Pulseadas detrás del escenario

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
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25 de abril de 2004  

Ni las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los acreedores externos, los gremios estatales, los dirigentes piqueteros o las empresas energéticas generan tanta preocupación en el Gobierno como la pulseada entre bambalinas que se desarrolla alrededor del futuro régimen de coparticipación federal de impuestos.

El proyecto de reforma que elaboró la Casa Rosada, y que debió haberse firmado el 31 de marzo último para cumplir con lo prometido al FMI, no es ciertamente lo que se esperaba después de 10 años de demora.

Pero el debate político que abrió la propuesta no se centra tanto en sus características técnicas cuanto en la resistencia de la provincia de Buenos Aires a aceptarla.

El sordo conflicto todavía no ocupa el centro de la escena. Sin embargo, sería difícil desvincularlo de las sugestivas críticas que Eduardo Duhalde le dedicó elípticamente al Gobierno, y también de la réplica que luego formuló el presidente Néstor Kirchner, al cuestionar la forma en que devaluó el peso a comienzos de 2002. Sin nombrarlo, cuestionó por primera vez a su antecesor y de paso les atribuyó a sus desaciertos económicos la responsabilidad de la crisis energética.

Esta última polémica podría llegar hasta el infinito, ya que, a su turno, tanto Duhalde como Kirchner subestimaron por razones políticas los efectos de la ruptura de los contratos y el congelamiento de tarifas sobre la ahora deficitaria oferta de gas y electricidad.

Sin embargo, en el caso de la coparticipación, uno y otro están tomando recaudos por anticipado. Son conscientes de que aquí se juega una parte del esquema de poder político para los próximos años. Y por eso el proyecto que elaboró el Gobierno prácticamente dejó de lado decenas de recomendaciones que técnicos de distintas corrientes prepararon en los últimos años para darle más racionalidad y prolijidad a la relación fiscal entre la Nación y las provincias. Cuando hay plata que sobra en lo inmediato --como ocurre ahora con la recaudación impositiva récord-- y elecciones en el horizonte, pocos gobernantes se ocupan del largo plazo.

Desde la Casa Rosada ya se negoció directamente la adhesión de una docena de provincias al futuro régimen, que se asemeja más a un nuevo pacto fiscal que a una reforma de fondo del actual laberinto de la coparticipación. Allí también sostienen que con su negativa a aceptarlo la provincia de Buenos Aires busca presionar al Gobierno para conseguir una suerte de nuevo Fondo del Conurbano, la herramienta que en su momento le permitió a Duhalde armar su poder político en el mayor distrito del país.

En el duhaldismo, en cambio, aseguran que aceptar el proyecto tal como está implicaría resignar recursos fiscales a mediano y largo plazo. "Ni Duhalde ni (Felipe) Solá quieren pasar a la historia cumpliendo el papel que (Alejandro) Armendáriz tuvo en la década del 80", afirma desde el anonimato un dirigente bonaerense, al recordar que el ex gobernador radical cedió porcentajes de coparticipación que la provincia nunca recuperó formalmente. También ya bautizan como "Fondo K" al Fondo de Equidad Social (FES) previsto en el proyecto, haciendo notar que su vigencia plena se extenderá durante dos mandatos presidenciales, para luego ir disminuyendo paulatinamente.

Repartir lo que sobra

Para entender mejor esta disputa conviene repasar los puntos salientes del proyecto. Una de sus claves es que ninguna provincia recibirá en el futuro menos recursos de los que obtendrá en 2004 (año de recaudación récord que se toma como piso), por lo cual lo que se discute son los excedentes. Con un 25% de ellos (y un tope de 2400 millones de pesos anuales) se formará el FES, cuyo destino es financiar obras de infraestructura económica y social en las provincias del NOA y del NEA, así como en "grandes aglomerados urbanos", entre los que se incluirá, obviamente, el bonaerense, además del Gran Córdoba y el Gran Rosario. El resto se repartirá igual que ahora, excepto un magro 10% del monto que supere el cupo anual de 2400 millones de pesos, que se asignará según criterios de eficiencia (en la recaudación o en el gasto), aún no definidos.

Como el FES será administrado por un comité conjunto presidido por el jefe de Gabinete (e integrado por los ministros de Economía y de Planificación, así como por representantes de las provincias beneficiadas), en el duhaldismo temen que esos fondos se repartan discrecionalmente, con un criterio político más que socioeconómico. En el mejor de los casos, dicen, el Fondo se convertiría en un foro de negociación en el cual, con suerte, la provincia de Buenos Aires podría captar apenas una parte del 25% de los recursos que excedan la actual recaudación, proporción que el gobierno de La Plata considera discriminatoria. Haciendo números, calculan que en algunos años la provincia va a tener una participación menor que la actual en el reparto de los fondos totales (si no se modifican los porcentajes de coparticipación), mientras su población más pobre continuará en aumento. Otra incógnita es cómo se manejarán los fondos para objetivos compartidos entre la Nación y la provincia, como los refuerzos que el gobernador Solá reclamó para atacar el problema de la inseguridad.

Por cierto que todavía queda margen para negociar pero, a juzgar por las últimas declaraciones de Kirchner y Duhalde, habrá que ver en qué términos y si ello ocurrirá en el plano de las palabras o de las acciones. Aunque el ex presidente nunca se ha referido públicamente al tema --y probablemente no lo haga en el futuro inmediato--, no es casual que su esposa se apreste a presentar en el Congreso un proyecto para nacionalizar la deuda externa de los municipios, que pondría en aprietos al Presidente, ya que involucraría un monto superior a los 400 millones de dólares. Créase o no, la deuda en dólares que los municipios contrajeron con organismos financieros internacionales (BID o Banco Mundial) nunca fue pesificada, ni siquiera durante la gestión duhaldista, a diferencia de lo que ocurrió con otras obligaciones externas de las provincias. De concretarse, aquella iniciativa podría provocar realineamientos políticos en las dos cámaras del Congreso.

Si bien el nuevo régimen de coparticipación lleva ya 10 años de demora --fue dispuesto por la Constitución de 1994--, la negociación deberá realizarse contra reloj, como suele ocurrir con todas las cosas importantes en la Argentina.

Para ingresar en el Senado, la reforma debería contar con el acuerdo de todos los gobernadores. El Presidente acaba de remarcar que no aceptará cualquier proyecto con tal de cumplir lo acordado con el FMI, donde esta propuesta tampoco cosecha demasiadas simpatías. Pero si la ley no está en el Congreso al finalizar junio, habrá de sumarse otro escollo a la negociación con el organismo, que anticipadamente (vía John Taylor y Anne Krueger) ya comenzó a presionar por una elevación del superávit fiscal para 2005 y 2006. O sea, para que Nación y Provincias resignen parte de sus recursos para destinarlos a los acreedores de la deuda en default. Aquí se abrirá otra pulseada cuyo resultado se torna tan incierto como el futuro de la coparticipación. Cuando los políticos actúan como tales y no como estadistas, es difícil poner las cosas en perspectiva.

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