Por primera vez comienzan a bajar los juicios por accidentes de trabajo

Por primera vez en muchos años, la conflictividad judicial derivada de riesgos del trabajo se ha desacelerado en la Argentina e incluso en los últimos meses ha bajado con respecto al año anterior. Es, sin duda, una buena noticia frente a un viejo problema que da cuenta de que una de cada tres pequeñas y medianas empresas del sector industrial se encuentra involucrada en litigios laborales. Se trata de un conflicto promovido en parte por una industria del juicio que, en reiteradas ocasiones, fue condenada por el presidente Mauricio Macri .

Estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) indican que la cantidad de nuevos juicios por accidentes laborales fue en 2017 de 130.684, apenas un 2% más que los 127.503 registrados en 2016. El dato destacable es que este incremento es sensiblemente menor al que se venía registrando en años anteriores: en 2016 el aumento con respecto a 2015 había sido del 20,2%, en tanto que en 2015 la suba respecto de 2014 había alcanzado el 19,7%.

Además de esta desaceleración en el crecimiento de las demandas judiciales, el hecho relevante es que en el segundo semestre de 2017 se produjo una baja del 14% en el total de juicios ingresados respecto de igual período del año anterior, considerando todo el país. Esta caída ha sido impulsada fundamentalmente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde descendió el 42%, y por Córdoba, donde bajó el 28%. En diciembre último, el descenso con respecto a igual mes del año anterior llegó al 21%, en tanto que en el primer bimestre de 2018 la disminución también habría continuado, según fuentes de la UART, aunque no se conocen todavía números oficiales.

La razón de esta caída guardaría relación con los primeros efectos de la nueva ley de riesgos del trabajo, de cuya sanción se cumplió un año en febrero pasado. La reforma aprobada por el Congreso trajo algo de alivio con la creación de una instancia previa a la posibilidad de llegar a los tribunales. A partir de esta norma, todo trabajador que sufre un accidente de trabajo se halla obligado a recurrir a una comisión médica de su jurisdicción, que debe evaluar su estado de salud y su nivel de invalidez. Antes de esta modificación legislativa, el trabajador podía recurrir directamente a la Justicia.

El descenso de las demandas que llegan a la Justicia podría ser mayor si adhirieran a la nueva legislación nacional un total de 14 provincias que aún no lo han hecho. Sólo 10 distritos han adherido a la norma, entre ellos la Capital Federal, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, aunque esta última sólo aprobó la ley en diciembre de 2017, por lo que sus efectos sólo se sentirán a partir de este año. Santa Fe, que aportó el año pasado el 12% de los juicios, aún no se plegó a la nueva legislación.

Según la presidenta de la UART, Mara Bettiol, el mayor problema pendiente que queda por resolver es la enorme disparidad pericial en el ámbito judicial. En tal sentido, destaca que si los 340 mil juicios por accidentes de trabajo existentes en la actualidad se peritaran de acuerdo con la actual tabla de medición de incapacidades (Baremo) incluida en la nueva ley, tendrían un costo equivalente a los 1600 millones de dólares. Pero si se aplicaran los parámetros que en promedio se verificaron en unos 83.500 juicios con pericia médica oficial estudiados, el costo total ascendería a la friolera de 10.700 millones de dólares.

Para poner fin a esta diferencia, se impone, de acuerdo con la citada cámara de empresas aseguradoras, que la Justicia ponga en marcha en cada una de las jurisdicciones que adhirieron a la ley el nuevo sistema de cuerpos médicos periciales. De este modo, afirman que los honorarios de los peritos no se fijarán como un porcentaje del resultado del juicio, sino que se cobrará por el trabajo realizado. "El mecanismo vigente previo a la reforma de la ley constituye un claro incentivo a aumentar las incapacidades peritadas, ya que a mayor porcentaje de daño fijado, mayores son los honorarios", denuncia la titular de la UART.

En función de un trabajo llevado a cabo durante el año último por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y la Fundación Observatorio Pyme, el 60% de los empresarios señalan que los juicios laborales se han transformado en la mayor dificultad a la hora de proyectar la incorporación de nuevos empleados, como consecuencia de los costos económicos asociados.

El año transcurrido desde la sanción de la nueva ley de riesgos del trabajo parece indicar que la litigiosidad podría disminuir en la medida que más provincias adhieran a esa norma, en tanto que los costos bajarían con la demorada constitución de los cuerpos médicos periciales.