Políticas que podrían devenir ilícitos

El Estado presente debe en primer lugar estarlo para proteger los derechos humanos. Cuando las decisiones políticas los vulneran ¿son judiciables? Los decisores políticos debieran saber que sus acciones conllevan siempre consecuencias y presumirlas, porque es una función primordial que les compete poder anticiparse para prever el riesgo al que se pueden exponer a toda una población cuando los resultados de sus decisiones no sean los deseables. No hacerlo supone dolo eventual.

Y aunque sería contra fáctico suponer que las consecuencias de las decisiones hubieran podido ser diferentes y en su caso mejores, existe también consenso en analizar los resultados. Sin dudas, nuestro país tuvo el privilegio –doloroso– de ver anticipadamente la evolución de la pandemia tal como acontecía en otros países. La estrategia sanitaria que se entendió mejor fue: aislamiento corto y preparar los sistemas de salud, testear y aislar selectivamente, apelar a la responsabilidad individual, y la obtención de las vacunas.

El aislamiento al que fue sometida la población de nuestro país fue excesivo e innecesario, afectándola gravemente en múltiples aspectos como el económico, el social, el educativo, el psíquico y su misma salud. No se testeó lo necesario para poder restringir la diseminación de la enfermedad aislando selectivamente a los identificados positivos. Y nunca se explicó el motivo de esta desafortunada decisión. Tarde se llevaron a cabo programas de información y concientización de la población para que ella pudiera asumir la tarea de su propio cuidado. La postergada segunda ola finalmente llegó y estamos peor que al principio, por lo menos el número de infectados por día y el número de muertos que ya superan los 66.000 así lo indican.

Como también la situación del sistema de salud que vuelve a encontrarse en situación de estrés máximo. Porque a su vez y peor aún que lo antes mencionado, nos encontramos con la imprevisión en la gestión de la adquisición de la vacuna, a lo que debe agregarse la posible intencionalidad conexa a determinadas decisiones no clarificadas. ¿Cuántas muertes que a diario se suceden en la Argentina podrían haberse evitado si se hubiera contado en tiempo oportuno con los millones de dosis de vacunas prometidas y mal gestionadas?

En contraposición a las múltiples promesas, la realidad se impone y nos muestra no solo sus faltantes que conducen a un mínimo 2% de la población vacunada a la fecha, lo que no parece ser solo por causa de errores en la gestión, sino a su vez de la multiplicidad de desprolijidades e irregularidades, cuyas consecuencias desestimadas, permiten que muchos conciudadanos caigan presos de la enfermedad y muerte. La probabilidad de que esto ocurriese no puede ser atribuida al azar. Existen decisiones concurrentes y además de la imprevisión en la gestión de compra, y también muchas irregularidades que han sido expuestas lo suficiente como para que sean investigadas.

En caso de comprobarse estas últimas son un agregado al dolo eventual porque va de suyo que las mismas incrementan el riesgo de consecuencias negativas que no pueden creerse de ningún modo imprevisibles y que estamos hoy sufriendo. Tanto el rechazo –nunca explicado– a la adquisición de 22,5 millones de dosis del fondo Covax, como las poco claras negociaciones para la contratación de las vacunas de AsztraZeneca, que involucran al laboratorio mAbxience, o el rechazo a 12,8 millones de dosis del laboratorio Pfizer para fines de 2020, hacen presumir un direccionamiento en la compra por las razones que fueren y no una omisión inocente.

El vacunatorio VIP resulta, vista en perspectiva una cuestión menor, frente a hechos que revisten una gravedad superlativa. Como ha dicho un comunicador de medios “existen demasiadas preguntas y pocas respuestas para explicar por qué el país está entrando en las peores condiciones en la penumbra del invierno y de la pandemia”. Las preguntas deberían estar dirigidas a verificar el grado de responsabilidad existente entre las decisiones políticas adoptadas en la gestión de un tema tan importante cuyas graves consecuencias vinculadas a la vida de muchos y el quehacer de toda la comunidad, pudieron haber sido previstas, y actuado en consecuencia.

De las respuestas posibles solo puede desprenderse culpa por ineptitud o dolo eventual por imprevisión del riesgo con persistencia en la acción lesiva. En nuestro caso el “estado presente” ha vulnerado los derechos humanos a través de sus circunstanciales decisores, porque nos han privado de lo que se arrogaron desde el primer momento: el monopolio de protegernos. En circunstancias como las mencionadas las decisiones políticas deben ser judiciables y el presunto dolo eventual investigado.

Miembros del Consejo Consultivo del espacio ciudadano República Unida