Profundizando el nuevo rumbo

Javier González Fraga
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29 de octubre de 2000  

Tal como lo planteaba en esta misma columna hace cinco semanas, la cuestión no pasa por elegir entre equilibrio fiscal y crecimiento económico, porque estos objetivos son más bien complementarios antes que alternativos. La cuestión es saber cuál debe ser procurado en primer término, y con mayor energía. Finalmente, la semana última, el equipo económico pareció inclinarse por priorizar el crecimiento económico, aunque sin descuidar el balance fiscal.

Estas señales, aunque correctas, son aún muy débiles. Y si bien son útiles, no alcanzan la fuerza suficiente para provocar un cambio de expectativas que potencie y multiplique los beneficios concretos anunciados. Por el contrario, pueden generar costos como lo demuestra la reducción del 15% al 10% del impuesto a los intereses, que es menos importante que la elevación de tasas experimentada la semana última.

¿Qué más podría hacerse?

Para reforzar el impacto concreto de las medidas anunciadas debería también procurarse una caída de las tasas de interés. Para ello el Banco Central debería entender que la emergencia del sistema bancario del tequila ya pasó, y que ahora la emergencia está en el país productivo. Por lo tanto, debe flexibilizar las normas "prudenciales" que significan un alto costo bancario, y eliminar las rentas fáciles que obtienen los bancos por los excesos de liquidez no prestados, juntamente con una reducción de los encajes.

También el Banco Nación debería reducir sus tasas de interés activas ya, para inducir una fuerte baja en el mercado. Las tasas de este banco están distorsionadas por los costos operativos que generan su función como agente financiero del Estado Nacional y los créditos incobrables por razones políticas. No se justifica que sus clientes genuinos, fundamentalmente las Pyme, deban pagar altas tasas de interés por estos motivos.

Obviamente, las tasas de interés no van a bajar si la Tesorería tiene las necesidades de fondos que manifestó esta semana. Mientras no se logre cerrar un megapaquete de financiamiento, que le permita al Gobierno olvidarse por un tiempo de los mercados financieros locales e internacionales, no hay solución posible.

Para profundizar la reducción de impuestos a las actividades productivas, debería aprobarse un cronograma de reducción semestral del IVA, y pensar en una reducción de los impuestos a cuenta de ganancias, que en la actual situación económica son irrecuperables. El IVA es un impuesto sumamente regresivo, injusto y castiga fuertemente el consumo. Además, en los actuales niveles, constituye una invitación a la evasión, la que "obliga" a su vez a evadir ganancias y pagar salarios en negro para cerrar el circuito.

Debería aumentarse, en cambio, los impuestos a las manifestaciones de riqueza. Es inaceptable en la Argentina de hoy que el 20% más rico pague una tasa impositiva global 30% menor que el 20% más pobre. Además de injusto, al reducir el consumo, tiene un costo económico elevadísimo.

Obviamente, debería hacerse algo del lado del gasto para no comprometer las finanzas públicas en el mediano plazo. En este aspecto, insisto en la necesidad de lanzar una reforma política más ambiciosa que la anunciada, y que incluya un llamado a una reforma constitucional para reducir el costo de la administración nacional, provincial y municipal a niveles compatibles con la situación del país. Es necesario confrontar con la "corporación política", que en 20 años pasaron de perseguidos políticos a reyes de la ostentación.

Mas allá de las medidas fiscales y monetarias, hay otro conjunto de acciones que alentarían la inversión, no tienen costo fiscal, y son políticamente muy potables. Fundamentalmente, se trata de definir una política comercial, y poner la aduana a ese servicio. Hoy, la Argentina es un mercado totalmente desprotegido para colocar todo tipo de productos, algunos ilegales, y muchos provenientes de países en los cuales tienen barreras para-arancelarias injustificables que limitan nuestro acceso a esos mercados. Se podrían limitar muchas importaciones que influyen negativamente en nuestra reactivación, y condicionan el equilibrio externo inmediato posterior.

Un déficit que no es realmente déficit.

Debemos reconocer que las décadas de inflación e hiperinflación nos convirtieron a casi todos los economistas en ultraortodoxos, que competíamos por ajustes más drásticos y represores de cualquier atisbo de déficit fiscal. Hoy, el problema es exactamente el opuesto: la deflación, el desempleo y la ausencia casi total de proyectos de inversión en los sectores productivos de bienes transables.

Una de los problemas que sufrimos es la reforma previsional de 1994. Nadie puede dudar de los beneficios a largo plazo de la creación de las AFJP, pero tampoco se puede desconocer el tremendo impacto financiero en las cuentas públicas de semejante reforma, que no tuvo en cuenta los altos niveles de evasión, ni contó con un financiamiento especialmente diseñado para transitar los 15 años de desfase entre las obligaciones con los jubilados por el viejo sistema, y las transferencias al nuevo sistema de capitalización.

Hoy la totalidad del déficit fiscal de aproximadamente $ 7000 millones son originados por la reforma previsional, que constituyen en verdad una cancelación -o privatización- de un pasivo ( la obligación futura del gobierno de pagar las jubilaciones), y no un gasto corriente. Así como el resultado de la privatización de activos se excluye de los ingresos corrientes, también podría simétricamente excluirse esta partida de los gastos.

Una redefinición del déficit excluyendo este monto permitiría digerir los costos de corto plazo de las medidas reactivadoras enunciadas mas arriba. Y también permitiría argumentar que la Argentina ha tomado una deuda explícita de aproximadamente $ 30.000 millones en los últimos 6 años, para cancelar otra deuda no registrada. La comparación de la relación deuda/PBI de nuestro país, con otros que no han transitado por esta reforma es, por lo tanto, inválida.

Obviamente, la cuestión no es sólo contable, y la necesidad de fondos es real, y el programa financiero para 2001 presenta muchas dificultades. Las instituciones financieras internacionales, los gobiernos de las grandes potencias, y los grandes bancos del mundo, deben comprender y financiar a la Argentina, mientras se toman las medidas que permitan un aumento de la competitividad, incluyendo las reformas enunciadas, que detonen un nuevo proceso de crecimiento económico, esta vez basado en más exportaciones.

El próximo domingo: el columnista invitado será Roberto Frenkel.

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