Populistas y ajustadores

¿Qué significa ajustar? La primera imagen que surge es la de una tuerca, algo que está flojo y precisa ser ajustado. Esa pieza que está floja pone en peligro un todo, ya sea un sostén, una máquina o un auto.

Hay que desmitificar la concepción negativa que pretenden atribuirle ciertas fuentes al concepto, ya que ajustar lo que está desajustado es un proceso fundamental e imprescindible de cualquier sistema, tanto mecánico como social.

Vayamos a lo concreto. El índice de precios en nuestro país está totalmente desajustado. Las actuales tasas de inflación son una sangría para los sectores más desprotegidos y un factor de injusticia social. Quien les dice a los pobres que la inflación los favorece o que no los perjudica les está mintiendo.

La política hacia las economías regionales es algo que debe ser urgentemente ajustado: el actual nivel de precios relativos destruye a los empleadores del interior. La quiebra de estos empresarios deriva a sus empleados a la asistencia social, aumentando aún más los gastos públicos, o al hacinamiento en los enclaves de extrema pobreza en las principales ciudades del país.

La política energética, por citar otro caso, también requiere ser imperiosamente ajustada. El país no puede seguir dilapidando sus exiguas reservas para importar insumos energéticos que bien se podrían producir aquí.

También debe ser revertida la nefasta política que impide a las empresas invertir en máquinas y equipos al negarles -por la escasez de reservas- las divisas necesarias para su importación.

Hay otra concepción del ajuste que consiste en adaptarse a la realidad. La historia argentina de los últimos 70 años podría sintetizarse en una sucesión de ciclos conducidos por populistas derrochadores -los buenos de la película- y de procesos de ordenamiento macroeconómico ejecutados por "cretinos ajustadores, cipayos al servicio de intereses antinacionales".

Si los populistas pueden hacer su faena es porque antes hubo un ajustador que les puso la casa en orden. Es más, los populistas precisan a los ajustadores: para que hagan el trabajo sucio y para estigmatizarlos. Y viceversa, sin derrochadores -o sea, con equilibrios o superávits en lugar de déficits- no tienen sentido los ajustadores. No habría que ajustar. Cabe el ajuste cuando hay déficits crecientes que no hay manera de financiar. Y si las medidas son de teoría económica y ortodoxas, al ajuste no lo determina la ideología, sino la coyuntura (los déficits crecientes). En nuestra historia y en última instancia, en el origen de todo ajuste, hay un populista derrochador. Y los gobernantes que llevan adelante el ajuste lo hacen porque no tienen otra opción. Lo que menos desean es afectar a los electores, porque saben que de ellos depende su sustento en el poder. Hasta los militares hicieron populismo mientras pudieron.

Sin embargo, a veces el ajuste se vuelve muy difícil de evitar. Si el sostén de un grupo familiar cesa en un puesto de jerarquía y alta remuneración, su familia deberá ajustarse a la realidad y contraer sus gastos. Puede no hacerlo y endeudarse hasta hipotecar su vivienda. O, peor aún, dedicarse al delito para conseguir los fondos para mantener su nivel de vida. Pero esa situación es insostenible y conduce a la familia a la ruina o a la cárcel. O a ambas cosas.

Este mismo principio se aplica a otros grupos sociales, sean empresas, ONG o las propias naciones.

En el país, el último gran ajuste se lo hizo el mercado al gobierno de la Alianza a poco de asumir, obviamente, contra su voluntad, como en casi todos los casos. Recibió una bomba con la mecha encendida.

Fue el ajuste más severo de la historia argentina. Puso fin a un ciclo consumista insostenible: se gastaba más de lo que se producía, no quedaban ya bienes públicos por liquidar y el mundo dejó de prestarle al país al ver que todos los recursos iban a consumo. A partir de ese monumental ajuste se dieron una conjunción de factores que hicieron posible un nuevo ciclo populista-consumista, el más extenso de la historia moderna argentina con sus inevitables secuelas políticas.

Como primera consecuencia de ese ajuste, el sector productivo se encontró con una gran capacidad ociosa, por lo que se pudo incrementar la producción sin necesidad de inversiones adicionales.

En ese contexto, el país dejó de pagar sus deudas, lo que alivió además la presión del sector externo. Y luego, de un plumazo y por decreto, se quitaron 75.000 millones de dólares del monto total de sus obligaciones con el exterior, lo que significó el equivalente a un Plan Marshall. Evidentemente, las cosas no se hicieron con la pericia que se presumió en aquellos días, ya que el país sigue penando por su desconexión con el sistema financiero internacional. No obstante, el obtener tan descomunal descuento, amén de las generosas facilidades para pagar el saldo remanente, significó una gran ventaja respecto de las administraciones anteriores.

Otro factor fundamental fue la suba de los precios de los productos del agro, cuya producción tuvo un crecimiento extraordinario gracias al proceso modernizador que se dio en la década de los 90 y a la revolución que significaron los grupos CREA. Y también la suba de los precios de los minerales y los hidrocarburos, cuya producción se expandió por las reformas de los tiempos de Alfonsín -Plan Houston- y de Menem.

Es decir, se conjugaron mayores producciones con precios excepcionales. Se pudo además prescindir de destinar recursos a infraestructura y a provisión de energía -aunque como consecuencia de esto la situación es ya insostenible en estos dos sectores- gracias a las importantísimas inversiones que se llevaron a cabo en la denostada década del 90. Por estos factores, el reciente ciclo populista tuvo un "colchón" para sobrevivir más que ningún otro en la historia del país. Los anteriores ciclos consumistas difícilmente podían sostenerse más allá de 5 o 7 años.

Por lo tanto, hay que reconocer que en la historia moderna del país, ningún régimen le ofreció a la sociedad un ciclo consumista de 12 años como el que culminará con este gobierno. Las actuales autoridades son absolutamente conscientes de que el pilar fundamental de su gestión es haber evitado el ajuste. Y por eso se regocijan a sabiendas de que entregarán las llaves de sus oficinas en una situación explosiva de la que difícilmente se pueda salir sin algún tipo de ajuste. En última instancia, ajustar consiste en reducir los gastos del Estado y el consumo social, o sea, el nivel de los salarios, y adecuarlos a las posibilidades reales, en armonía con lo que el Estado puede recaudar y con el valor de los bienes y servicios que el país produce en su conjunto.

Otra artimaña consiste en embarcar a todos en compras en cuotas -casas, autos, electrodomésticos-, ya que esos consumidores serán los enemigos más acérrimos (y a su vez las víctimas) de cualquier atisbo de ajuste.

Por eso, el discurso oficial -con el cinismo y la mala fe que lo caracterizan- machaca con tanto énfasis en su actitud contraria al ajuste: porque sabe que técnicamente nadie podrá sostener este ciclo consumista (gastándose, como hoy día, más de lo que se genera, con productividad y precios a la baja, sin crédito, reservas agotadas, 8% de déficit fiscal y en aumento). La actual administración pudo sostenerlo hasta hoy con el costo de desajustar toda la estructura productiva nacional, arrasando normas y derechos adquiridos, corrompiendo y desaguisando otros órdenes esenciales de la vida del país (la Justicia, la enseñanza, la buena educación, la convivencia civilizada).

Lo grave para la política es que el hombre común no percibe la real dimensión del descalabro.

¿Será la estrategia entregarle a la nueva gestión otra bomba con la mecha encendida, para que inevitablemente deba hacer un ajuste a través del cual le ordene la casa en estos cuatro años venideros para entregársela de nuevo lista para iniciar una nueva fiesta consumista?

Preservando de cualquier consecuencia a los sectores carenciados, ojalá las futuras autoridades encuentren la fórmula de cara a la sociedad en general que les posibilite atenuar los efectos de la adecuación a la realidad -y las exima de pagar un alto precio político- y les permita, al mismo tiempo, sentar las bases de un proceso de modernización que conduzca al país al nivel de desarrollo que se merece y que puede perfectamente alcanzar.

Empresario y licenciado en Ciencia Política