Preocupante designación

El nombramiento de José Ipohorski como fiscal de Investigaciones Administrativas constituiría un grave retroceso para la institucionalidad
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22 de julio de 2016  

José Ipohorski fue el coordinador de las investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA) durante los 12 años de gobiernos kirchneristas. Hoy es subdirector de Investigaciones de ese organismo, cuya misión principal es el control de la conducta de los funcionarios públicos, sus declaraciones juradas, recibir denuncias e investigar a funcionarios e instituciones que tengan como principal fuente de recursos el aporte estatal, denunciar ante la Justicia y constituirse en parte querellante en los procesos penales. Lamentablemente, los miembros de ese organismo no desempeñaron esas importantes tareas. No sólo no investigaron a funcionarios kirchneristas, sino que ignoraron las innumerables denuncias que recibían o las noticias que eran de público conocimiento y que debían dar lugar a profundas y eficientes investigaciones que hubieran quizás evitado el desfalco de la República.

Pese al alto cargo que tenía, Ipohorski no investigó nada que tuviera relación con los gobiernos del matrimonio Kirchner: ni sobre el caso Skanska, ni la embajada paralela con Venezuela, ni el negocio de la efedrina, ni el de la obra pública o la energía, ni la bolsa de Felisa Miceli, ni las irregularidades de Romina Picolotti, ni los hechos por los que se investiga a Uberti, Boudou, Liuzzi, Echegaray, Schiavi, Jaime y su asesor Vázquez, De Vido, Katya Daura y los secretarios privados de los Kirchner, ni las graves denuncias que pesan sobre Enarsa, la Anses, el PAMI, la Aduana, Vialidad Nacional y Sueños Compartidos. Entre otros, tampoco investigó a su jefe Aníbal Fernández, cuando este cuestionadísimo funcionario era ministro de Justicia.

Y ahora, sorprendentemente, el gobierno de Mauricio Macri se propone premiarlo con el cargo de fiscal de Investigaciones Administrativas, máximo organismo a cargo de la investigación de las irregularidades y los hechos de corrupción de los funcionarios públicos, y de la observancia de las normas de moralidad. Parece una equivocación, otra trampa dejada por el último gobierno o, simplemente, una broma de muy mal gusto.

Desde su creación, en 1962, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, hoy Procuraduría, tuvo como función el control de la conducta de los agentes estatales. Se encuentra dentro de la esfera del Ministerio Público, a cargo de la también cuestionada fiscal militante Alejandra Gils Carbó, quien ha obstaculizado y obstaculiza numerosas causas vinculadas a funcionarios del gobierno anterior.

En sus orígenes, este órgano estuvo presidido por el recordado fiscal Ricardo Molinas y, más recientemente, por el actual diputado Manuel Garrido, ambos prestigiosos y respetados funcionarios. No es el caso de Ipohorski, quien no suele ser propenso a investigar en tiempo real a funcionarios públicos. Antes de ser fiscal, Garrido se desempeñaba en la OA, al frente de la Dirección de Investigaciones, cuando ese organismo realmente investigaba. Este funcionario denunció que, luego de su partida, la OA "ayudó a funcionarios a dibujar declaraciones juradas". Cuestión tampoco advertida por Ipohorski, quien no ha presentado denuncias respecto del desempeño de la OA en esos 12 años.

Si bien en diciembre de 2015 el actual gobierno había retirado el pliego de Ipohorski, pues su designación provenía además de un concurso dirigido y controlado por el gobierno kirchnerista, volvió a enviarlo sorpresiva e inexplicablemente al Senado, a los fines de obtener su acuerdo. Las audiencias son a principios de agosto.

Esperamos que el Poder Ejecutivo y el Senado reflexionen sobre la importancia de este tipo de designaciones para que realmente se produzca el cambio ético que el país implora. El fortalecimiento de las instituciones es una tarea necesaria para que nuestro país retome la senda de la seguridad jurídica, el respeto de los derechos, la igualdad y la libertad de los individuos. Los últimos 12 años tienen que servir como ejemplo para comprender que nuestro crecimiento sólo se dará a partir del respeto a las instituciones y a la ley. Para que ello ocurra, los organismos de control deben ser independientes y encabezados por hombres probos y de reconocida trayectoria.

No podemos permitir que nuevamente se mire hacia otro lado y no se controlen el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la ley. La elección de los funcionarios que tienen esa delicada misión no puede recaer en personas que carecen de las condiciones necesarias para desempeñar ese rol, con el riesgo de incurrir nuevamente en el descontrol de la función pública, con las nefastas consecuencias que ya todos conocemos.

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