Por la ciudad. Que no nos tape el agua
Si el diluvio del último miércoles se hubiera extendido por 20 minutos más, probablemente la ciudad de Buenos Aires habría padecido algún tipo de inundación seria.
En el palacio municipal temblaban. Aunque por su escaso tiempo de trabajo en el Poder Ejecutivo no hubiera sido responsable directo de ninguna catástrofe, el secretario de Infraestructura y Planeamiento, Roberto Feletti, domaba su barba en señal de nerviosismo. El jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, recordaba la inundación del 24 de enero de 2001, la más brava en la historia de la ciudad, y sufría con la amenaza de una maldita segunda versión.
Afortunadamente, la lluvia paró a tiempo, de modo que el tema pasó casi inadvertido para los vecinos. Afortunadamente, también, en el gobierno la discusión por las inundaciones no siguió de largo.
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El debate sobre las obras hídricas forma parte de la agenda más sensible que la Ciudad posee por estos días. ¿Qué política debe tomar el Estado? Hay dos posiciones: de prevención y de reparación. Una política de prevención implica invertir millones en infraestructura. Una política de reparación supone derivar menos plata hacia la capacidad de absorción del subsuelo porteño, pero más hacia la reparación de eventuales daños.
La política de prevención parece más simpática, pero involucra millones de pesos para inhibir tormentas que podrían no repetirse. La de reparación podría desembocar en un costo altísimo para Feletti y/o Ibarra: ¿cómo reaccionarían los porteños si diluviara otra vez y la ciudad se inundara porque el gobierno no previó obras de envergadura?
La gestión hídrica de la primera administración de Ibarra resultó, en las intenciones, una política de prevención. El entonces secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, instaló la idea de que, para soportar tormentas tropicales, la Ciudad debía invertir una fortuna en los reservorios, enormes piletones subterráneos que se activan en el pico de un diluvio, cuando los conductos ya se ven desbordados.
Construir los más de 20 reservorios planificados en un principio le habría costado a la Ciudad más de 300 millones de pesos, a los que deberían sumárse los más de 150.000 pesos de mantenimiento mensual. Eso sí: ante una catástrofe climática, Buenos Aires habría podido jactarse de su sistema antiinundaciones, según Fatala.
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El gobierno cuenta con un estudio según el cual se concluye que resulta más costosa -en términos económicos- para las finanzas porteñas la política de prevención que la de reparación. Y a ello se agrega un dato hasta aquí relevante: desde aquella inundación fatal, la ciudad soportó lluvias fuertes -siempre toleradas con éxito por el actual sistema hídrico-, pero nunca tuvo que vérselas con una tormenta indomable como la de enero de 2001. "¿Sirve gastar cientos de millones en obras que tal vez nunca se van a utilizar?", discuten por estos días en la Ciudad. El tema es delicado.
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