Promesas y trampas del consenso

Natalio Botana
Natalio Botana LA NACION
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17 de diciembre de 2009  

Todos protestan y el sentimiento de inseguridad aumenta. En tal ambiente, cuyo epicentro es la megalópolis bonaerense, ha comenzado a dar sus primeros pasos el Congreso elegido en los comicios del 28 de junio. Es el punto de partida de un curso de acción minado por el juego de pinzas del corporativismo sindical y el corporativismo piquetero. A ello se añade el pronunciado descenso de la popularidad del Gobierno en las encuestas. Mezcla pesada: un gobierno débil, calles tumultuarias, indicios ostensibles de la crisis fiscal en las provincias.

Habría que preguntarse, frente a estas señales de agotamiento, si las oposiciones serán capaces de prefigurar las líneas maestras de aquello que tendría que marcar el rumbo de las futuras políticas de Estado. De hecho, ya son varios los políticos que, con espíritu constructivo, están difundiendo programas posibles en foros nacionales e internacionales. El tema no es banal porque, debido al hartazgo de sufrir las inclemencias de una incomprensible atmósfera de confrontación, corremos el riesgo de proclamar el valor del consenso en términos abstractos y al modo de una mera enunciación de fines generales. Estas trampas deben sortearse cuanto antes.

Es muy válido explorar el horizonte deseable del consenso siempre y cuando tengamos en cuenta que los consensos son producto del esfuerzo tenaz para sortear, en algunos campos precisos, la condición agonal de la política democrática. Los disensos, bueno es recordarlo, son inherentes al proceso democrático. Los consensos, por su parte, son la respuesta del cuerpo representativo a los interrogantes que nacen en esa arena más o menos cargada de conflictos. De estas respuestas, basadas en una deliberación consciente y no impuesta, deberían emanar leyes duraderas, dotadas del atributo de la legitimidad.

Ninguna de las leyes impulsadas por el oficialismo que sobrevivió en el Congreso a la derrota del 29 de junio, hoy goza de ese atributo. Las leyes fiscales y de emergencia, la ley de medios y la ley de reforma política, entre otras, no son vistas como legítimas por gran parte del arco opositor. Los opositores las rechazan pese a que aún carecen de un esquema de reemplazo. Menudo desafío mientras imperan el poder de la calle y los gestos crispados que, a voz en cuello, reclaman seguridad. Este es el escenario de pasiones y desgobierno sobre el cual debe actuar la razón pública de los legisladores.

Con tal propósito, se dice a diario en los medios de comunicación, es preciso armar consensos legislativos justo cuando el tiempo urge y la penuria fiscal avanza. Importa tanto que esos consensos traducidos en leyes sean aceptados por el Poder Ejecutivo sin recurrir al instrumento constitucional del veto, como que, en la hipótesis contraria, sea posible fraguar en el próximo año del Bicentenario una normativa básica en torno a la cual existan acuerdos explícitos volcados hacia el futuro más próximo.

Lo que importa señalar aquí es que esas leyes, lejos de ser enunciativas o declarativas, deberían tener el genio operativo necesario para reunir apoyos y prolongarse al menos durante un par de décadas. En pocas palabras, deberían ser concretas y eficientes en cuanto a su calidad y duración: un propósito muy diferente, por ejemplo, del que inspiró la ley que nacionalizó los fondos de las AFJP. Si bien esta ley conserva su vigencia en el corto plazo, lo hace a despecho de la rapiña del Poder Ejecutivo sobre aquel dinero depositado ahora en el Anses (algo análogo está pasando con las reservas del Banco Central).

No se trata entonces de legislar sin ton ni son sino de producir leyes capaces de recrear la gran palanca de la confianza para impulsar la inversión y el desarrollo.

A veces resulta atractivo recurrir a los expedientes retóricos de los Pactos de la Moncloa en la España de la transición después de Franco, o del Acuerdo de San Nicolás en la Argentina de mediados del siglo XIX, para dar entrada, en este clima asfixiante, a la novedad del consenso.

En realidad, habría que hacer un rodeo complementario con el objeto de percatarnos de que, en uno y otro caso, la materia prima de aquellos consensos -una brasa incandescente en la Argentina posterior a Rosas- fue la generación y reparto de los recursos fiscales. Sin ellos, es sabido, el Estado no funciona, lo cual ya comienza a manifestarse en la provincia de Buenos Aires.

Si al respecto adoptamos una actitud inspirada en la ética reformista, podríamos convenir en que el consenso que el país está reclamando, en muchas ocasiones de manera tácita, se cifra en la cuestión fiscal. Es una cuestión que cae de madura y toca de lleno en el corazón de las políticas de seguridad, de salud y de educación. Salvo las atinentes a la universidades nacionales, estas áreas son de incumbencia provincial. Por eso las provincias vegetan en la astenia estatal, es decir, en la circunstancia de un Estado débil y sin fuerzas.

En algunas experiencias las provincias sufren estas deficiencias por incompetencia y corrupción de los gobernantes; en otras, porque no disponen de la transferencia automática de fondos propia de un ejercicio equitativo de la coparticipación federal.

El Congreso debería tomar cuanto antes en manos propias esta hiriente mutilación del orden federal. Es un problema concreto, típico, por lo demás, de la economía política de la democracia. El actual gobierno pretendió desnaturalizar los preceptos constitucionales del federalismo mediante lo que podríamos denominar "el régimen de la caja". Ha conseguido, en rigor, muy poco, aunque esos desaciertos puedan todavía sobrevivir por inercia si el Congreso permanece a la expectativa o atacando tan solo otros temas, sin duda necesarios por su trascendencia republicana, como el de la composición del Consejo de la Magistratura o aquellos vinculados con la investigación de prácticas corruptas.

La cuestión fiscal nos interpela pues desde el primer puesto de la agenda pública. Sin resolver esta asignatura de hondas raíces históricas seguirá agravándose la inseguridad, el orden público quedará irremediablemente prisionero de las organizaciones criminales de la droga y la educación pública, en los niveles primario y secundario, continuará padeciendo esa permanente contestación sindical, tan activa como destructiva, que transforma a nuestros chicos y adolescentes en rehenes de la puja por salarios más dignos.

Ya conocemos los efectos de esta desgraciada situación: en la carrera del ascenso gana la enseñanza privada y pierde la escuela pública, aquella que, según nos enseñó Sarmiento, es la pica en Flandes más contundente para combatir las desigualdades.

Este cambio copernicano en nuestra cultura legislativa no podrá plasmarse sin desarrollar entre nosotros un nuevo tipo de liderazgo político. Un liderazgo con vocación institucional, con sentido del compromiso entre partidos diferentes, distante de la confrontación y del desprecio e insulto al adversario, y con resuelta adhesión a la legalidad.

Un liderazgo, en suma, capaz de convertir la palabra del Parlamento en leyes sustentables y legítimas. Gracias a esas leyes, la Argentina de hace un siglo atrajo inmigrantes a sus orillas, instauró la educación pública y abrió curso a la democracia política. Es urgente recuperar ese ánimo instituyente. © LA NACION

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