Promesas y realidad de un plan

Adrián Ventura
Adrián Ventura LA NACION
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21 de abril de 2004  

De la misma manera en que los mejores ingredientes no aseguran la exquisitez de un plato, el éxito de este plan -y la seguridad física de la gente- dependerá de la forma en que se ejecuten los anuncios.

Es claro que el presidente Néstor Kirchner consiguió retomar la iniciativa política con un tema muy sensible. Pero, veamos:

  • Casi todas las medidas compiladas en el Ministerio de Justicia y anunciadas tienen largos meses y años desde que fueron elaboradas y acumulaban polvo.
  • Así, por ejemplo, el uso de las urnas electrónicas fue previsto en un proyecto de la diputada Margarita Stolbizer (UCR-Buenos Aires); la reducción del Consejo de la Magistratura y la eliminación del Jurado de Enjuiciamiento fueron proyectadas por Jorge Vanossi, cuando fue ministro de Justicia durante la gestión de Eduardo Duhalde, que envió el proyecto al Congreso; y la idea de mezclar la competencia de los juzgados federales con los de instrucción fue concebida hace diez meses por León Carlos Arslanian y un grupo de expertos.

    Surgen varias preguntas: ¿por qué no se impulsaron o se aprobaron estos proyectos con anterioridad? ¿Por qué no sucumbirían ahora, en medio de los mismos intereses de entonces? ¿Nadie es responsable de esa demora?

  • El anuncio sobre la introducción de la urna electrónica y la eliminación de las listas sábana fue instado por el titular de Justicia, Gustavo Beliz, a tal punto que su par de Interior, Aníbal Fernández, se enteró de que formaba parte de los anuncios en el mismo acto del lunes. Y, de paso, nadie se quiso acordar de revivir la ley de internas abiertas de los partidos, que está suspendida desde 2002.
  • La mayoría de las medidas son de mediano plazo. Entonces, hay que tener en cuenta que la creación de los juicios por jurados o del FBI local no se resume a aprobar un par de proyectos -como ocurre cuando se aumenta la pena de un delito-, sino que requieren de una cantidad importante de recursos y de un esfuerzo considerable de instrumentación y adaptación.
  • Por otra parte, la decisión de menguar la fuerza de los juzgados federales o la de crear una fuerza federal que pueda intervenir en las provincias conllevará, para el Poder Ejecutivo, una dosis de acumulación de poder.
  • Llama la atención, finalmente, que se haya desperdiciado la oportunidad de proponer un nuevo código procesal penal que establezca el principio acusatorio: eso permitiría reducir al mínimo la instrucción escrita de los delitos, que debería de estar en mano de los fiscales -y no de los jueces-, y elevar rápidamente las causas a juicio oral. Esto sí tiene directa relación con la seguridad y la condena de los delitos. Pero, curiosamente, nadie se acordó del asunto.
  • El talón de Aquiles del plan es el corto plazo: no hay medidas para mejorar la seguridad en lo inmediato. Los proyectos son buenos, pero gobernar no se reduce a promesas y anuncios; consiste en transformar la realidad.
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