Paro agropecuario y cortes de rutas

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21 de octubre de 2000  

El paro dispuesto por el sector agropecuario como expresión de protesta contra los factores que perjudican y deterioran injustamente su capacidad productiva ha mostrado en estos días, una vez más, su modalidad peculiar. El cese de tareas de los hombres de campo no interrumpe el trabajo tranqueras adentro; las actividades propias de la producción agropecuaria continúan desarrollándose y, en ese sentido, la medida de fuerza provoca menos perjuicio a la economía que otras huelgas, que paralizan lisa y llanamente la producción.

Sin embargo, la protesta del agro también ocasiona daño al movimiento económico, en cuanto distorsiona el abastecimiento de granos, de ganado y de productos en general, que sufre -de un modo u otro- una desorganización previa y posterior a la paralización. Se excluye del paro -es cierto- el abastecimiento de elementos perecederos, como la leche y ciertos productos frutihortícolas.

El paro rural aparece, en principio, como el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución. Pero hay un aspecto en el que se coloca decididamente al margen de toda legalidad y adopta un carácter que cae en lo delictivo: nos referimos a los ya clásicos cortes de rutas, consumados mediante la intervención de piquetes. El cierre compulsivo de una vía de tránsito conforma un acto de violencia y viola el derecho de las personas de transitar libremente por las calles y los caminos de la República, establecido por el artículo 14 de la Constitución en beneficio de todos los habitantes de la Nación.

Se trata de una conducta que de ningún modo puede admitirse. Por válidos que sean los reclamos formulados por el sector agropecuario, el corte de rutas resulta intolerable. Ninguna circunstancia justifica que se vulnere un principio constitucional, como es el de circular por el territorio nacional. Nuestra ley suprema le ha otorgado a ese principio la máxima protección, pues lo ha incluido entre las libertades civiles esenciales y lo ha considerado como uno de los derechos subjetivos inalienables de la persona humana. Debe recordarse también que el Código Penal establece penas por delitos de esa naturaleza.

Quienes cortan las rutas están operando probablemente al margen de la intención de las entidades organizadoras del paro. Al proceder así, probablemente, no miden el rechazo que provoca en amplios sectores sociales ese tipo de procedimientos compulsivos, que han sido usados en múltiples oportunidades para apoyar reivindicaciones de orden gremial o de protesta cívica y que ahora son asumidos en nombre de la defensa del sector rural.

Anteriormente fueron los transportistas los más entusiastas ejecutores del corte de rutas. La sociedad guarda memoria de episodios de ese tipo sumamente ingratos, que exhibieron una lamentable carga de violencia y que se desarrollaron, principalmente, en el nordeste y el noroeste del país.

El Estado debería ejercer su obligación de hacer respetar el orden público mediante procedimientos eficaces, sin ejercer violencia, pero con los instrumentos que la ley pone en sus manos. De lo contrario, se corre el riesgo de acrecentar la indisciplina social y de conculcar los derechos de terceros, afectando la evolución general de la economía y erosionando paulatinamente la gobernabilidad y la convivencia social.

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