Radio y TV con fines partidarios

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27 de mayo de 2003  

Según una tradición muy poco recomendable, los gobiernos que están en el tramo final de su gestión suelen aprobar medidas o normas que difícilmente pasarían la prueba de un severo y ordenado debate. Parecería que muchos aprovechan el apuro o la confusión que generan los relevos gubernamentales para introducir reformas que en condiciones normales encontrarían fuerte y lógica resistencia.

Es lo que acaba de ocurrir con el desafortunado decreto de necesidad y urgencia por el cual se autoriza a los gobiernos provinciales y a los municipios a ser licenciatarios de canales de televisión y de emisoras de radio, con habilitación para vender y emitir publicidad.

Ciertamente, esta lamentable y sorpresiva alteración de lo que preceptúa la ley de radiodifusión modifica las reglas de juego en un tema que de ninguna manera demanda soluciones inmediatas o urgentes. Por lo contrario, atañe a una problemática que la sociedad necesita analizar y debatir con detenimiento. La premura, pues, no resultaba en modo alguno justificada y ésta es ya una circunstancia que enturbia el asunto, al exponerlo como algo que tuvo un tratamiento subrepticio y que por esa razón despierta sospechas.

Pero es necesario ir al fondo del problema y señalar el grave riesgo que entraña esta reforma, que abre las puertas para que el Estado -en el nivel provincial y en el plano municipal- vuelva a convertirse en empresario de medios de comunicación social, un rol que en el pasado desempeñó abusivamente y con grave perjuicio para la libre circulación de las informaciones y de las ideas.

El surgimiento de nuevas emisoras estatales de carácter comercial sólo puede servir para que los gobiernos de las diferentes jurisdicciones del país manipulen en beneficio propio el desenvolvimiento de los procesos informativos, sociales y culturales, con detrimento de las libertades de información y de expresión, con el consiguiente daño para las emisoras privadas, obligadas a competir en condiciones desiguales con los personeros del poder político, tanto en la conformación de sus respectivas audiencias como en el mercado de la publicidad.

Los argumentos esgrimidos por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) para justificar este penoso retroceso a un estatismo trasnochado resultan inconsistentes. El organismo alega que funciona ya en el país, de manera ilegal, un buen número de canales de TV provinciales, por lo cual sería aconsejable "blanquear" su existencia. Dicho de otro modo, lo que el Comfer propone es convalidar los ilícitos cometidos al abrigo de su propia negligencia o impericia institucional.

Igualmente se pretende apelar al remanido tema del aislamiento en que se hallan determinadas poblaciones y la consiguiente necesidad de brindarles servicios, propósito que en rigor nunca se cumple, pues la experiencia enseña que las nuevas emisoras estatales se establecen siempre en los centros en los que la audiencia es mayor.

El tema de fondo se relaciona con los principios que informan a nuestro sistema de gobierno, evidentemente desconocidos por quienes redactaron este infortunado decreto. La ley de radiodifusión vigente no deja margen para ninguna duda: el cometido del Estado en la materia de la comunicación social sólo puede ser aceptado como recurso subsidiario. Las provincias y los municipios pueden prestar servicios de radiodifusión o televisión sólo en zonas no atendidas por la actividad privada y previo el trazado de planes técnicos al respecto, inexistentes en esta ocasión.

En cuanto al espíritu del conjunto de disposiciones vigentes acerca de este tema -y a la luz de la extensa y fecunda experiencia que los argentinos hemos recogido en el ámbito de la radiodifusión y la televisión-, resulta indudable que la intervención estatal en esas actividades debe ceñirse estrictamente a objetivos culturales, educativos o solidarios, que están de por sí exentos de finalidades lucrativas y por eso no convocan a la iniciativa privada.

La función del Estado es, según esos parámetros, compleja pero sencilla de definir: no sólo debe controlar sino también complementar y aun sustituir, pero nunca competir. La imprudencia del decreto dictado se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que se pretende embarcar a los órganos oficiales en actividades extrañas a su natural cometido en momentos especialmente críticos para las finanzas públicas y cuando es tanto lo que le queda por hacer al Estado en aquellas áreas que son de su incumbencia específica.

El arbitrario decreto emitido en las postrimerías de la presidencia de Eduardo Duhalde debería ser, consecuentemente, revisado por el nuevo gobierno nacional, en tanto no parece justificarse más que como una devolución de favores políticos a determinados gobernadores y jefes comunales que, gracias a este retroceso al estatismo, verían la posibilidad de hacer política partidaria desde los medios de comunicación por crearse.

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