Prevenir implica asumir responsabilidades

Por Carlos Souza Para LA NACION
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26 de junio de 2002  

No deja de ser curioso que los días destinados a recordar algunos de los problemas sociales que nos aquejan tengan un sabor ambiguo. Por una parte, se reconoce la existencia de un déficit, de una falta que la sociedad mundial tiene en diferentes áreas, entre ellas la drogodependencia. Al mismo tiempo, el reconocimiento de las carencias nos acerca más a las parciales soluciones posibles. Subrayo lo referido a la parcialidad en los resultados ya que, mal que nos pese, la drogadicción es un problema que vino para quedarse y con el cual tendremos que convivir.

Cada país puede realizar un balance diferente en relación con esta problemática. En nuestro caso, encontraremos algunos motivos de preocupación y otros de estímulo. Dentro de los primeros, resulta alarmante el grado de desprotección que padece la población en cuanto al resguardo que deberían ofrecerle los sistemas de salud en la asistencia de la drogodependencia.

Abandonados a su suerte

El 1° de marzo de 1995 se promulgó la ley 24.455, que obliga a las obras sociales a brindar asistencia en el área de la drogadicción y el sida. El 23 de diciembre de 1996 se promulgó una ley análoga que incluye a los sistemas prepagos. Si bien estas leyes representan un adelanto y toma de conciencia sobre la gravedad del problema, al no cumplirse efectivamente su carácter se torna virtual o nominal, y quedan abandonados a su propia suerte quienes padecen un doble problema: hacer frente a sus impulsos autodestructivos y a lo impasible de los sistemas de salud.

En este tipo de organizaciones de salud, los criterios económicos en muchos casos prevalecen por sobre los humanitarios, lo que limita la posibilidad de ofrecer una ayuda efectiva en esta especialidad. Se trata de bajar costos al precio de la salud psíquica y riesgos de los beneficiarios. También existen organizaciones de la salud que cumplen con lo que establece la ley, pero lamentablemente son la minoría.

En muchos casos, los sistemas de salud ofrecen a sus afiliados planes cerrados, es decir que ellos mismos brindan de manera integral la asistencia en esta materia. En estas situaciones se observa la tendencia a "psiquiatrizar" o "psicologizar" el problema, ya que los equipos profesionales no siempre reúnen el entrenamiento específico que demanda esta especialidad, cuya naturaleza es eminentemente psicosocial. Es así como vemos a adictos de alto riesgo para sí mismos deambular por los consultorios con sus recetas de medicamentos "antiadicción" en la mano y sin lograr la abstinencia en el consumo. Eso sí: están "cubiertos" por su obra social o prepaga. Si el adicto se desborda en el consumo, siempre estará el recurso de internarlo en una clínica psiquiátrica, que únicamente servirá como freno inmediato y paliativo, nunca como solución de fondo. Para que una terapia sea eficaz se deben generar las condiciones mínimas de contención y lograr la interrupción del consumo: sólo así se podrán abordar los aspectos que subyacen al cuadro adictivo.

El otro camino utilizado es la tercerización, es decir, la contratación de otras organizaciones con capacidades técnicas y humanas para atender al drogodependiente. En este sentido, puede considerarse un avance que las organizaciones no gubernamentales, comunidades terapéuticas y sistemas ambulatorios sean reconocidos como efectores válidos en la materia por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico a través de las resoluciones conjuntas 361 y 362, de 1997. Un retroceso, el hecho de que muchas de estas entidades estén cerrando sus puertas debido a los enormes retrasos en los pagos de las prestaciones efectuadas a obras sociales y sistemas prepagos. A esto se le agrega la reducción de los montos asignados, de manera compulsiva y unilateral, sin cumplir con lo establecido por la Superintendencia de Seguros de Salud.

Las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios asistenciales en drogodependencia, además de tratar de cubrir solidariamente el espacio vacío dejado por la psiquiatría tradicional y el Estado, desarrollan acciones de capacitación y de prevención. Ofrecen programas residenciales y ambulatorios guiados por equipos interdisciplinarios eficaces. Apuntan a lograr no sólo la abstinencia del consumo, sino a una transformación personal, familiar y de valores a través de sus programas. Su labor es reconocida por organismos nacionales e internacionales. El peligro de su extinción o debilitamiento pone en riesgo la trama más sensible del tejido social.

Si bien la relación entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales de este campo ha mejorado notablemente en los últimos años, aún son fragmentados los logros concretos fruto del desarrollo de la capacidad de codiseñar y cogestionar políticas públicas. También resulta limitante para la secretaría a cargo de la lucha contra la drogodependencia no contar con el presupuesto necesario para llevar adelante todas las acciones preventivas y asistenciales que se requieren.

Conciencia social

Las trescientas becas para tratamientos a personas con bajos recursos económicos son necesarias pero insuficientes, teniendo en cuenta las alarmantes proporciones de consumo de drogas en nuestro país. Como contraparte, es alentador que dicho organismo actualmente esté presidido por alguien proveniente del trabajo directo con drogodependientes y del campo de las organizaciones no gubernamentales, lo cual posibilita un diálogo no burocratizado entre los diferentes actores intervinientes.

Este día y la serie de actividades organizadas para esta semana cooperan para lograr la reinstalación de la conciencia social sobre la gravedad del problema de la drogodependencia, lo cual es un paso significativo. Resta aún andar el camino pendiente para lograr la continua construcción de una cultura preventiva. Para eso es imprescindible promover la participación de la sociedad civil, pero también las buenas prácticas de las organizaciones de la salud.

El autor es presidente de la Fundación Aylén y secretario de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Prevención y Asistencia de las Adicciones (Fonga).

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