es necesariamente un Estado hostil y pendenciero, sino un Estado inepto e indolente, lo cual lo hace ingobernable. La perturbación que produce ese tipo de Estado es fuente de problemas; en particular, cuando en algunos casos se presentan, a su vez, actores terroristas. En consecuencia, el "Estado fallido" pasó a convertirse en una amenaza a la seguridad nacional y a los intereses globales de Estados Unidos. Por lo tanto, ese Estado subordinado y tumultuoso debía (y debe) ser estabilizado para que sus efectos no produjeran males mayores.

Por su parte, la corresponsabilidad también tiene una larga historia. Desde los años 90, el principio de la corresponsabilidad en cuanto a la cuestión de los narcóticos fue aceptada y validada por la comunidad internacional. En cierto sentido, ése fue el resultado de la gradual caducidad de las miradas dicotómicas sobre el fenómeno de las drogas. Las perspectivas más usuales hacían referencia a la existencia categórica de países productores y países consumidores, a la identificación del origen de la problemática en los "polos de oferta" o los "centros de demanda" y a la presunta existencia de buenos y malos, de acuerdo con el compromiso en la lucha antinarcóticos.

Esa separación dicotómica sólo reforzó equívocos y estereotipos en los países desarrollados y en las naciones en vías de desarrollo.

Para los primeros, la mayoría de los gobiernos en la periferia eran inmaduros, incapaces e inconstantes en su combate contra las drogas y, por lo tanto, se los maltrataba denominándolos "narcocracias", "narcoestados" o "narcodemocracias". Para los segundos, los países centrales recurrían a un doble estándar: no asumían en el nivel local las políticas draconianas que le exigían al Sur y desplegaban un "narcoimperialismo" moral en torno al tema de las drogas ilícitas.

En ese contexto, la noción de la corresponsabilidad contribuyó a despolarizar, parcialmente, la polémica interestatal en cuanto a la lucha antinarcóticos, facilitó el logro de algunos ajustes en las políticas públicas contra las drogas y permitió un debate más amplio entre los actores sociales localizados en los diferentes países afectados por el problema de las sustancias psicoactivas ilícitas.

Sin embargo, ese principio, cada vez más consensuado, no fue un aporte para la solución de las dificultades generadas por el fenómeno de las drogas. En realidad, la corresponsabilidad contribuyó a "normalizar" la "guerra contra las drogas"; una guerra que fue incorporando algunas pocas zanahorias al arsenal de garrotes tradicionalmente implementados. Más allá del recurso discursivo, en el sentido de que muchos actores eran simultáneamente responsables de la expansión violenta y lucrativa del negocio de los narcóticos, las tácticas punitivas no se alteraron y se tendió a tomar como algo natural la prohibición como vía primordial para hacer frente a las drogas. La retórica de la corresponsabilidad -que también fue adoptada por la ONU- permitió que el statu quo en materia de drogas se preservara, con menos críticas estridentes del Sur y mayor exculpación circunspecta del Norte.

Ahora bien, ni la estigmatización del "Estado fallido" o su instrumentación en la política exterior estadounidense ni la proclamación retórica en Washington y en otras capitales de la corresponsabilidad en materia de drogas resolvieron el problema del narcotráfico.

Dos ejemplos distintos, pero notables, respaldan esta aserción: Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, y Afganistán, el mayor productor mundial de heroína, fueron en su momento identificados como "Estados fallidos" y han recibido, con notorias diferencias, una asistencia y despliegue masivos de los Estados Unidos. Sin embargo, el negocio de las drogas ha seguido proliferando en ambos, ha crecido el poderío de organizaciones criminales ligadas a los cultivos ilícitos y la estatalidad plena está muy distante de lograrse.

El problema del narcotráfico en México no pasa por denigrar a ese país con el calificativo de "Estado fallido". Un mayor músculo bélico, vía más ayuda de seguridad en el marco del plan Mérida y la eventual creación de escuadrones militares binacionales, no resuelve el debilitamiento estatal en México. La propensión a pensar en soluciones externas, por medios indirectos o directos de intervención, no produce más o mejor estatalidad.

En código anglosajón, no existe ni quick fix ni magic bullet en la superación del fenómeno de las drogas. Más aún: hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es, naturalmente, un proveedor de orden; puede, incluso, ser un generador de más desorden.

El problema del narcotráfico en México tampoco se resuelve invocando una dudosa corresponsabilidad. La idea de la responsabilidad compartida surgió ante los crecientes cuestionamientos al combate contra los narcóticos y apuntó a sugerir que muchos o todos tenían que ver con el origen y la evolución del fenómeno de las drogas.

Más allá de lo retórico, este principio no ha contribuido a modificar la esencia de la cruzada antinarcóticos. En vista de los enormes perjuicios derivados de la prohibición, parece prudente estimular un cambio paradigmático que coloque el acento en la noción de la "coconstrucción" alternativa; esto es, construir de manera compartida un enfoque distinto del actual, orientado a reducir los costos humanos generados por la "guerra contra las drogas" y con la aspiración genuina de resolver progresivamente el fenómeno de los narcóticos.

América latina está siendo testigo del peligroso encumbramiento de una pax mafiosa a lo largo y ancho de la región; es decir, al crecimiento y consolidación de una nueva clase social criminal con capacidad hegemónica ante la desorientación de las elites dirigentes, la parálisis de la sociedad civil, el debilitamiento del Estado, la torpeza de Estados Unidos y de las inconsistencias de la comunidad internacional.

Esta pax mafiosa, que se expresa más a nivel local, municipal, provincial y departamental que en el plano nacional, confirma la existencia de una sofisticada criminalidad organizada que opera con más influencia y recursos que muchos Estados de América latina.

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