Proteger los derechos informáticos

(0)
24 de junio de 2002  

EL curioso caso de unos "hackers" que sin dificultad se introdujeron en la página web de la Corte Suprema de Justicia y la alteraron generó una serie de actividades no del todo felices, tendientes a proteger los derechos de las personas relacionados con el manejo de su información, especialmente cuando ella está almacenada en soportes informáticos.

El primer paso en falso lo dio la misma Corte Suprema cuando derivó el caso a un juez para que investigara la comisión del delito de "daño". El juez consideró que al alterarse el software de la Corte Suprema no había existido daño, pues éste se refiere a las "cosas" y el software no sería "una cosa". La Corte, en lugar de apelar una sentencia tan desafortunada, solicitó al Poder Ejecutivo que cubriera el "vacío legal" denunciado por el juez, enviando un proyecto de ley al Congreso para que tales actos dañosos se penalizaran.

Probablemente haya existido daño, pues la acción de los hackers ha mutilado o alterado soportes magnéticos físicos, pero lo que no han notado ni el juez interviniente ni la Corte Suprema es que el asunto, más que un caso de daño, es un caso de violación a la propiedad intelectual, que está penada como delito específico. En efecto, la ley de derechos de autor y el Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual protegen al software, concepto que incluye a las páginas web. Los delitos contra la obra intelectual están previstos en la ley de derechos de autor y su artículo 83 trata expresamente el caso de las mutilaciones, los agregados y las transposiciones. Ello deberá ser considerado por el Poder Ejecutivo y el Congreso al tratar el tema.

El anteproyecto producido por el Ministerio de Justicia contiene trece artículos, de los cuales cinco hacen referencia al delito de daño, uno a la defraudación con uso de medios informáticos, uno a falsificación de documentos electrónicos, uno a ocultación de evidencia electrónica, otro a la interferencia de comunicaciones digitales y tres a la violación de secretos.

La iniciativa cubre algunas pero no todas las conductas que atentan contra bienes o intereses legítimos originados en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) o que usan las TICs como herramientas para dañar intereses que las leyes deberían garantizar. Por ejemplo, no están criminalizadas la invención o suplantación de personalidad (base de buena cantidad de maniobras), ni la saturación de servidores que los torna no funcionales, ni las prácticas abusivas de envío masivo de comunicaciones no solicitadas (spamming), ni la neutralización de recursos de navegación por Internet para "capturar" navegantes, ni la pornografía infantil, sólo para mencionar las mayores ausencias.

El apuro no ha permitido tampoco hacer un óptimo trabajo en la identificación y consiguiente denominación de los recursos de las TICs: hay una constante referencia a los "soportes" físicos (probablemente por influencia de la denegación de materialidad del daño en la sentencia que originó la actividad legislativa) y un paralelo olvido de los soportes lógicos. El proyecto de ley se queda a mitad del camino hacia el mundo digital.

Aunque se mencionan transmisiones, tampoco se resguarda debidamente el interés jurídico de proteger las redes de toda jerarquía, incluyendo intranets e Internet.

Todos estos defectos de conocimiento de los intereses legítimos afectados y de las prácticas frecuentes que los dañan podrían corregirse si el Ministerio de Justicia adoptase el recaudo que dispuso el anterior secretario de Comunicaciones, cuando al dar a conocer un anteproyecto de ley sobre "delitos informáticos" lo hizo accesible por Internet y lo sometió a consulta pública por un razonable plazo. Naturalmente que la comunidad de empresarios y usuarios de las TICs podría efectuar un valioso aporte para optimizar la iniciativa legislativa del Ministerio de Justicia.

La ocasión es igualmente propicia para alinear el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal de nuestro país con los parámetros establecidos por el único instrumento internacional en la materia, firmado por los países miembros del Consejo de Europa a fines del año pasado y sometido actualmente a la adhesión de países invitados, como Estados Unidos y Japón. La Argentina podría aspirar a ser invitada a participar del tratado si el anteproyecto se extendiera a contemplar la totalidad de las figuras incluidas en él, lo que permitiría acceder al régimen de cooperación judicial y policial que el tratado organiza. Tal cooperación es absolutamente indispensable en un ambiente global, donde la ubicación física de los transgresores suele no coincidir con la de las víctimas y la arquitectura de Internet causa que las operaciones tengan lugar y efecto en diferentes localizaciones.

En resumen, actualizar los tipos delictivos del Código Penal argentino para que resulten adecuada y unívocamente designadas las conductas infractoras y los objetos de tutela es una buena iniciativa. Si se aprovecha la ocasión para cumplir con las obligaciones asumidas internacionalmente y se deja abierta una puerta para la integración en el sistema mundial de represión a los delitos informáticos, se habrá completado una labor meritoria.

ADEMÁS

MÁS leídas ahora

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.