Paraíso turco de la droga

Por Wolfgang Koydl Säddeutsche Zeitung
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30 de marzo de 2000  

ESTAMBUL

En los puestos fronterizos de Europa, es muy común ver camiones turcos, con la bendición islámica Maashallah pintada en la parte superior de la cabina, recorriendo las rutas del transporte de larga distancia. Su carga no siempre es lícita, pero los aduaneros muy raras veces se anotan un triunfo como el descubrimiento reciente, en Francfort del Oder, de 4 toneladas de hachís ocultas bajo un piso falso. Todo un récord en la Alemania posterior a 1945.

Semejante captura no debería sorprender a los investigadores occidentales. El Departamento de Estado norteamericano acaba de emitir un informe donde afirma que el 75 por ciento de las drogas ilícitas introducidas en Europa provienen de Turquía o son contrabandeadas a través de su territorio. Cada mes, de 3 a 4 toneladas de heroína salen de Turquía hacia Europa occidental. Asimismo, se sabe que el separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha recurrido, en gran medida, al tráfico y contrabando de drogas para financiar su guerra contra el Ejército turco.

Funcionarios cómplices

Ahora se ventila por primera vez en público la imposibilidad de producir y sacar del país semejantes cantidades de drogas sin la aprobación tácita de diversas instituciones y autoridades estatales turcas. Los camiones de los contrabandistas recorren todo el país, desde Hakkan, en el sudoeste, hasta más allá de Estambul, en el noroeste: son más de 2000 kilómetros por una sola ruta. Podrían haber sido rodeados hace tiempo, ya que, a raíz de la guerra contra el PKK en las provincias orientales y sudorientales, se han establecido puestos de control militares y policiales cada dos kilómetros, aproximadamente.

Con una franqueza inhabitual en Turquía, una comisión investigadora parlamentaria describe en su informe la conexión entre el narcotráfico, el Estado y la lucha contra el PKK. "Es obvio que esta gente lleva a cabo sus negocios ilícitos bajo la protección y con la cooperación de representantes del Estado", asevera, refiriéndose a los contrabandistas de armas y drogas.

El informe corrobora las afirmaciones en el sentido de que grupos influyentes locales vienen lucrando, desde hace años, con la guerra sucia y, por lo tanto, no tienen el menor interés en buscar una solución pacífica. Se dice que el narcotráfico ha redituado 50.000 millones de dólares en los últimos quince años.

Tráfico humano

A esto habría que añadir el tráfico humano, un área del crimen organizado más reciente y en crecimiento. Concentran grupos de refugiados en la parte oriental de Turquía, los trasladan a la costa sur o a la frontera oriental y, desde allí, los encaminan por tres rutas alternativas: por mar, a una isla griega; a pie, hasta Bulgaria, o, también a pie y por campos minados, a Grecia. La policía albanesa descubrió recientemente una cuarta ruta, por la que derivan a un número creciente de kurdos: Kosovo, Albania, el Adriático (en lanchas rápidas) e Italia.

Los que más lucran con la guerra son los grandes terratenientes kurdos, denominados agaes; sus familias, agrupadas en clanes, ejercen un dominio de tipo feudal. Desde un principio, han sido el enemigo natural del marxista PKK. A cambio de una gratificación, ponen a disposición del Ejército turco a pobladores locales, en calidad de mercenarios. Estos hombres han resultado indispensables como exploradores y combatientes. Sin estas tropas de apoyo kurdas, probablemente le habría sido imposible al Ejercito turco doblegar al PKK.

A cambio de su colaboración, los agaes gozan de absoluta libertad de acción en sus tierras. Nadie observa si maltratan a sus campesinos, que, de hecho, son siervos de la gleba. A nadie interesa en qué negocios turbios o ilegales podrían estar metidos. Por lo demás, tienen excelentes conexiones políticas. A menudo, los jefes de clan cuentan con una banca parlamentaria como parte de sus posesiones hereditarias, por decirlo así. Desde allí, entre bambalinas, pueden manipular los hilos adecuados. Todo está en venta, desde el poder hasta los políticos y los funcionarios del gobierno. Es un negocio enteramente libre de riesgos. En todo caso, hasta ahora.

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