Perdidos por hacer camino al andar

Como si la Argentina no fuera un enigma para propios y extraños, el presidente Eduardo Duhalde acaba de hacer en estos días otro sustancial aporte a la confusión general. Al reconocer que su gobierno no tiene plan económico por no haber podido llegar todavía a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Presidente no sólo hizo explícito lo que todo el mundo supone. También invirtió los términos de una ecuación lógica: hace casi seis meses que la comunidad internacional le viene pidiendo un plan "sustentable", como condición para brindarle al país algún tipo de asistencia financiera que permita aliviar los rigores de su peor crisis.

No es una novedad que, desde hace más de un año, la Argentina está haciendo camino al andar en materia económica. Y que ese camino se ha transformado, en los últimos siete meses, en un intrincado laberinto tras la delirante sucesión de episodios que comenzó con el corralito financiero, siguió con el default de la deuda pública festejado por el Congreso y continuó con la maxidevaluación del peso, la pesificación asimétrica de préstamos y depósitos, la violación de contratos privados y la virtual destrucción de las instituciones económicas. Los resultados están a la vista: no sólo la actividad económica quedó en estado vegetativo porque desapareció el crédito y se evaporó el consumo, sino que creció fenomenalmente el desempleo privado, al igual que el deterioro social. Con un tipo de cambio que pasó de 1 a 4 pesos por dólar, el país es cuatro veces más pobre que a fin de 2001; pagar la deuda pública -que, a raíz de la devaluación, ahora representa 130% del PBI- se hace cuatro veces más dificultoso y nadie habla de ello.

Hace dos meses, horas antes de presentar su renuncia indeclinable, el ex ministro Jorge Remes Lenicov llegó, aún sin plan, a estar bastante cerca de la negociación final con el Fondo. Lo que entonces no esperaba Remes era encontrarse con un presidente que llevó al extremo sus dudas sobre acordar o romper con el FMI. Ahora que Duhalde está resignado -y urgido- a firmar cualquier tipo de entendimiento como una cuestión de supervivencia política, el ministro Roberto Lavagna está obligado a definir contra reloj tres condiciones básicas que ha venido demorando: el ajuste fiscal en las provincias, el descongelamiento de las tarifas de servicios públicos y la reestructuración del sistema financiero. Por evitar algunos costos políticos y económicos, el Gobierno termina pagándolos todos al mismo tiempo. A tal punto que ahora recurrirá al consejo de expertos extranjeros.

En este sentido, la gira de Lavagna por los Estados Unidos parece haber sido un aprendizaje forzado para el ministro, quien tuvo una gélida bienvenida, a pesar del clima veraniego de Washington: el director-gerente del FMI, Horst Kšhler, eligió las páginas de un diario alemán para expresar su decepción por las dilaciones argentinas.

Lavagna ya había sentido una frialdad similar en Nueva York, cuando dialogó con ejecutivos del área latinoamericana de los principales bancos extranjeros con intereses en la Argentina. Con una cordialidad no exenta de firmeza, los banqueros le hicieron saber que poco podían asegurarle si antes no se definía qué planes tiene el Gobierno con respecto al futuro del sistema financiero. Ese futoro no es sólo el mediano plazo: de hecho, los bancos no pueden cerrar sus balances de junio porque el Estado no instrumentó aún los bonos para compensarlos por la pesificación asimétrica y la eliminación del CER. La idea esbozada por el ministro antes de partir de Buenos Aires -de armar un seguro "off shore" para los nuevos depósitos que capten las entidades- ni siquiera llegó a considerarse. La razón es que no hay ningún país donde la confianza de los ahorristas dependa de un seguro que nadie sabe quién otorgará, ni quién tomaría a su cargo, cuando las instituciones no funcionan.

En cambio, Lavagna tuvo la lucidez de despegarse del autista discurso oficial según el cual la crisis de confianza que se desató en Brasil obedece al contagio argentino, por lo cual el FMI debería apurar su ayuda. Hubiera sido un papelón: los candidatos con mayores chances a la presidencia de Brasil -el izquierdista Lula da Silva y el oficialista José Serra- coinciden en hacer campaña asegurando, justamente, que no harán los desastres que hizo la Argentina, pese a que el deterioro fiscal en el país vecino ha encendido luces de alarma en el tablero de los inversores internacionales. En cambio, el Fondo se mostró especialmente expeditivo con Uruguay, que sí ha sido una víctima inocente del contagio de sus vecinos y que optó por vacunarse con un plan a medida de la ortodoxia fondomonetarista: ahora tiene disponibles 3000 millones de dólares.

Un pobre plan

Como corolario, el ministro argentino debió conformarse con su plan de mínima. Con la negociación abierta con el Fondo, la Argentina se asegura una prórroga del vencimiento por 1100 millones de dólares que se produce el 15 de julio y que, de lo contrario, debería afrontar con sus reservas. Sin embargo, como el avance hacia el acuerdo seguirá a marcha lenta, ahora quedan en la nebulosa dos cartas que el Gobierno se guardaba en la manga para una negociación más favorable. Una, recibir del FMI una "devolución" de 1200 millones de dólares por los pagos que la Argentina hizo este año a los organismos financieros multilaterales (BM, BID) y que irían a destinarse a un fondo de estabilización cambiaria. La segunda era otra devolución, pero interna: el controvertido 13% que se descontó a jubilados y empleados públicos nacionales, cuando Domingo Cavallo creía que así llegaría al "déficit cero". Tras la maxidevaluación, ese reintegro es hoy poco significativo medido en dólares, pero en cambio aflojaría presiones por una eventual indexación de haberes estatales.

En el "debe" de esta negociación que tiende a eternizarse quedan otros puntos pendientes, como la indefinición sobre las tarifas públicas, que ahora Duhalde estaría dispuesto a descongelar -se lo prometió la semana pasada a directivos de empresas extranjeras- y la reforma financiera, sobre la cual ya comenzó a trabajar el flamante presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli. Antes que eso, el Gobierno deberá despejar dudas sobre la creciente politización del Banco Central debido al avance del Ministerio de Economía (que además de imponer dos directores hasta pretendió cerrarle su oficina de prensa) y sobre cómo piensa encarar la renegociación de la deuda externa pública y privada, para la cual sigue sin haber equipos ni plazos.

Entretanto, espera cerrar esta semana el conflicto de poderes con la Corte, con lo cual el tribunal podría frenar los recursos de amparo contra el corralón financiero, que siguen sucediéndose como si la "ley tapón" no existiera, si bien con una intensidad menor a la de meses anteriores. Esta cuestión, a su vez, será crucial para determinar si tiene alguna chance el canje voluntario de depósitos por bonos estatales que diseñó el Ministerio de Economía, o bien si habrá otro round hacia una definición compulsiva.

Pese al "sincericidio" de Duhalde, el Gobierno deberá armar urgentemente una estrategia para dejar de hacer camino al andar en todas estas cuestiones. En un país que se ha habituado a optar entre extremos y donde el dólar es el único refugio, anunciar de antemano que el BCRA dejará de vender reservas cuando éstas lleguen a 9000 millones (ahora hay 9700) es toda una invitación a cubrirse a cualquier precio. A menos que el futuro inmediato deje de ser una cuestión de intuición o de astrología.