Por una ley de reproducción asistida más equitativa

la medicina reproductiva se ha desarrollado aceleradamente en los últimos años y este crecimiento, en cantidad de personas tratadas y en veloces avances tecnológicos, pareciera no detenerse. Tener un hijo ha pasado de ser un lujo a ser un derecho irrebatible. Los países han tenido que adaptarse en un terreno controvertido no sólo en lo ético y moral sino también en lo social y económico.

En un extremo está Costa Rica, donde los tratamientos de alta complejidad están prohibidos por ley desde el año 2000, a pesar de las amenazas de sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el otro, un pequeño Estado como Israel, donde las mujeres tienen cubiertos íntegramente por ley todos los tratamientos que sean necesarios hasta tener dos hijos vivos. En el medio se encuentran los demás países, desde aquellos sin ley ni regulación hasta los que tienen leyes más o menos restrictivas.

En 2013 se reguló en nuestro país la ley 26862 de reproducción asistida. La Argentina se convirtió así en el primer país de América latina en contemplar la financiación de estas prácticas, considerando el derecho reproductivo e incluyendo a parejas infértiles con gametas propias o donadas. Se cubren prácticas como la criopreservación de gametas y embriones. Es una ley amplia y no impone precondiciones, como estado civil, orientación sexual, ni límite de edad. Es decir que, además de ser una ley de cobertura, implícitamente regula prácticas que en otros países podrían estar prohibidas. Italia, por ejemplo, ha prohibido por ley parlamentaria en el año 2004 la criopreservación de embriones.

La ley abarca a los tres sectores de la salud: público, obras sociales y empresas de medicina prepaga. Si bien apunta a beneficiar a un grupo damnificado, como son las personas que no pueden lograr el embarazo por vías naturales y no poseen los recursos para solventarlo, en la práctica la ley padece a mi juicio diversas imperfecciones. Por lo precipitado de su presentación, sanción y reglamentación, pareciera haber obedecido más a urgencias proselitistas que a una necesidad de tener una ley lo más justa posible.

Podría decirse que nuestra ley no impone restricciones, es amplia ya que contempla la mayoría de los tratamientos, pero sigue dejando un vacío legal para tratamientos con la subrogación uterina (alquiler de vientre) que no es mencionada, ni en la propia ley ni en el nuevo Código Civil.

En Holanda no se hacen tratamientos en mujeres de más de 40 años, aduciendo que la baja tasa de embarazo que se obtiene a partir de esa edad no justificaría la subvención del Estado. Según nuestra ley tendrá acceso a estas prácticas "toda persona mayor de edad", sin determinar las posibilidades de éxito. Los médicos nos encontramos a diario con pacientes con muy bajas chances de embarazarse con su propia genética mediante tratamientos de alta complejidad. Legalmente estas mujeres cuentan con la cobertura de los mismos tres tratamientos tanto como aquellas que tienen buenas posibilidades de conseguir el embarazo. La ley no contempla la limitación de los recursos que existe en nuestro país, teniendo en cuenta la gran cantidad de habitantes que padecen situaciones con necesidades básicas insatisfechas.

En Uruguay rige una ley de cobertura que se basa en la declaración de ingresos de cada persona y cada caso es evaluado por un ente nacional. Pareciera ser un sistema más equitativo, aunque más lento y burocrático, según lo expresan las numerosas pacientes que prefieren los servicios porteños.

La realidad que impuso la reglamentación obligó a las obras sociales y a las prepagas a hacer convenios particulares con las clínicas de fertilidad. Las grandes prepagas impusieron los valores de las prácticas. Los centros de fertilidad compitieron salvajemente rebajando precios. Algunos centros optaron por trabajar en forma masiva a bajos costos, tal vez en desmedro de la calidad (¿o no?), y otros prefirieron no dejarse atrapar por la cantidad de pacientes que ofrecían las empresas de salud y seguir trabajando en una medicina más personalizada.

La duda está en si una medicina con bajos presupuestos no atenta en definitiva contra la calidad del servicio. Medir la calidad de servicio en nuestra materia es sencillamente medir la tasa de embarazo global. Al no haber entes oficiales que controlen estos registros, los resultados son inciertos. A la hora de decidir la contratación o no de un determinado centro, no se comparan tasas de embarazo con otros, pero sí la capacidad de adaptarse a los costos. Llegará el día en el que los prestadores de salud entenderán que la alta calidad reflejada en buenos resultados implica una reducción en los gastos.

La intimidad es el aspecto esencial para las personas que atraviesan por la experiencia de la infertilidad. Contar los detalles de la historia personal, en ocasiones, es exponerse virtualmente al desnudo. La falta de libertad de los pacientes para elegir a su profesional es otra debilidad de la ley.

En las salas de espera conviven por momentos realidades diferentes. Por un lado, la maestra de jardín de infantes del conurbano, que goza de un salario escaso y para la cual el embarazo logrado gracias a esta ley de fertilidad constituye un verdadero orgullo para una sociedad como la nuestra. Por otro, la pareja que decide postergar su tratamiento cubierto por la misma ley, para hacer un viaje de compras y placer a Miami, a fin de recargar energías y relajarse para el esfuerzo físico y psíquico que implica el intento. Ambas sufren, ambas merecen ser madres. ¿Pero quién debiera hacerse cargo de cada tratamiento? La ley pareciera pretender abarcar y satisfacer más de lo que la situación nacional lo permite.

Esta ley vino a remediar una gran desigualdad que existía en nuestro país, en donde la práctica era exclusiva del orden privado. La ley le exigió a los distintos actores adaptarse a una nueva realidad. Creer en una igualdad absoluta para acceder a tratamientos podría considerarse una infantil utopía, especialmente cuando los avances en el área genética generan un incremento en los costos. Hay mucho por corregir en esta ley para que alcance a los sectores más vulnerables, distribuyendo los recursos de una forma más equitativa.

Adan Nabel