Provincias: de la queja al acuerdo

Por Pedro J. Frías Para LA NACION
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11 de diciembre de 2001  

La ruptura de la cadena de pagos y créditos mantuvo este año en insolvencia a todos los niveles de gobierno. Vencía el plazo para los acreedores, los jubilados, los sueldos y las inversiones. El mal menor fue el "déficit cero" para acostumbrarnos a vivir con lo que tenemos. No sin gran resistencia, y alguna vez justificada.

Declaraciones contradictorias sobre el cumplimiento del pacto fiscal con recursos de coparticipación concluyeron en la retención de parte de ellos, que unificó la queja de los gobernadores justicialistas y radicales.

Pero las provincias estuvieron en un plano de exposición pocas veces visto. Los medios de comunicación divulgaron sus presupuestos, sus déficit, el costo de su política y de sus legislaturas, y esto obligó a algunas correcciones para atenuar la crítica y diría la indignación de la sociedad.

Tampoco la ciudad autónoma de Buenos Aires cumplió sus plazos, ya que no creó las alcaldías para una efectiva descentralización administrativa.

Las elecciones del 14 de octubre dieron el triunfo al justicialismo en dieciocho provincias y en cinco al radicalismo o partidos provinciales. El gobierno nacional tiene el Congreso en contra, lo que obligará a políticas de consenso. No se prevé eliminar la convertibilidad ni el déficit cero, que es aprobado por el 69 por ciento de los encuestados.

El Senado nacional fue renovado íntegramente. Pero no bien recibido el juramento de los elegidos, reapareció el alineamiento partidario. Eligieron como presidente provisional, primero en el orden de sucesión, al justicialista Ramón Puerta, de Misiones. Pero, ¿será el Senado verdaderamente una cámara de las autonomías?

Bailando en el Titanic

La expresión es acertada con referencia al acuerdo Nación-provincias, porque de él dependía la superación de la gravísima crisis que afecta a todos los gobiernos del país. Las extenuantes negociaciones obtuvieron el 8 de noviembre sólo la conformidad de nueve provincias gobernadas por la Alianza, más Neuquén.

En la síntesis de Florencia Carbone (LA NACION, 9/11) los principales puntos del acuerdo son:

  • A partir del 1° de enero próximo, las provincias podrán recibir hasta el 13 por ciento menos en los fondos de coparticipación. Como compensación, la Nación se compromete a pagar la diferencia en títulos públicos para las provincias no endeudadas y reconocerla como crédito para el cumplimiento de otros préstamos con organismos internacionales para los distritos con deudas.
  • El Estado se compromete a gestionar ante los bancos una refinanciación de las deudas provinciales para reducir la tasa de interés al 7 por ciento.
  • El impuesto al cheque, que se prorrogará hasta 2031, será afectado como garantía para la conversión de deuda nacional y provincial.
  • Los fondos que los distritos reciben en concepto de coparticipación serán pagados, a partir del mes actual, un 60 por ciento en efectivo y el resto en letras de cancelación de obligaciones provinciales (Lecop).
  • Las deudas por el incumplimiento del piso de las transferencias entre julio y diciembre serán pagadas íntegramente en Lecop.
  • El Gobierno se compromete a colaborar con las provincias que retiren Lecop en noviembre y diciembre para "lograr que los grandes contribuyentes de impuestos nacionales los canjeen por pesos hasta 300 millones". La petrolera Repsol YPF ya anticipó su disposición.
  • Las provincias justicialistas no cedieron y desafiaron al gobierno nacional con su contrapropuesta. Pero finalmente todas firmaron, a veces con un trato bilateral desde la situación particular de cada una. El gobierno nacional podrá exhibir el indispensable acuerdo político para obtener el canje de deuda con apoyo condicionado de bancos, organismos internacionales y los Estados Unidos. Pero los bonos cubren gran parte del país.

    Las restricciones en el uso de efectivo facilitarán la circulación de los bonos. No sin esperanza, a pesar de la incertidumbre.

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