Que el respeto a las instituciones trascienda las gestiones

Noelia Ruiz
Noelia Ruiz PARA LA NACION
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18 de diciembre de 2019  • 00:51

La alternancia en los cargos públicos de gobierno es uno de los rasgos distintivos de los sistemas republicanos. Un gobernante puede ser elegido democráticamente durante seis periodos consecutivos, pero sin dudas, esa sucesiva reelección sin alternancia poco tiene de republicana.

El poder tiene que limitarse a sí mismo para evitar esos excesos. En este sentido, un buen ejemplo es la ley 14.836 que, en septiembre de 2016, entró en vigencia en la provincia de Buenos Aires. Esta norma, impulsada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, puso fin a las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores en esa provincia.

Si bien en la actualidad subsisten en nuestro país sistemas de reelección indefinida, en la Nación y en la mayoría de las provincias, cada cuatro años presenciamos el traspaso de mando en los poderes de gobierno. El ejercicio frecuente de este traspaso, a estas alturas de nuestra historia democrática, debería estar aceitado. Sin embargo, en 2015 y en 2019 la cuestión no estuvo exenta de traspiés y polémica.

En lo que a la transición presidencial respecta, este año hemos mejorado sustancialmente en relación a la anterior de 2015, que fue, sin dudas, la más desordenada de nuestra historia constitucional. Aquel año, un fallo de la Justicia federal tuvo que resolver el conflicto y sentó la doctrina en virtud de la cual si bien el mandato de los gobernantes electos comienza a las cero horas del 10 de diciembre, es solo a partir de que presten juramento a la Asamblea Legislativa que tomarán posesión de sus cargos, y hasta tanto ello suceda, quien está a cargo del Poder Ejecutivo es el o la titular de la Presidencia Provisional del Senado de la Nación -en la transición presidencial- o de la Vicepresidencia Primera del Senado provincial -en el caso de la provincia de Buenos Aires.

Este año, la situación anómala se dio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en la que el gobernador Kicillof decidió postergar su jura al 11 de diciembre, en lugar de hacerlo el día 10 como debió haber sido, si cuestiones personales e intereses propios no se hubieran puesto por encima de la institucionalidad. Debido a esta arbitraria decisión y por aplicación de la doctrina sentada en el fallo referido, estuvo a cargo del Poder Ejecutivo la Vicepresidenta Primera del Senado provincial, Teresa García.

A menudo escuchamos a dirigentes políticos criticar la excesiva injerencia de la Justicia en asuntos políticos. Pero lo cierto es que en muchos casos la judicialización de la política es originada por la misma política que no sabe o no puede resolver sus tensiones internamente y genera la situación propicia para que otro poder del estado termine resolviéndolas.

Sin importar de quién provenga este tipo de crítica al Poder Judicial, lo desafortunado de ese razonamiento es la falta de asunción de las propias responsabilidades, una conducta bastante recurrente en nuestra cultura nacional. Es lo que el genio de Tato Bores inmortalizó en memorable monólogo: "¿Quién tiene la culpa? ¡El otro!". La culpa siempre la tiene el otro.

Las y los políticos debemos hacernos cargo de esa falta de capacidad para resolver sus asuntos por los mecanismos propios de la política: diálogo, consenso, disuasión, acuerdo. Tenemos que asumir la realidad y las propias responsabilidades. No podemos eludir ese mandato si queremos mejorar en lo personal, como sociedad y como país. Si esto es predicable para todas las personas, cuánto más para las y los políticos que debemos velar especialmente por nuestras instituciones y estamos llamados a dar el ejemplo, a actuar con prudencia y evitar conflictos innecesarios.

En ese entendimiento es que en mi primer día como diputada provincial, presenté un proyecto de ley para regular el proceso de transición gubernamental en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial y el traspaso de atributos gubernamentales y, así, evitar que los funcionarios tomen decisiones arbitrarias, basadas en meras conveniencias personales, afectando la institucionalidad y la democracia.

Brasil, Canadá y Puerto Rico tienen legislación regulando estos procesos. En nuestro país, la provincia de Neuquén sancionó una ley en esta materia en 2010 y lo propio hizo la Municipalidad de Córdoba, sancionando una ordenanza en 2016.

Es que el vacío normativo que existe con respecto a este tema hace que este proceso de gran trascendencia institucional termine dependiendo de la voluntad de los funcionarios. En algunos casos, esa voluntad atenta contra la previsibilidad de nuestro sistema democrático, inclusive poniendo en vilo a la sociedad con innecesarias tensiones y hasta con horas de virtual acefalía en los más altos cargos ejecutivos a nivel nacional y provincial.

Espero entonces que desde la política logremos alcanzar los acuerdos necesarios para garantizar el respeto a las instituciones, dando previsibilidad al sistema y tranquilidad a la sociedad que no merece sobresaltos de ningún tipo con cada cambio de gobierno. Para que el respeto a las instituciones trascienda las gestiones.

La autora es diputada provincial de Juntos por el Cambio (Buenos Aires)

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