País federal y educación nacional

Por Antonio F. Salonia Para LA NACION
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25 de enero de 2002  

La discusión que se suscitó en torno de si debía mantenerse la estructura del Ministerio de Educación de la Nación o sustituirse por un organismo nacional de coordinación y apoyo de las actividades jurisdiccionales nos llevó a sospechar que para ciertos sectores, partidarios de la continuidad ministerial, se trataba de una cuestión significativa en lo meramente formal y que sus palabras en favor del sostenimiento de una estructura imprescindible para el desarrollo de la educación del país ocultaban en realidad la nostalgia del antiguo hegemonismo central y la voluntad de seguir ejerciendo el paternalismo de siempre, en las decisiones y en los controles: "Porque todavía no están maduras las provincias para asumir y desplegar a pleno sus facultades federales... Con el tiempo y despaciosamente, les llegará el turno de funcionar y operar con la totalidad de sus derechos y obligaciones. Mientras tanto, el ministerio nacional debe cubrir los huecos y las falencias".

Evidentemente, se apela a argumentos tramposos y falaces. No es verdad que las provincias no estén suficientemente adultas como para actuar con autonomía y eficacia en sus responsabilidades educativas ni que las burocracias centrales tengan idoneidad superior y resulten insustituibles.

De lo que se trata en rigor, y no debería suscitar controversia, es de las responsabilidades que le caben al Estado nacional en el área educativa y -en la situación actual, con servicios transferidos- del nuevo protagonismo de las provincias en la definición de políticas educativas y en la elaboración de currículos de los diversos niveles y modalidades. Por un lado, el ámbito político e institucional de la vertebración e integración de la política educativa común, y el vértice desde donde se expanden orientaciones y asistencias -económicas y técnicas- a las jurisdicciones, y por el otro, los ámbitos políticos e institucionales de las ideas y las propuestas de las provincias, que, individual o colectivamente, contribuyen a robustecer y mejorar las estructuras nacionales y las decisiones compartidas en los temas que les incumben; es decir, convergencia plena de facultades y responsabilidades de Nación y provincias, y nutrimiento mutuo, sin retaceos y solidariamente.

Por nuestra cuenta, siempre sostuvimos que era necesario el ministerio nacional, y no lo pensamos circunscripto a la temática educativa, sino incluyente también de Ciencia y Tecnología, de Cultura y de Comunicaciones Sociales (o como se llamare, de obvia y evidente interrelación con las otras áreas). Podría referirse la estructura nacional a un Ministerio de la Cultura que abarcara e integrara los campos afines. Pero no avancemos, por ahora, en estas disquisiciones.

Nuevos horizontes

Estamos viviendo hoy un nuevo y promisorio protagonismo de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el campo educativo. Sostienen los servicios con sus recursos regularmente insuficientes, los administran y están en su órbita el apoyo técnico y la supervisión de las actividades docentes. En la mayor parte de los casos, las jurisdicciones debieron ampliar los organismos de conducción de determinadas áreas o directamente crearlos. Sólo contaban con pequeñas estructuras técnicas y equipos profesionales limitados, o carecían de ellos. No siempre la Nación acudió con la ayuda necesaria, ni tampoco con los aportes obtenidos vía financiamiento internacional, que no fueron repartidos equitativamente hacia el interior. Los funcionarios del paternalismo central los usaron en volumen mayor y sólo precaria y esporádicamente contribuyeron con las jurisdicciones para acciones de perfeccionamiento docente y ampliación de bibliotecas escolares.

Pero las limitaciones impuestas y las responsabilidades cumplidas a medias por algunas provincias -por omisión y porque no fueron vigorosas en sus reclamos- no invalidan la política de federalización educativa ni la coartan para el futuro. Simplemente, de aquí en más, hay que transitar por los caminos correctos.

El traspaso de escuelas y la Ley Federal de Educación fueron aprobados por el Congreso de la Nación, están vigentes y deben llevarse adelante en todo lo que contienen de nuevo, positivo y transformador. Si merecen modificaciones y actualización después de una década de aplicación -con acuerdos y discrepancias, con acciones entusiastas y con retaceos, con ritmos disímiles y heterogeneidades-, allí está el Congreso de la Nación para hacerlo, democráticamente y con vocación de consenso.

Porque la federalización educativa no se alcanzó con las transferencias escolares. Eso fue sólo un primer paso, necesario pero insuficiente. Lo importante era lo que debía venir después: que la política educativa y los currículos fueran definidos y construidos -y revisados y actualizados periódicamente- en el trabajo común de Nación y provincias, sin yuxtaposiciones ni sumas, integrando en las bases compartidas y desde esas bases, en cada jurisdicción y en cada escuela, la incorporación, orgánica y coherente, de los contenidos curriculares que expresaran sus propias realidades y su particular horizonte de expectativas: las improntas de la diversidad federal.

La estructura política nacional y el Ministerio de Educación tienen la misión fundamental de afirmar y preservar la columna vertebral de la Nación plural y única, y de acoger las contribuciones de las veinticuatro jurisdicciones, para que con ellas como coprotagonistas, juntos y armónicamente, construyan y definan los contenidos de aprendizaje, los valores y los ideales de la unidad nacional.

Ministerio y Consejo

En sede del ministerio nacional despliega sus cometidos el Consejo Federal de Educación, que en la actualidad y como consecuencia de la transferencia de las escuelas y la legislación vigente tiene la oportunidad de desempeñar funciones decisivas y dejar atrás los papeles formales y precarios que vino cumpliendo hasta ahora. Deberá fortalecerse y operar más efectivamente como puente para soluciones de todo tipo entre Nación y provincias.

Evidentemente se trata de un nuevo modo de funcionar en materia educativa y del que no hay tradición ni experiencia. Es el modo nuevo del país que ha de hacer el tránsito desde el federalismo de las normas constitucionales y legales no cumplidas hasta la realidad viva de veinticuatro jurisdicciones en el pleno ejercicio de sus responsabilidades, y, a la vez, de una Nación que abandona el viejo centralismo y las actitudes paternalistas y asume sus facultades para expresar políticamente a todos y preservar, con apoyo federal, la identidad común, la conciencia de la pertenencia y la continuidad histórica, los contenidos, los desafíos y los fervores de la compartida y unitiva cultura nacional.

Como se ve, es más que mantener una estructura burocrática central y seguir usando membretes y sellos de goma con el Escudo de la Nación.

El autor fue ministro de Cultura y Educación de la Nación.

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