Penúltimo acto de un policía racista y mentiroso

NUEVA YORK
Un jurado texano acusó formalmente de perjurio a Thomas Coleman, el ex policía que llevó a cabo un vil operativo secreto que destruyó gran parte de la comunidad negra de Tulia, pueblo del Panhandle (la saliente al norte de Texas, entre Nuevo México y Oklahoma). Pero no deberíamos apresurarnos a brindar con champán. La acusación contra Coleman, que decía ser un agente "ultrasecreto" antidrogas y maquinó una de las peores atrocidades de estos últimos años en materia de justicia penal, en realidad no es una transacción tan buena.

Trece de las personas hacia las que apuntó su investigación racista, insensata e improcedente continúan encerradas en la infernal cárcel del estado de Texas. Y no hay una relación directa entre las mentiras que le imputan a Coleman y su investigación en Tulia, ahora desacreditada oficialmente.

Sería afrentoso que condenaran a Coleman por perjurio y dejaran que los funcionarios superiores que alentaron sus actividades en forma entusiasta (y procesaron y encarcelaron a sus víctimas) evadieran toda responsabilidad por sus actos.

El operativo secreto de Coleman y su testimonio, que nadie verificó ni confirmó, redundó en el encarcelamiento de casi cuarenta individuos, casi todos ellos negros. En la redada del 23 de julio de 1999, con su serie de arrestos humillantes, la policía no encontró armas, drogas ni dinero.

En el ambiente pueblerino de Tulia, cargado de racismo, se denostó a los acusados calificándolos de narcotraficantes de fuste. Algunos fueron sentenciados a penas insólitas y crueles: 90 años de cárcel o más.

Desde entonces, se ha demostrado que Coleman es un individuo extraño que acusó a personas evidentemente inocentes: garabateaba en diversas partes de su propio cuerpo datos importantes para la investigación; había tenido problemas legales; en una ocasión, de un escopetazo, había hecho añicos el parabrisas de un patrullero; siempre se refería a los negros con el término despectivo niggers , y, en general, tenía fama de ser un policía poco serio y confiable.

En suma, era un payaso peligroso. Sus actividades deberían ser investigadas a fondo por autoridades competentes. Lo mismo cabe decir de sus superiores.

Para los texanos, el fiasco de Tulia fue un triunfo de la Justicia en lo Penal. Aclamaron a Coleman como a un héroe y lo declararon "policía del año". Recibió este premio de manos de John Cornyn, por entonces fiscal general de Texas y hoy senador nacional.

"Tulia no es sólo la historia de un policía canalla", dice Vanita Gupta, abogada del Fondo Educacional y de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, a cargo de las apelaciones de varios acusados. Están en juego cuestiones mayores. Entre otras, por qué sucedió todo esto, quiénes permitieron que sucediera y por qué el establishment judicial se negó a intervenir aun cuando ya era obvio que se estaba cometiendo una gran injusticia.

Torpe lucha contra la droga

Las actividades de Coleman fueron costeadas por el gobierno federal. Lo contrató, y debería haberlo supervisado, la Fuerza Regional de Tareas contra Narcóticos del Panhandle, uno de los tantos grupos con financiación federal que supuestamente vienen librando una guerra total contra el azote de las drogas en Estados Unidos.

Los que operan en Texas constituyen ejemplos notables del desmadre de la lucha contra las drogas. Malgastan millones de dólares en investigaciones torpes que, en su mayoría, atrapan a delincuentes de poca monta y tienden a centrarse, cual rayos láser, en los negros o en los hispanos.

El modo en que el Departamento de Justicia distribuye los fondos alienta a estas fuerzas a sumar la mayor cantidad de arrestos posible, ya sean peces gordos o chicos. Cuanta más gente arresten, tanto más dinero reciben.

Las travesuras de Coleman en Tulia resultaron indefendibles, por lo estrafalarias. En marzo, las autoridades arrojaron la toalla. Los fiscales admitieron haber cometido un tremendo error al confiar en el testimonio no corroborado de Coleman y peticionaron ante la Justicia por la revocación de todas las condenas, incluidas las de quienes se habían declarado culpables. (Ante la excesiva dureza de las sentencias que se iban anunciando, algunos acusados se apresuraron a declararse culpables a cambio de una pena más leve.)

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Texas tiene la última palabra respecto a la anulación, o no, de las condenas. A estas alturas, lo decente sería aliviar el sufrimiento de los trece individuos que aún permanecen entre rejas poniéndolos en libertad bajo fianza, en espera del fallo definitivo de la Cámara.

Tal sería el procedimiento decente y honorable. Pero estamos hablando de Texas.