Por una política de seguridad que se sostenga en el tiempo

La prioridad debería apuntar a revertir el deterioro atendiendo las causas de la violencia criminal y la delincuencia juvenil
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25 de mayo de 2003  

El proceso de deterioro de los estándares de seguridad no es coyuntural ni reciente, sino que reconoce una evolución de no menos de 8 años. En dicho período se ha triplicado la tasa de delitos y duplicado la tasa de homicidios a nivel nacional. Hasta mediados de los noventa la Argentina contaba con indicadores de seguridad muy similares al de muchos países europeos. Pero dicha situación se ha visto modificada a partir de la concurrencia de una serie de factores: económicos, sociales, demográficos, culturales e institucionales que vienen provocando el crecimiento sin pausa de la criminalidad. En el Conurbano Bonaerense la espiral de violencia hizo eclosión en 2002 cuando se incrementó en más del 60% la tasa de homicidios que se cometen allí en un solo año. En dicha jurisdicción ocurrieron aproximadamente 19 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando el promedio del país es cercano a los 10. Si bien no somos aún Colombia, Brasil o Venezuela en materia de seguridad, la colombianización de la Argentina está a la vuelta de la esquina si la dirigencia política y el Estado en su conjunto no reaccionan en tiempo y forma.

El principal objetivo que se le presenta al nuevo Presidente es frenar y/o revertir esta tendencia de deterioro de los estándares de seguridad. Para ello ciertas cuestiones merecen especial atención.

1) No sólo se padece un incremento en el nivel de delitos sino que éstos son cada vez más violentos. Aun cuando responde a múltiples causas, sin duda el incremento en el tráfico y consumo de drogas, así como la proliferación del mercado ilegal de armas de fuego, son factores de riesgo asociados con niveles crecientes de violencia. Por ello la violencia criminal debe constituir una cuestión propia dentro de la problemática de la inseguridad, con políticas específicas que busquen controlarla, primero, y disminuirla, después.

2) En los últimos años hemos asistido a un incremento en la delincuencia perpetrada por menores y delincuentes cada vez más jóvenes. Aquí también, la ausencia de una intervención estatal efectiva en el tema, o la implementación de políticas equivocadas, llevaron a que se proyecte por las próximas décadas los problemas que estos menores tienen con la ley, imponiéndose así un nuevo piso de inseguridad, ya que las posibilidades de resocialización disminuyen a medida que la intervención del Estado es más tardía. Es por ello que el problema de la delincuencia juvenil no se reduce a la mera determinación de la edad de imputabilidad.

3) La crisis económica y política desatada en Argentina a fines del 2001 tuvo su correlato en el campo del orden público. Las manifestaciones de las protestas sociales implicaron muchas veces la alteración del orden público entendiendo por tal las situaciones en las que se cercenan los derechos individuales en el espacio público. Aquí se ha presentado claramente un conflictos de derechos. Por un lado, el derecho de manifestarse libremente y peticionar ante las autoridades, por el otro, el derecho de libre tránsito, de uso del espacio público, etc. Este conflicto no fue resuelto por los gobernantes lo que alentó a la arbitrariedad convirtiendo la "presión piquetera" en una forma de conquista de prebendas y objetivos políticos. Lo que no puede hacer el Estado es abandonar su deber de regular el ejercicio de derecho a la protesta.

4) La violencia en el Conurbano constituye una bomba de tiempo cuyo cronómetro se disparó hace tiempo y se ha acelerado en el último año. En función de ello las autoridades nacionales deben cooperar con el gobierno provincial que se encuentra literalmente desbordado. Hay un tema que merece especial atención: los procesados alojados en las comisarías de la policía provincial llegan a más de siete mil, lo cual genera enormes distorsiones en el funcionamiento operativo de la policía provincial. En este punto no hay otra solución que la inversión urgente en infraestructura, de la mano de reformas institucionales en el servicio penitenciario, so pena de desaprovechar la inversión realizada.

Estas cuestiones deberían conformar una primera agenda de trabajo para las nuevas autoridades. Quedan pendientes el rediseño institucional y organizacional de la policía y organismos de seguridad, de la Justicia y del servicio penitenciario y los problemas que generan las "nuevas amenazas" del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en un sistema de seguridad endeble. Solo políticas sostenibles en el tiempo permitirán una mejor protección de los ciudadanos.

El autor es experto en seguridad.

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